Las sospechas pueden o no confirmarse, pero casi siempre manchan. Es lo que está sucediendo a la multinacional tecnológica china Huawei, que, según Estados Unidos, podría servir como un vector del gobierno chino para llevar a cabo tareas de espionaje o sabotaje. Se trata, desde luego, de una acusación muy grave que ha tenido impacto en los negocios de Huawei.
Además, el gobierno de Estados Unidos incluyó a la marca en su ‘Entity List’, lo que restringió, para las empresas americanas, la venta de tecnología y componentes de Huawei. En Europa, la compañía asiática ha sido objeto de una investigación tras ser acusada de promover sobornos y ejercer como lobby ilícito. De hecho, Bruselas ha recomendado a los países de la UE “restringir o excluir a Huawei de sus redes 5G”, porque la compañía china “representa un riesgo mucho mayor” que otros proveedores.
Contrato de 12 millones de euros
En España la situación es particularmente delicada, puesto que el Ministerio del Interior adjudicó recientemente a Huawei un contrato de 12,3 millones de euros para almacenar interceptaciones telefónicas judiciales, es decir, información extremadamente sensible. Esta adjudicación causó recelos en Washington y Bruselas, y también fue muy criticada por el Partido Popular.
Ahora, Huawei ha asegurado que todos sus productos cumplen "estrictamente" con las leyes y normativas locales. Además, ha defendido que no tiene acceso a los datos de sus clientes.
OceanStor Dorado
Respecto al producto señalado por el PP, OceanStor Dorado, Huawei ha indicado que se trata de un hardware de almacenamiento flash común que cumple con la regulación aplicable en el Esquema Nacional de Seguridad y con la guía de Seguridad TIC de CCN-STIC.
Asimismo, ha proclamado que la ciberseguridad "es la principal prioridad de Huawei" y que toda la información almacenada en el hardware "pertenece al cliente y está a su exclusiva disposición".
Vínculos con China
La tecnológica ha respondido así a las críticas del Partido Popular sobre el contrato adjudicado para la gestión y almacenamiento de las escuchas policiales, y que, según el PP, se debe a los presuntos vínculos del expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, con China. Por su parte, desde el Gobierno, el titular de Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido que la seguridad "está garantizada".
En cualquier caso, la polémica se enmarca en un conflicto que va mucho más allá de la rivalidad entre dos partidos políticos españoles: es una muestra de la tensión comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China. Además, la presión que ejerce Estados Unidos para que sus aliados, incluida España, actúen como considera pertinente, plantea un debate sobre la soberanía. Por último, el incidente vuelve a poner de manifiesto la vulnerabilidad de la UE ante la dependencia de proveedores tecnológicos extranjeros.