El Gobierno aprobará un paquete de medidas para paliar los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio que contempla una rebaja del IVA de los carburantes de automoción, la electricidad y el gas natural. El tipo pasará del 21% actual al reducido del 10%.
El Ejecutivo prevé completar este plan con nuevas rebajas fiscales en la electricidad, mejoras en el bono social eléctrico y medidas para garantizar el suministro energético en un contexto de elevada incertidumbre.
Un paquete anticrisis
La rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10% supone un cambio de enfoque respecto a medidas anteriores. En 2022, el Gobierno optó por una bonificación universal de 20 céntimos por litro para hacer frente a los efectos de la guerra en Ucrania.
En esta ocasión, patronales y gasolineros habían reclamado una reducción de la fiscalidad como alternativa, tras los problemas derivados de aquella bonificación. El nuevo paquete incluirá además la eliminación del impuesto especial a los hidrocarburos, la supresión del impuesto eléctrico -actualmente en el 5%- y una rebaja del impuesto a la producción eléctrica, según publica la cadena SER.
Un plan que abarca cuatro dimensiones
El Ejecutivo defiende que el plan será "proporcional, perimetrado y focalizado" para limitar el impacto del encarecimiento de los combustibles y la electricidad sobre la economía.
Tras reunirse con agentes sociales, sectores afectados y grupos políticos, el Gobierno plantea una estrategia en cuatro ejes: medidas estructurales, paquete fiscal, apoyo a los sectores más afectados y un refuerzo del escudo social para los colectivos más vulnerables.
Apuesta por renovables y alivio energético
La primera de las líneas de actuación se centra en medidas estructurales, con el objetivo de reforzar la transición energética. Para ello, se impulsarán iniciativas como las comunidades energéticas, el autoconsumo o el uso de bombas de calor, junto con la electrificación.
El segundo bloque se orienta a reducir el coste energético mediante medidas fiscales. A ello se suma un tercer eje dirigido a contener el impacto del encarecimiento de los carburantes en sectores como el campo, la pesca, el transporte y las industrias electrointensivas y gasintensivas, mientras que el cuarto se enfoca en el escudo social, incluyendo la prohibición de cortes de suministro a los más vulnerables.
Sin cambios en desahucios ni alquileres
El decreto no incluirá finalmente medidas como la prohibición de desahucios para personas vulnerables ni la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año y el próximo.
Tanto la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya han deslizado que ambos asuntos no cuentan con suficiente apoyo en la Cámara.
Se votará el próximo jueves en el Congreso
El Congreso debatirá y votará el próximo jueves 26 de marzo el decreto ley que recoge este paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas del conflicto en Irán.
Aunque la entrada en vigor de los decretos ley es inmediata, estos deben ser convalidados por la Cámara en un plazo de treinta días. En este caso, la Junta de Portavoces ha decidido agilizar su tramitación para que pueda incluirse en el Pleno de la próxima semana sin demoras. Desde el Gobierno subrayan que el plan contará con la flexibilidad necesaria para adaptarse a la evolución de la situación y adoptar nuevas medidas si fuera necesario.