La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha aprobado mantener bajo confidencialidad el precio real que el Estado paga a las farmacéuticas por los medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS).
La medida, respaldada por PP, PSOE y Sumar, se ha incorporado mediante una enmienda transaccional en la tramitación de la Proposición de Ley sobre el programa de cribado neonatal.
Modificación de la ley
La reforma modifica el artículo 97 de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios para establecer que los acuerdos de financiación alcanzados entre la Administración y los laboratorios, así como la información derivada de su aplicación, tendrán carácter confidencial.
La nueva redacción incluye también los precios de adjudicación de los contratos de suministro de medicamentos que celebren las administraciones públicas, lo que impediría conocer el coste real que finalmente asume el Estado tras los descuentos negociados con las compañías farmacéuticas.
La norma podría llegar al BOE en pocas semanas
Tras recibir el visto bueno de la comisión del Congreso, la iniciativa podría obtener en aproximadamente 20 días la ratificación definitiva en el Senado antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La aprobación llega en un momento clave, ya que el Tribunal Supremo tiene pendiente decidir si los precios reales de los medicamentos financiados con fondos públicos deben ser accesibles a la ciudadanía.
El origen del conflicto: el precio de Luxturna
La disputa judicial comenzó en abril de 2021, cuando la organización Civio solicitó al Ministerio de Sanidad la resolución que fijaba el precio y las condiciones de financiación de Luxturna, un tratamiento de la farmacéutica Novartis indicado para la distrofia retiniana hereditaria.
La organización reclamaba conocer el coste real del medicamento, al considerar que el precio publicado en las actas de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos (CIPM) no reflejaba los descuentos posteriores aplicados en la negociación.
El Ministerio de Sanidad, entonces dirigido por Carolina Darias, no respondió dentro del plazo establecido, lo que llevó a Civio a presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El organismo estimó la petición y ordenó al departamento ministerial dar audiencia a Novartis y resolver la solicitud de acceso a la información.
Sanidad y Novartis defendieron la confidencialidad
Tanto la farmacéutica como el Ministerio se opusieron a revelar los datos alegando que la legislación protege la información aportada por los laboratorios durante los procesos de negociación de precios y financiación. Además, argumentaron que la Ley de Transparencia establece límites al acceso a información pública cuando puede afectar a secretos comerciales o intereses económicos.
En 2022, Sanidad y Novartis recurrieron la decisión ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid. Sin embargo, un año después la justicia dio la razón a Civio y al Consejo de Transparencia. La resolución consideró que no se había acreditado un daño cierto para los intereses económicos o comerciales de la compañía y destacó la relevancia del interés público al tratarse de medicamentos financiados con recursos públicos.
¿Qué pasará ahora?
El caso se encuentra admitido a trámite en el Tribunal Supremo, cuya sentencia podría demorarse hasta dos años. Si el Alto Tribunal falla a favor de la transparencia, sentará una jurisprudencia que obligaría a revelar cuánto paga realmente España por los medicamentos.
Sin embargo, con la nueva enmienda aprobada por PP, PSOE y Sumar, el Congreso parece haberse adelantado a la justicia, blindando por ley un secreto que mueve miles de millones de euros de dinero público cada año.