Alquiler Seguro ha abierto un nuevo frente judicial contra el Ministerio de Consumo tras la multa de 3,6 millones de euros impuesta por prácticas consideradas “abusivas” contra los inquilinos. La compañía no solo recurrirá la sanción ante la Justicia, sino que solicitará medidas cautelares para intentar frenarla, en un movimiento que eleva el conflicto a una batalla legal de alto voltaje.
Desde la empresa aseguran que la sanción responde a motivaciones “ideológicas” y la califican directamente de “atropello jurídico”, denunciando supuestas irregularidades en el procedimiento. En una rueda de prensa, sus portavoces insistieron en que todos sus servicios son legales y defendieron que se han vulnerado sus derechos fundamentales.
Contraataque judicial y discurso de victimización
El presidente de la compañía, Antonio Carroza, cargó con dureza contra el Ministerio, al que acusa de basarse en “grandes mentiras” y de actuar por motivos políticos. La empresa exige una rectificación pública al ministro Pablo Bustinduy y anticipa que llevará el caso hasta el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, “y a todas las instancias necesarias”.
Por su parte, el responsable jurídico, Carlos Sánchez, aseguró que la empresa no modificará su modelo de negocio pese a la sanción y que confían en una resolución favorable. Como argumento, señalan que existen precedentes judiciales —cuatro sentencias de 2025— que, según la compañía, les habrían dado la razón en casos similares, aunque se trataba de reclamaciones individuales de pequeña cuantía.
En paralelo, Alquiler Seguro también ha salido al paso de posibles movilizaciones de inquilinos, advirtiendo de que una eventual huelga de pagos sería ilegal y afirmando estar preparada para afrontarla “indefinidamente”.
El núcleo del conflicto: cláusulas y cargos a inquilinos
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ratificó la sanción tras concluir que la empresa habría vulnerado derechos básicos de los consumidores aprovechando su posición en el mercado. La resolución señala una infracción grave y seis muy graves.
Entre las prácticas sancionadas destacan la imposición de servicios de gestión al inquilino, la obligación de contratar seguros en beneficio del propietario, el cobro de cargos incluso sin responsabilidad directa del arrendatario y la inclusión de cláusulas que permitirían su incorporación a ficheros de morosos en condiciones cuestionables.
Además, Consumo considera especialmente relevante la limitación del derecho de desistimiento en algunos servicios, un punto clave en la protección del consumidor.
Una defensa que no despeja las dudas
Frente a estas acusaciones, la empresa sostiene que su Servicio de Atención al Inquilino es opcional y que miles de clientes no lo han contratado. También asegura que no obliga a contratar seguros y que sus prácticas se ajustan a la legalidad vigente.
Sin embargo, la contundencia de la sanción —tanto económica como en las medidas accesorias que obligan a modificar contratos y eliminar cláusulas— deja en evidencia el choque frontal entre la versión de la compañía y la interpretación del Ministerio.
La batalla, por ahora, no ha hecho más que empezar. Y todo apunta a que será en los tribunales donde se decida quién tiene realmente la razón.