Cuando una persona lleva a su mascota al veterinario, a veces siente miedo. Miedo a que el animal no se cure. Miedo a que lo haga, pero con secuelas graves que empeoren su calidad de vida. Y miedo, no puede negarse, a que la factura sea desorbitada.
El pasado fin de semana, miles de veterinarios se manifestaron por toda España para pedir la derogación del Real Decreto 666/2023 sobre uso y prescripción de medicamentos veterinarios. Algunos de estos profesionales, además de enfado, también tienen miedo. Y lo tienen porque consideran que la norma les impedirá realizar su trabajo con normalidad y pondrá en peligro la salud de los animales.
Resistencia antimicrobiana
La justificación del decreto es la lucha contra las resistencias antimicrobianas, una prioridad de salud pública global. Y es que, como han alertado distintas entidades, el uso excesivo e inapropiado de antibióticos en medicina resta, a la larga, eficacia a los antibióticos, lo que a su vez amenaza la capacidad para tratar infecciones tanto en animales como en personas. Un círculo vicioso y preocupante.
Además, el decreto también exige que los animales de compañía tengan un microchip identificativo para poder adquirir medicamentos prescritos por un veterinario y contempla la creación de una base de datos para controlar las prescripciones que supone más burocracia, más lentitud y más inflexibilidad.
Obligatoriedad de realizar cultivos
“La obligatoriedad de realizar cultivos bacterianos implica que la clínica gaste más recursos, y ese gasto se tendrá que repercutir al cliente de algún modo, así que sí, le será más caro acudir. Por lo tanto, es posible que algunas personas no visiten al veterinario con tanta frecuencia como antes, que es lo que sería deseable por la salud del animal”, reflexiona a preguntas de Consumidor Global Alberto Mariño, que trabaja en una clínica veterinaria de Alicante.
Cree este profesional que “se han sacado de la chistera” la ley, porque no existía ningún tipo de “clamor” contra el recetado de antibióticos. “En teoría lo hacen más para animales de reproducción, que tendría algo más de sentido, pero no para animales domésticos. A un perro igual le mandas un antibiótico y no vuelves a hacerlo hasta dentro de varios meses o años”, defiende.
Chip obligatorio
Sobre la obligatoriedad del chip, Mariño afirma que, “si viene una urgencia de un animal que no tiene, le tienes que poner uno sí o sí, lo que también encarece los costes. Y, si el cliente se empeña y no quiere que su animal tenga chip, no lo puedes curar”, lamenta.
Él ya ha notado, en su día a día, que hay muchos medicamentos que no pueden recetar.
“Nos han quitado el manejo del medicamento”
Ana García, veterinaria y portavoz de la asociación Vets Unidos, tiene opiniones similares. “Supuestamente, este real decreto quiere tener controlado el medicamento veterinario, pero lo que hace es dejarlo más descontrolado que nunca, porque nos han quitado a los veterinarios el manejo del mismo. No nos dejan usarlo como nosotros creemos conveniente respecto a nuestro criterio clínico”, asegura.
“Nos tenemos que ceñir a lo que dice un prospecto, no podemos modificar una dosis ni una vía de administración después de haber estudiado una carrera y de acumular experiencia clínica”, recalca. Así, la imposibilidad de modificar dosis hará que las infecciones vayan a durar más tiempo y que las bacterias se vuelvan, paradójicamente, realmente resistentes.
Precios más caros
Tampoco esconde esta experta que el hecho de que las clínicas tengan más trabajo hará que los costes suban. “Los veterinarios no estamos ahora subiendo los precios de nada, pero si va a salir todo más caro será porque nos obligan a hacer pruebas y porque nos vemos obligados a recetar envases enteros de la farmacia, cuando antes podíamos ceder el tratamiento justo al animal: si eran cuatro pastillas, eran cuatro pastillas”.
De momento, el colectivo veterinario está intentando dialogar con la administración, porque sienten que no se les ha tenido en cuenta en la redacción del real decreto. “Hasta ahora no se nos está escuchando, y creemos sinceramente que va a ser contraproducente para la salud pública, porque ni las infecciones ni los medicamentos van a estar realmente controlados”, afirma García.
Moratoria
Entre los grupos que han pedido una reflexión figura el Bloque Nacionalista Galego, que ha propuesto establecer una moratoria “mientras se establecen canales de diálogo y comunicación con los profesionales veterinarios para alcanzar acuerdos para la revisión de su contenido”.
Mientras eso se da, los efectos negativos ya se perciben: el pasado mes de febrero se desataron protestas a raíz de la muerte de una perra en Galicia que había sido mordida por otro perro. El retraso en los resultados del cultivo bacteriano impidió administrarle a tiempo el tratamiento antibiótico que podría haberla salvado.
Estrés y ansiedad
García cree que, de salir adelante, el real decreto abriría la puerta a que esta tragedia se repita. “Lo que los veterinarios estamos intentado es que no ocurran casos como este a pesar de las limitaciones que tenemos, de ahí nuestros niveles de estrés y ansiedad, trabajando todos los días”, señala.
“Si no están muriendo más animales, es realmente por el esfuerzo ímprobo que están haciendo los profesionales, porque siguiendo a pies juntillas el real decreto, no podemos aplicar un antibiótico si la herida no está supurando. Esto significa esperar a que el animal empeore para poder actuar”, recalca.