Hace unos días, Sumar registró una iniciativa en el Congreso en la que proponía que las viviendas amenazadas con desahucio pasasen a formar parte del parque público de viviendas para ofrecerlas en régimen de alquiler, así como "explorar la posibilidad" de expropiar viviendas en desuso que pertenecieran a entidades bancarias y fondos de inversión.
El partido argüía que la crisis de la vivienda se ha convertido en uno de los principales conflictos sociales, lo que justificaba la adopción de una medida tan contundente.
Viviendas vacías de zonas tensionadas
Aunque la propuesta ha chirriado a algunos sectores, lo cierto es que la expropiación no es una novedad absoluta, si bien se contempla para casos muy excepcionales. En enero, el Tribunal Constitucional respaldó la ley de vivienda catalana que permitía “expropiar viviendas que están en zonas tensionadas a empresas con cinco o más inmuebles si permanecen vacías más de dos años de forma injustificada”, tal y como publicó El Economista.
El citado medio añadía que la sentencia del Constitucional “descarta que estas medidas vulneren el derecho a la propiedad privada y defiende que están orientadas a combatir el problema social de la exclusión residencial y a evitar el fenómeno de las viviendas desocupadas”. En la misma línea, la OCU publicó un informe en el que recogía que “la vivienda vacía tiene poco sentido”, y que, por tanto, “medidas como la expropiación son validadas por el Constitucional en determinados casos”.
También en el País Vasco
Anteriormente, en 2018, el Constitucional dio luz verde al Gobierno vasco para expropiar viviendas vacías por necesidad social. Si bien remarcaba su excepcionalidad, el Tribunal consideraba que se trataba de una medida adecuada en determinados casos, puesto que una vivienda que permanece vacía durante más de dos años sin razón válida no cumple con su propósito social.
Algunas entidades han pedido incluso ir más allá. Por ejemplo, Facua-Consumidores en Acción propuso en 2023 la expropiación del uso de las viviendas propiedad de grandes tenedores que lleven más de un año vacías para que fueran destinadas al alquiler social, "así como la fijación de un marco de indemnizaciones que los arrendadores que cometan “prácticas abusivas” abonen a los inquilinos que las denuncien".
Hacer frente a los abusos
Así lo reclamó el secretario general de la asociación, Rubén Sánchez, en una rueda de prensa en la que expuso ocho medidas que la entidad planteaba para “hacer frente a los abusos y la especulación” en los alquileres de viviendas.
Conviene apuntar que el precio medio de una vivienda de 80 metros cuadrados ha subido de 129.420 euros en 2015 a 199.114 euros en 2025, lo que representa un incremento del 54% en el valor de un piso promedio en el mercado inmobiliario español, según un análisis del portal inmobiliario Fotocasa.