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La crisis de la vivienda en las elecciones del 29-N: qué proponen PP, Vox, PSOE y Frente Amplio

La derecha apuesta por construir más y bajar impuestos mientras que la izquierda plantea más intervención pública y regulación del mercado

Ana Carrasco González

Ada Colau, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal / Montaje CONSUMIDOR GLOBAL

PP, Vox, PSOE y Frente Amplio han hecho de la crisis de la vivienda uno de los ejes de las elecciones del 29 de noviembre. Sus propuestas transitan por dos vías: la del PP y Vox, que apuestan por más construcción y menos impuestos, y la del PSOE y Frente Amplio, que defienden ampliar la intervención pública y regular el mercado.

Dentro de cada bloque también hay diferencias. En la izquierda, los socialistas priorizan la inversión y la construcción pública, mientras que la coalición de Ada Colau propone medidas más agresivas de presión fiscal y expropiación sobre la gran propiedad. En la derecha, el PP pone el foco en la construcción, los avales y las rebajas fiscales, y Vox añade la condición de la nacionalidad para acceder a la vivienda protegida y a las ayudas. Estas son las diferentes propuestas de los principales candidatos a la presidencia. 

PP: construir un millón de viviendas en cuatro años

El partido de Alberto Núñez Feijóo propone construir un millón de viviendas en cuatro años mediante una nueva ley del suelo, la movilización de suelo público y privado y la agilización de los trámites urbanísticos. Plantea resolver las licencias de obra nueva y rehabilitación en un máximo de tres meses, con silencio administrativo positivo.

Para facilitar la compra, prevé avales públicos que cubran entre el 95 y el 100% de la financiación de la primera vivienda. También propone reducir el IVA y el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) al 4% para los jóvenes que compren su primera residencia. Además, quiere derogar la ley de vivienda, eliminar las zonas tensionadas y el índice de referencia de precios del alquiler, y recuperar las viviendas ocupadas en 48 horas.

Una vivienda en proceso de construcción / José Manuel Vidal - EFE

Vox: IVA 0% y “prioridad nacional”

Vox también apuesta por reformar la ley del suelo, liberalizar suelo y aumentar la inversión en vivienda protegida. Su propuesta más destacada es eliminar la fiscalidad de la compra de la primera vivienda habitual: IVA del 0% para la obra nueva y bonificación del 100% del ITP para la de segunda mano.

La formación de Santiago Abascal plantea derogar la ley de vivienda estatal y liberalizar el mercado del alquiler. Defiende además la reserva prioritaria para españoles de las viviendas protegidas y sociales y de las ayudas al alquiler, bajo el principio de “prioridad nacional”. Propone también desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en menos de 24 horas.

PSOE: 1% del PIB y 100.000 viviendas públicas

El PSOE se compromete a movilizar cada año el 1% del PIB para garantizar el acceso a la vivienda, con recursos de las administraciones públicas y del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Su programa prevé crear un parque estatal de 100.000 viviendas a través de Casa 47, destinadas a venta o alquiler asequible. También quiere proteger de forma permanente las viviendas financiadas con dinero público y crear un impuesto contra la especulación inmobiliaria.

En alquiler, los socialistas de Pedro Sánchez plantean ampliar la duración de los contratos, reforzar la estabilidad del inquilino y congelar temporalmente las rentas que superen los índices de referencia en mercados tensionados. Mantienen las prórrogas extraordinarias y la suspensión de desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030, y garantizan préstamos públicos sin intereses de hasta 50.000 euros para comprar la primera vivienda mediante el programa Tu Casa.

Frente Amplio: impuesto del 10% y expropiaciones

La coalición liderada por Ada Colau propone un impuesto del 10% sobre el valor de las viviendas acumuladas. Afectaría a las empresas desde su primer inmueble y a las personas físicas a partir del cuarto, cuando el valor conjunto supere los 800.000 euros, con excepciones para el alquiler asequible.

Plantea además una ley para expropiar progresivamente viviendas a grandes propietarios corporativos, empezando por quienes poseen más de 1.000 inmuebles, con el objetivo de crear un parque público de 1,5 millones de pisos. En alquiler, propone limitar las rentas en zonas tensionadas al 25% de la renta neta media del barrio o al índice oficial de referencia, si este es inferior.

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