Los cierres en falso pueden causar problemas. De jugar con la ilusión de que algo está terminado cuando en realidad no lo está saben bastante Christopher Nolan o Scorsese, pero no hace falta irse al cine o a la literatura para ver ejemplos. El Banco de España es muy consciente de este problema, por lo que ahora ha recordado a los clientes de entidades financieras que, si desean cancelar una cuenta, deben solicitarlo expresamente a su entidad.
"No vale con retirar todo el dinero y dejarla a cero, ya que la cuenta continúa operativa y puede seguir generando cargos”, alertan. Las “cuentas inactivas”, de hecho, suponen un problema habitual para los clientes bancarios. “El titular no sabe, muchas veces, que su cuenta sigue activa y si lo sabe, ignora que puedan cobrarle comisiones de mantenimiento”, alerta el organismo liderado por José Luis Escrivá.
Cuáles son los errores más comunes
Las situaciones más habituales, tal y como describe el Banco de España, son las siguientes:
- Personas que creen haber cancelado la cuenta, pero a las que la entidad financiera reclama tiempo después una deuda acumulada por comisiones.
- Clientes que abrieron una cuenta y, con el tiempo, descubren que su saldo ha desaparecido total o parcialmente debido a estos cargos.
“Las entidades financieras deben informarte si detectan que tienes una cuenta o depósito sin actividad aparente y advertirte expresamente de que pueden seguir generándose gastos y comisiones”, reconoce el Banco de España.
El banco debe informarte
Además, aunque el contrato de cuenta prevea que las comunicaciones se realicen a través de la banca electrónica, “no basta con que te dejen un aviso en tu buzón digital: la entidad debe asegurarse de que la información te llegue efectivamente, recurriendo también a otros canales de comunicación habituales, como el teléfono y el correo electrónico”.
Por otra parte, a nivel legal, una cuenta se considera oficialmente “abandonada” cuando no ha registrado ningún movimiento durante 20 años. Transcurrido este tiempo, los fondos pasan a ser propiedad del Estado. De hecho, el Estado se embolsó en 2024 más de 18 millones de euros por saldos abandonados.