La filial española de Nestlé y los representantes sindicales (CC.OO, UGT, USO y CSIF) han alcanzado un principio de acuerdo que desencalla el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) iniciado a principios de mayo.
Tras una negociación que se extendió hasta la noche, la multinacional ha accedido a rebajar sustancialmente sus pretensiones iniciales: el número de despidos se reduce a 242, un 20% menos respecto a las 301 extinciones planteadas en un primer momento.
La oferta de 64 vacantes
El texto pactado, que deberá ser ratificado por la plantilla este viernes, incluye el compromiso de la empresa de ofertar 64 vacantes en distintos centros productivos.
De cubrirse estas plazas con los trabajadores afectados, la cifra final de salidas se limitaría a 178 personas, lo que representa apenas un 4,3% de los 4.158 empleados que conforman la plantilla de la compañía en España.
Las sedes catalanas asumen el mayor impacto
Las sedes ubicadas en Cataluña concentran casi el 60% de las bajas definitivas. Las miradas estaban puestas en las oficinas centrales de Esplugues de Llobregat (Barcelona), donde originalmente pendía la amenaza sobre 158 puestos de trabajo. Finalmente, este centro corporativo ha logrado salvar un tercio de los empleos en riesgo (59 plazas salvadas) y ha obtenido prioridad absoluta para cubrir un mínimo de 15 nuevas vacantes, una cifra que podría ampliarse a corto plazo.
Más allá del cuartel general barcelonés y las fábricas de Girona y Reus, la reestructuración afectará a la red de producción y distribución en gran parte del país. El ERE se aplicará en las fábricas de La Penilla (Cantabria), Miajadas (Cáceres), Pontecesures (Pontevedra) y Sebares (Asturias), así como en delegaciones comerciales y centros logísticos de Madrid, Sevilla, Bilbao, Guadalajara, Las Palmas y Toledo.
Las indemnizaciones
Para amortiguar el golpe, empresa y sindicatos han diseñado un plan de salidas estructurado por tramos de edad que busca incentivar, en la medida de lo posible, las adscripciones voluntarias. Los trabajadores menores de 54 años que abandonen la compañía percibirán una indemnización de 45 días por año trabajado, con un tope máximo de 42 mensualidades y sin que se exija un periodo de antigüedad mínima en la empresa.
Para el colectivo de entre 54 y 63 años, el acuerdo establece un plan de rentas que garantizará entre el 58% y el 65% del salario bruto de los afectados, dependiendo de su edad exacta, hasta que cumplan los 63 años. Además, la multinacional asumirá el coste de un convenio especial con la Seguridad Social para estos empleados. Por su parte, los trabajadores mayores de 63 años recibirán un pago único equivalente al 75% de su salario, circunscrito a 18 mensualidades.
Un escudo social para los más desprotegidos
A estas cifras se sumarán dos complementos económicos a los que tendrán derecho todos los afectados: una bonificación por antigüedad que oscilará entre los 15.000 y los 30.000 euros, y una prima extra en función de la edad que aportará entre 10.000 y 20.000 euros adicionales.
Sin embargo, el aspecto más destacado por los representantes laborales ha sido el establecimiento de un estricto escudo social. El preacuerdo excluye expresamente del proceso de despido a los colectivos más desprotegidos: familias monoparentales, mujeres víctimas de violencia de género y personas con una discapacidad acreditada igual o superior al 33%. Asimismo, en el caso de que una pareja de hecho o matrimonio trabaje en la misma compañía, el recorte de personal solo podrá afectar a uno de sus miembros, blindando así la entrada de ingresos en el núcleo familiar.
La estrategia de ahorro de Nestlé
Este ajuste laboral en España se enmarca dentro de una hoja de ruta impulsada desde la matriz suiza para optimizar costes a nivel global. El pasado octubre, la compañía presidida por Pablo Isla anunció un drástico plan que contempla la eliminación de 16.000 empleos en dos años, lo que supone cerca del 6% de su plantilla mundial.
La radiografía de ese gran recorte global es reveladora: 12.000 salidas están destinadas a aligerar la estructura ejecutiva y corporativa en todos sus mercados, mientras que solo 4.000 puestos se suprimirán en las fábricas y la cadena de suministro. El objetivo final es alcanzar un ahorro de costes de 3.000 millones de francos suizos.