El crédito al consumo en España vive una etapa de expansión y transformación. La inflación acumulada desde 2022 ha tensionado el presupuesto de muchos hogares y ha empujado a más familias a financiar compras cotidianas mediante préstamos, tarjetas y soluciones integradas en las propias plataformas de pago. En 2024 se concedieron algo más de 54.100 millones de euros en créditos al consumo y la demanda creció más de un 30 %, según datos del sector.
El Banco de España constata que el crédito al consumo es uno de los segmentos más dinámicos, con un aumento del volumen en torno al 2,9 % en 2023 y una rentabilidad media cercana al 9 %, muy superior a la de otras carteras, aunque con un porcentaje más alto de préstamos dudosos. En paralelo, la Encuesta de Préstamos Bancarios refleja que la demanda de financiación de los hogares para consumo sigue al alza trimestre tras trimestre, mientras que los criterios de concesión permanecen relativamente estables.
Sobre este terreno crecen nuevas fórmulas de préstamo, impulsadas por la digitalización de los pagos. El “compra ahora, paga después” se ha consolidado como herramienta habitual en el comercio electrónico europeo y español, tanto en grandes plataformas como en tiendas especializadas. El crédito deja de presentarse como un producto separado del acto de compra y se integra en un clic, con cuotas cortas e importes reducidos.
El mismo patrón se observa en otros canales. Entre las opciones que ganan visibilidad figuran los prestamos paypal, que permiten fraccionar pagos desde la propia cuenta vinculada a esta pasarela, sin visitar físicamente una sucursal ni enfrentarse al recorrido tradicional de un préstamo personal.
Junto al crédito ofrecido por entidades reguladas, el mercado ha visto proliferar microcréditos y préstamos exprés con tipos de interés muy elevados. Algunas sentencias recientes han declarado usurarios estos contratos y han obligado a devolver intereses y comisiones cobrados en exceso. La nueva normativa que el Gobierno prepara para transponer la Directiva europea de crédito al consumo planea fijar límites concretos a los precios de estos productos, extender la protección a importes pequeños y someter a supervisión a todos los proveedores, incluidas plataformas digitales que hasta ahora operaban con poco control.
En los buscadores se detecta interés por expresiones como prestamistas gitanos, que mezclan estereotipos discriminatorios con ofertas de crédito informal, sin contrato claro ni transparencia en los intereses. Detrás de estas búsquedas hay personas que han agotado otras vías o tienen expedientes de morosidad, y que se exponen a condiciones abusivas y a una ausencia total de garantías jurídicas. Los expertos en consumo insisten en que recurrir a prestamistas no registrados agrava los problemas financieros y dificulta cualquier mecanismo posterior de reclamación.
El perfil del prestatario también está cambiando. Estudios sobre medios de pago y canales bancarios muestran que la digitalización avanza de manera desigual según ingresos, edad y nivel educativo. Una parte de la población usa el móvil para financiar compras en tiempo real y gestiona varias aplicaciones financieras; otra mantiene una relación limitada con la banca digital y puede quedar fuera de las mejores condiciones de mercado o caer en productos mal entendidos. En ambos extremos aparece una constante: el desconocimiento de conceptos básicos como TAE, comisiones por impago o impacto de las cuotas en el presupuesto mensual.
Las nuevas fórmulas de préstamo aportan comodidad y acceso rápido, pero no resuelven por sí mismas el problema de fondo de muchas familias, que es la falta de margen ante subidas de precios y gastos imprevistos. La subida del crédito al consumo a niveles inéditos desde la crisis financiera, con repuntes cercanos al 14 % al inicio de 2025, se produce en un contexto en el que la tasa de paro sigue siendo de las más altas de la UE. Esa combinación obliga a mirar más allá del simple volumen de operaciones aprobadas y a preguntarse por la sostenibilidad de la deuda en el tiempo.
La respuesta regulatoria intenta adaptarse a este escenario. La Directiva (UE) 2023/2255 amplía el alcance del crédito al consumo, incluye explícitamente los modelos BNPL, refuerza la obligación de evaluar la solvencia y exige que todos los prestamistas estén registrados y supervisados. En España, la transposición se orienta a establecer techos de interés, mejorar la información precontractual y cubrir contratos que hasta ahora quedaban fuera, como los créditos inferiores a 200 euros o ciertos pagos aplazados en comercio.
Para los consumidores, el reto pasa por combinar acceso a nuevas herramientas de financiación con una lectura crítica de sus condiciones. Comparar alternativas, revisar la TAE y las comisiones, evitar la acumulación de cuotas en distintos canales y desconfiar de ofertas sin información clara se convierte en rutina necesaria. Las entidades, por su parte, tendrán que ajustar sus modelos para mantener la rentabilidad del negocio sin basarse en tipos desproporcionados ni en la opacidad contractual. La evolución de las fórmulas de préstamo en España dependerá de esa tensión continua entre innovación comercial, regulación y capacidad real de los hogares para soportar la deuda que asumen.