La crisis de vivienda se agudiza en España: los precios desbocados quiebran proyectos de vida, expulsan a los vecinos de sus barrios de toda la vida y abocan a miles de familias a la precariedad. Este miércoles, la comisión judicial encargada del lanzamiento de Maricarmen, una anciana de 87 años, ha ejecutado el desahucio del domicilio en el que había vivido los últimos 70 años en la calle alcalde Sáinz de Baranda de Madrid.
La mujer ha salido de la vivienda en camilla hacia una ambulancia del Samur. A pesar de la presión de los colectivos sociales, la propiedad, la socimi Urbagestión, no ha aceptado las propuestas existentes para llegar a una solución o aplazar la salida de la mujer del inmueble.
Imágenes que “no son dignas del Gobierno”
Las reacciones políticas han sido diversas, si bien las administraciones se han culpado entre sí. Por ejemplo, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que las imágenes del desahucio “no son dignas del Gobierno que queremos representar".
Por su parte, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha criticado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusándole de poner "alfombra roja" a los fondos buitre.
Críticas al Ministerio de Vivienda
El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha reclamado la dimisión de la ministra de Vivienda si no es capaz de expropiar el piso de Madrid en que el residía la anciana. El diputado ha asegurado que con Maricarmen ha "fracasado el Estado de Derecho" y la política, pues la sociedad civil ha intentado resolver lo que no ha sido capaz ni el Gobierno autonómico ni la ministra de vivienda.
Ibáñez ha recalcado que la competencia de vivienda es eminentemente autonómica y municipal, pero pese a ello el Gobierno tiene margen de acción y el Ministerio de Rodríguez podría, por ejemplo, prohibir que fondos de inversión compren vivienda como ha reclamado Sumar, mediante una proposición de ley específica que el PSOE no apoyó.
Cuánto pagaba Maricarmen
En 2018, el edificio en el que vivía la afectada fue comprado por Renta Corporación. Maricarmen, que tiene reconocida una discapacidad del 50%, pagaba alrededor de 500 euros mensuales con una mensualidad actualizada cada año conforme al IPC y otros gastos, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
Según ha explicado Beatriz Duro, abogada de Maricarmen, el fondo de inversión Urbagestión Desarrollo e Inversión (Urbagesa) se ha negado a llegar a cualquier arreglo que impidiera o retrasara el desahucio, incluida la renegociación del contrato o el pago íntegro del precio del alquiler, que ascendía a 2.650 euros.
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