El Gobierno aprueba este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario un nuevo plan de respuesta económica para hacer frente al impacto de la guerra en Irán. Entre las medidas más destacadas figura la prohibición a las empresas de realizar despidos objetivos por causas económicas derivadas del conflicto en Oriente Próximo, según fuentes del Ejecutivo.
Esta decisión busca blindar el empleo ante un escenario de incertidumbre internacional marcado por la subida de los precios energéticos y las tensiones geopolíticas. La medida sigue la línea de actuaciones adoptadas durante anteriores crisis, como la provocada por la guerra de Ucrania.
Prohibidos los despidos por la subida de costes energéticos
Tal y como adelantó la ministra de Trabajo Yolanda Díaz hace unos días, el Ejecutivo ha optado por reeditar la fórmula de protección laboral que ya se utilizó en 2022 con el inicio de la guerra en Ucrania. En aquel momento, se vetó el despido en aquellas compañías que recibieran ayudas públicas o que alegaran el encarecimiento de la energía.
"Quiero mandar un mensaje a las empresas. No hay que despedir a nadie. Los ERTE y el Mecanismo RED ya están en vigor. [...] Tienen los mecanismos, los tenemos como país, para que podamos acompañar a las empresas y no tengan que despedir a nadie", ha subrayado la ministra de Trabajo. En este sentido, el Ejecutivo lanza un mensaje claro al tejido empresarial: evitar la destrucción de empleo utilizando las herramientas disponibles. La intención es proteger tanto a trabajadores como a autónomos en un contexto económico volátil.
Se adelanta la obligación de los Planes de Movilidad Sostenible
Otra de las claves del plan es el impulso a la movilidad sostenible en el ámbito laboral. El Gobierno ha decidido adelantar un año la obligación de implantar planes de movilidad sostenible en empresas y entidades públicas con más de 200 trabajadores (o 100 por turno).
Inicialmente, la normativa establecía un plazo de 24 meses desde la entrada en vigor de la Ley de Movilidad Sostenible en diciembre de 2025. Sin embargo, con este cambio, las compañías deberán tener listos sus planes antes de diciembre de 2026. Estos planes deberán fomentar el uso del transporte público, la bicicleta, el coche compartido, el teletrabajo y la seguridad vial
Medidas específicas para grandes centros de trabajo
El plan también pone el foco en los centros de trabajo de alta ocupación, aquellos con más de 1.000 empleados situados en grandes áreas metropolitanas. En estos casos, las empresas deberán aplicar medidas adicionales para reducir la movilidad en horas punta, fomentar transportes de bajas o cero emisiones, impulsar la movilidad colaborativa, facilitar la recarga de vehículos eléctricos y promover la movilidad activa
El objetivo es disminuir la congestión urbana y reducir la huella de carbono en los desplazamientos laborales.