¿Dónde está mi fianza? El silencio de las eléctricas sobre el dinero que te deben

Las eléctricas le deben dinero. A usted, a su vecino, a sus amigos y familiares. Así lo denunció hace unas semanas, con mucha contundencia, la Unión de Consumidores de Asturias, una entidad que califica la situación de “atropello corporativo planificado” por parte de las grandes multinacionales de luz y gas. 

El problema reside en que estos gigantes han retenido “millones de euros en concepto de fianzas residenciales”. Y la mayoría de afectados no se ha enterado.

Qué es la depósito de garantía

Todo nace a raíz de la Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto 88/2026, de 11 de febrero. La norma establecía que el pasado 12 de junio de 2026 vencía el plazo máximo, imperativo e improrrogable para que se devolvieran de oficio y de forma automática los depósitos de garantía cobrados históricamente a los usuarios. 

¿En qué consistían estos depósitos? Se trataba de una fianza que solicitaban las distribuidoras eléctricas en determinados casos, como al dar de alta un nuevo suministro o al aumentar la potencia contratada. En Asturias, la entidad calcula que el reembolso estimado es de entre 80 y 120 euros por vivienda (combinando el montante de luz y gas). 

Las distribuidoras le pasan la pelota a las comercializadoras

Las grandes empresas son bien conscientes de que deben apoquinar. “Las distribuidoras realizarán esta devolución directamente, o a través de la comercializadora vigente si no disponen de la información necesaria a estos efectos. En este último caso, la comercializadora trasladará la devolución al consumidor en la factura del suministro”, se indica en la página de Endesa.

Lo que la Unión de Consumidores de Asturias denuncia es que, transcurrido el plazo legal, las compañías han mantenido congelado este dinero de manera unilateral. A juicio de Dacio Alonso, presidente de la entidad, las empresas no pueden pasarse la pelota entre sí: son las comercializadoras quienes deben “reintegrar el dinero inmediatamente en la factura del usuario y pelearse de forma interna con la distribuidora de turno para recuperar los fondos”.

Los usuarios pagaron la factura cuando les tocó

“A absolutamente todos los usuarios se les exigió y cobró la fianza en su día. Al dar de alta el suministro en la vivienda, al realizar cualquier cambio de compañía comercializadora o al solicitar un aumento de los kilovatios (kW) de potencia eléctrica”, dice el organismo que defiende a los consumidores del Principado.

Uno de los grandes problemas es que “la inmensa mayoría de los afectados ni siquiera es consciente de que las energéticas les adeudan este dinero debido a una práctica corporativa de ocultación sistemática, la eliminación del recibo físico en papel para imponer el formato electrónico por defecto”.

Una denuncia con base jurídica sólida

Este medio ha preguntado a Roams por la consistencia de la denuncia de la Unión. “La denuncia tiene una base jurídica sólida. El Real Decreto 88/2026 establecía una obligación clara, con fecha límite y sin margen de interpretación: la devolución automática y de oficio de las fianzas depositadas por los consumidores. No era una recomendación ni una invitación al diálogo, era un mandato legal con plazo imperativo”, explica Sergio Soto, experto en energía de la plataforma.

A su juicio, que las compañías hayan dejado pasar ese plazo sin actuar no es un olvido administrativo, sino “una decisión empresarial consciente que traslada al consumidor la carga de reclamar lo que ya le pertenece por ley”.

Complejidad y asimetría de información

La pregunta se antoja evidente: si está negro sobre blanco que las compañías deben pagar, ¿por qué no se les fuerza a hacerlo? Soto menciona la complejidad y la asimetría de información, dos aliados muy rentables que ha tenido históricamente el modelo de negocio de las grandes comercializadoras.

“Devolver proactivamente millones de euros a millones de clientes tiene un coste financiero real e inmediato; esperar a que cada consumidor reclame individualmente reduce ese coste de forma drástica, porque una parte significativa nunca lo hará”, pronostica el especialista de Roams.

Ausencia de facturas físicas

Además, las compañías han encontrado en la digitalización un escudo con el que justificar ciertos atropellos: sin la factura en papel, el consumidor no ve el concepto de fianza y no reclama. Cuantas más trabas tenga para recuperar su dinero, menor será el volumen de reclamaciones.

En este contexto cabe señalar la actuación de las instituciones. A corto plazo, cree Soto, la primera medida debería ser reforzar la supervisión para comprobar que las devoluciones se están realizando de oficio y dentro de los plazos previstos, sin necesidad de que sea el consumidor quien tenga que reclamarlas. En este sentido, tal y como están las cosas, la CNMC ya podría haber abierto expedientes sancionadores de oficio.

Mayor transparencia

“También sería positivo imponer una mayor transparencia, exigiendo que las comercializadoras informen expresamente en la factura, o mediante una comunicación específica, de cualquier importe pendiente de devolución y del momento en que se abonará”, prosigue Soto.

Si las cosas se aletargan, las comunidades autónomas tienen competencias de inspección en materia de consumo “que están infrautilizadas en el sector energético”. Recurrir a ellas supondría “un contrapeso real frente a la capacidad de presión de las grandes compañías, y resulta fundamental para garantizar el cumplimiento del derecho a elegir el formato de facturación”.

Revisar el modelo de comunicación con el consumidor

Por último, desde Roams consideran necesario revisar el modelo de comunicación con el consumidor en el mercado eléctrico. La digitalización de facturas, recalcan, no puede imponerse a la fuerza con letra pequeña. El usuario debe dar su consentimiento real para evitar que el cambio tecnológico deje de lado a los colectivos más vulnerables. 

A la luz de estas consideraciones, Consumidor Global ha preguntado a Endesa por qué las fianzas no han sido devueltas. Fuentes de la compañía aseguran que e-distribución ha iniciado el proceso de devolución de garantías y “se está trabajando” con las distintas comunidades autónomas para que éstas procedan a la devolución de las cantidades que están depositadas en las mismas para poder continuar con el proceso. Queda, por tanto, atrapado el dinero de los consumidores en un limbo burocrático.