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Una multinacional contra una ONG animalista: la demanda de Lidl llegará a juicio en diciembre

La organización animalista denuncia el desgaste económico y humano que supone defenderse de la demanda de la multinacional alemana y alerta del efecto disuasorio que este tipo de procedimientos puede tener sobre el derecho a informar

Arturo Esteve

Una macrogranja de pollos y una pechuga de pollo de Lidl / CG

La batalla judicial entre Lidl y el Observatorio de Bienestar Animal (OBA) ya tiene fecha. Los próximos 16 y 17 de diciembre, la cadena alemana de supermercados y la organización animalista se enfrentarán en los tribunales a raíz de la demanda presentada por la multinacional en 2025, después de que OBA difundiera varias investigaciones sobre las condiciones de cría de los pollos comercializados por Lidl y determinadas características de su carne.

El juicio se celebrará en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia nº 5 de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), según ha confirmado este jueves la organización en un comunicado. Lidl reclama daños económicos y reputacionales derivados de las campañas informativas publicadas por la entidad durante 2024, mientras que OBA sostiene que sus investigaciones están respaldadas por datos y estudios científicos.

Una demanda que va más allá del pollo

El enfrentamiento, sin embargo, va más allá de las denuncias sobre la carne de pollo. La demanda de una de las principales cadenas de supermercados de Europa contra una organización sin ánimo de lucro reabre el debate sobre la capacidad de las grandes empresas para condicionar, mediante procedimientos judiciales, la labor de las entidades que fiscalizan sus prácticas.

El origen del conflicto se remonta a 2024, cuando el Observatorio de Bienestar Animal puso en marcha varias campañas para denunciar las condiciones de producción de los pollos vendidos en Lidl.

Los pollos de una macrogranja en Reino Unido que provee a Lidl sufren maltrato animal Foto cedid

Las investigaciones que originaron el conflicto

Entre sus investigaciones figuraba un estudio sobre la presencia de bacterias resistentes a los antibióticos en muestras de carne de pollo comercializadas en distintos países europeos. La organización también alertó de la presencia de alteraciones musculares conocidas como white striping, caracterizadas por la aparición de estrías blancas en la carne y asociadas al crecimiento rápido de las aves.

Estas investigaciones cuestionaban tanto las condiciones de bienestar animal en los sistemas intensivos de producción como determinadas cuestiones relacionadas con la composición nutricional de la carne y la salud pública. No obstante, la detección de bacterias en pollo crudo no implica por sí sola que el producto sea inseguro para el consumo.

Lidl rechazó las acusaciones

Lidl rechazó las acusaciones y, en marzo de 2025, anunció acciones legales contra la organización, a la que acusó de difundir información falsa o tergiversada que perjudicaba su imagen. La compañía defendió entonces sus controles de calidad y seguridad alimentaria y justificó la demanda en la necesidad de proteger su reputación.

Ahora, más de un año después de la presentación de la demanda, el conflicto llegará finalmente a los tribunales.

El coste de enfrentarse a una multinacional

Uno de los aspectos más controvertidos del procedimiento es la evidente desigualdad de recursos entre las dos partes. Frente a la capacidad económica y jurídica de una multinacional como Lidl, el Observatorio de Bienestar Animal advierte de que afrontar un juicio de estas características obliga a destinar tiempo, dinero y esfuerzos que podrían emplearse en continuar sus investigaciones.

En un mensaje difundido este jueves, la entidad ha lamentado precisamente las consecuencias que el litigio está teniendo para su actividad. "Y ahora, defendernos, exige tiempo, dinero y energía. Recursos que podríamos dedicar a investigar, documentar y trabajar por los animales", señala la organización.

"Eso nos preocupa. Porque mientras atendemos este procedimiento, las preguntas que nos llevaron a investigar siguen ahí. Y los animales también", añade.

El Observatorio se niega a guardar silencio

La entidad insiste en que no pretende abandonar su actividad como consecuencia del litigio. "No queremos dejar de hacer nuestro trabajo. No queremos bajar la voz. Y, desde luego, no queremos cerrar el pico", concluye.

En esta misma línea se ha pronunciado el director general de OBA, José Luis Murillo, quien considera preocupante que los costes de un procedimiento judicial puedan disuadir a otras organizaciones de investigar y denunciar determinadas prácticas empresariales.

El temor a dejar de informar

"No debería ocurrir que una organización se plantee dejar de informar por miedo al coste de defenderse ante los tribunales", ha señalado Murillo.

"Nuestras publicaciones se apoyan en datos y estudios científicos y defenderemos nuestro trabajo ante el juez. Pero este caso va más allá de OBA: nos preocupa el efecto que procedimientos como este pueden tener sobre otras organizaciones que trabajan para informar a la ciudadanía", ha añadido.

El debate sobre las demandas intimidatorias

El procedimiento también ha puesto el foco sobre las denominadas demandas estratégicas contra la participación pública, conocidas como SLAPP por sus siglas en inglés. Este término hace referencia a acciones judiciales que pueden utilizarse para intimidar, desgastar económicamente o desalentar a periodistas, activistas y organizaciones que participan en debates de interés público.

Aunque no está acreditado que la demanda de Lidl constituya una SLAPP, el Observatorio advierte de que procedimientos de estas características pueden tener un efecto disuasorio incluso antes de que se dicte sentencia.

Más de 1.300 demandas en Europa

La preocupación no es exclusiva de esta organización. Según los datos del informe CASE 2025, recogidos por OBA, entre 2010 y 2024 se documentaron 1.303 demandas contra la participación pública en Europa, de las cuales 167 se iniciaron durante el último año analizado.

Para combatir estas prácticas, la Unión Europea aprobó la Directiva 2024/1069, que establece mecanismos de protección frente a procedimientos judiciales manifiestamente infundados o abusivos dirigidos contra la participación pública en asuntos con repercusión transfronteriza.

España, pendiente de la normativa europea

El plazo para incorporar la normativa a las legislaciones nacionales finalizó el pasado 7 de mayo. Sin embargo, según denuncia OBA, España todavía no ha completado su transposición, pese a que la Comisión Europea ya emplazó al Gobierno español por el retraso.

En este contexto, la organización reivindica la protección constitucional del derecho a comunicar información veraz y de la libertad de expresión, reconocidos en el artículo 20 de la Constitución española.

La defensa reivindica la libertad de información

"La libertad de información es un derecho fundamental y su ejercicio veraz está protegido por la Constitución. Defenderemos ante el juez que OBA actuó dentro de ese marco", ha asegurado María Victoria Hormigos, abogada de la organización.

Hormigos ha evitado adelantar detalles sobre la estrategia jurídica o las pruebas que se presentarán durante el procedimiento. "Por respeto al procedimiento, no nos pronunciaremos sobre las pruebas hasta que se celebre el juicio", ha explicado.

Un juicio que trasciende a las dos partes

La celebración del juicio los días 16 y 17 de diciembre marcará un nuevo capítulo en un conflicto que enfrenta dos intereses legítimos, pero con una capacidad de defensa muy diferente: el derecho de una empresa a proteger su reputación y el de las organizaciones sociales a investigar, cuestionar e informar sobre prácticas empresariales de interés público.

La cuestión no es menor en un sector como el alimentario, donde las investigaciones independientes y las denuncias de las organizaciones civiles pueden contribuir a detectar problemas, exigir explicaciones a las compañías y favorecer una mayor transparencia ante los consumidores.

El riesgo de silenciar la crítica

El riesgo es que el coste de enfrentarse judicialmente a una gran empresa termine convirtiéndose, por sí mismo, en un obstáculo para ejercer esa labor de vigilancia. Una consecuencia que puede producirse con independencia de cuál sea finalmente la resolución judicial.

Por el momento, OBA mantiene su posición y asegura que defenderá ante el tribunal el rigor científico de sus publicaciones. Lidl, por su parte, tendrá la oportunidad de acreditar los perjuicios que atribuye a las campañas de la entidad.

A la espera de una sentencia

La sentencia todavía no tiene fecha y será el tribunal quien determine si las publicaciones de la organización vulneraron los derechos de la compañía.

Mientras tanto, el Observatorio insiste en que su prioridad sigue siendo investigar y denunciar las condiciones de vida de los animales destinados al consumo. Y advierte de que no está dispuesto a que la batalla judicial con Lidl le obligue a guardar silencio.

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