Treinta organizaciones europeas de consumidores han denunciado a Google, Meta y TikTok ante la Comisión Europea (CE) por no frenar de forma eficaz la proliferación de anuncios de estafas financieras en sus plataformas, pese a las obligaciones impuestas por la Ley de Servicios Digitales (DSA).
La denuncia, impulsada por la Asociación Europea de Consumidores (BEUC) junto a 29 entidades nacionales —entre ellas Asufin y CECU—, llega tras una investigación realizada en trece países europeos entre diciembre de 2025 y marzo de 2026.
El nivel de impunidad
Durante ese periodo, las asociaciones detectaron cerca de 900 anuncios fraudulentos relacionados con falsas inversiones, criptomonedas engañosas y otros fraudes financieros difundidos en las plataformas de las tres compañías tecnológicas.
Los datos revelan que las tecnológicas no actúan con la contundencia esperada ni siquiera cuando las propias organizaciones alertan sobre el peligro. Tras ser notificadas, este fue el porcentaje de anuncios eliminados por cada plataforma:
- Google retiró el 60% de los anuncios fraudulentos denunciados.
- Meta (Facebook, Instagram) eliminó únicamente el 43%.
- TikTok actuó solo sobre el 23% de los contenidos señalados.
"Meta, TikTok y Google no solo no eliminan de forma proactiva los anuncios fraudulentos, sino que tampoco actúan con la suficiente contundencia cuando se les notifica sobre este tipo de estafas", denuncia Agustín Reyna, director general de BEUC.
Más de 200 millones de consumidores europeos, expuestos cada mes
Uno de los datos más alarmantes del informe es el alcance de estas campañas fraudulentas. Según BEUC, las estafas financieras podrían estar llegando cada mes a más de 200 millones de consumidores europeos a través de redes sociales y plataformas digitales. El informe también denuncia que algunos anunciantes reincidentes continúan publicando contenidos fraudulentos incluso después de haber sido señalados por las asociaciones de consumidores.
En el caso de Meta, la investigación asegura que la compañía solo bloqueó 146 de las 503 denuncias remitidas por las organizaciones participantes. Además, más de 300 anuncios fraudulentos seguirían activos en sus plataformas.
BEUC también advierte de que Meta podría estar obteniendo ingresos directos de estos anunciantes fraudulentos, que representarían aproximadamente un 10% de sus ingresos publicitarios totales relacionados con este tipo de campañas.
TikTok ignora el 40% de las denuncias
Las asociaciones de consumidores también cargan contra TikTok por su escasa capacidad de reacción. Según los datos recopilados, el 40% de los anuncios denunciados ni siquiera recibieron respuesta por parte de la plataforma.
En el caso de Google, aunque la tasa de retirada fue superior, las organizaciones denuncian que muchos anunciantes reincidentes continúan operando con relativa facilidad y que la probabilidad de suspensión definitiva de sus cuentas sigue siendo baja.
Piden multas millonarias
Las organizaciones recuerdan que la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea obliga a las grandes plataformas digitales a identificar y mitigar riesgos sistémicos, entre ellos las estafas financieras y los fraudes masivos. "Cumplir el reglamento de Servicios Digitales no es opcional", recuerda el director general de CECU, David Sánchez.
En la misma línea, la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, ha advertido de que muchas plataformas permiten la difusión de anuncios engañosos sobre criptoactivos "sin apenas filtros de seguridad". Suárez ha llegado incluso a afirmar que esta permisividad convierte a los gigantes tecnológicos en "facilitadores indirectos de una infraestructura delictiva".
España sigue sin dotar de plenos poderes al supervisor digital
La polémica también pone el foco sobre España. Desde enero de 2024, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia es el organismo designado para supervisar el cumplimiento de la DSA como Coordinador de Servicios Digitales (DSC). Sin embargo, las organizaciones denuncian que todavía no existe una ley nacional que otorgue a la CNMC competencias reales de investigación, supervisión y sanción.
De aprobarse esa normativa, la CNMC podría acceder a datos y algoritmos de las plataformas, ordenar inspecciones e imponer multas de hasta el 6% de la facturación global anual de las grandes tecnológicas.
Según Asufin, España acumula ya dos años de retraso respecto a los plazos marcados por la Unión Europea, y el asunto ha terminado en manos del Tribunal de Justicia de la UE. CECU y Asufin han reclamado al Gobierno español que desbloquee cuanto antes esta situación para que el supervisor digital español pueda actuar "con plenos poderes" frente a gigantes tecnológicos como Google, Meta y TikTok.