Miles de consumidores podrían estar pagando más por el seguro de su coche, hogar o vivienda sin haber recibido el aviso previo que exige la legislación. Es la advertencia que lanza Facua, que denuncia que numerosas aseguradoras continúan incrementando las primas de sus pólizas sin comunicarlo con al menos dos meses de antelación.
La organización también critica la falta de actuación de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), a la que presentó una denuncia en abril de 2025 y de la que, asegura, sigue sin recibir respuesta más de un año después.
La ley obliga a avisar con dos meses de antelación
Facua recuerda que el artículo 22 de la Ley 50/1980, de Contrato de Seguro, establece que las aseguradoras deben comunicar al tomador del seguro cualquier modificación del contrato al menos dos meses antes de que finalice el periodo en curso.
La asociación sostiene que, pese a esta obligación legal, numerosas compañías cargan directamente el recibo con el precio incrementado sin haber informado previamente al cliente. Además, denuncia que muchas pólizas tampoco incluyen criterios suficientemente transparentes que permitan conocer cómo se actualizará la prima.
Una práctica "generalizada" en el sector
Según explica la organización de consumidores, cada año recibe decenas de reclamaciones de usuarios que descubren el incremento del precio cuando el recibo ya ha sido cargado en su cuenta bancaria.
Entre 2023 y 2024, Facua abrió 137 expedientes para reclamar la devolución de cantidades que considera cobradas de forma ilícita. Las compañías que concentraron un mayor número de reclamaciones fueron:
- AXA, con el 23% de los expedientes.
- Mapfre, con el 9%.
- Caser, también con el 9%.
- Línea Directa, con el 7%.
La asociación considera que esta práctica resulta rentable para las aseguradoras porque únicamente una parte de los afectados decide reclamar.
Sin respuesta de la Dirección General de Seguros
En abril de 2025, Facua trasladó la situación a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, organismo dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.
En su escrito solicitó que se investigase el alcance de esta práctica y que, si se confirmaban los hechos, se abrieran expedientes sancionadores contra las aseguradoras que estuvieran incumpliendo la normativa. Sin embargo, la organización afirma que, más de un año después, únicamente ha recibido el acuse de recibo de su denuncia y desconoce si la administración ha iniciado alguna investigación o ha adoptado medidas frente a las compañías denunciadas.
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