La plataforma de alquiler turístico Airbnb se enfrenta a una de las sanciones más contundentes impuestas hasta la fecha en España. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha avalado la multa de 64 millones de euros impuesta por el Gobierno en diciembre tras constatar que la compañía anunció más de 65.000 viviendas sin licencia turística o con registros falsos.
La decisión judicial, que rechaza las medidas cautelares solicitadas por la empresa, supone un espaldarazo a la actuación del Ejecutivo en materia de consumo. "Ninguna empresa está por encima de la ley ni de los consumidores", ha comentado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.
Una sanción que multiplica el beneficio ilícito
Bustinduy ha asegurado que esta decisión judicial refrenda el principio de que "ninguna empresa, por poderosa que sea, está por encima de la ley ni de los derechos de los consumidores".
La cuantía de la sanción equivale a seis veces el beneficio ilícito obtenido por la plataforma. "Paso a paso se puede avanzar y se pueden defender los intereses de la gente común, trabajadora, de la ciudadanía frente a los intereses y la especulación de un puñado de grandes operadores que se están forrando con la crisis de vivienda", asegura el ministro.
Un nuevo decreto ley para prorrogar los alquileres
Bustinduy ha vinculado la sanción a Airbnb con la estrategia general de protección a las familias y el control de los márgenes de beneficio de las grandes operadoras.
El ministro ha defendido el nuevo decreto ley para prorrogar dos años los contratos de alquiler que venzan en 2026, una medida que busca dar estabilidad a más de dos millones de personas frente a las "dinámicas especulativas" del mercado inmobiliario.
Advertencia a grandes empresas ante la crisis
Además, el titular de Consumo ha advertido a las empresas de los sectores energético y de distribución de que el Gobierno no permitirá que se lucren a costa de la crisis derivada de los conflictos internacionales.
Según ha explicado, la CNMC monitorizará semanalmente los márgenes de beneficio para intervenir los precios si fuera necesario, asegurando que el esfuerzo fiscal de los ciudadanos llegue íntegramente a las familias y al tejido productivo español.
Airbnb responde a Consumo
Por su parte, la plataforma de alojamientos turísticos ha insistido en que ha cumplido en todo momento con la normativa aplicable en España y que la sanción impuesta por el Ministerio de Consumo es contraria al marco legal español y europeo.
Desde Airbnb consideran que esta decisión es puramente procedimental y no entra sobre el fondo del caso, que sigue su curso. Además, apuntan que desde la entrada en vigor de la nueva normativa sobre los alquileres de corta duración, el 1 de julio del pasado año, la plataforma turística ha colaborado con las autoridades competentes en su implementación.