¿Consumes cannabis? Así te afectará la futura ley que ya debate el Congreso

Los partidos negocian una iniciativa de Podemos para regular el cultivo, distribución, venta, posesión y consumo de productos cannábicos, pero que no permitirá fumar marihuana por la calle

Una planta de cannabis / PIXABAY
Una planta de cannabis / PIXABAY

Algo huele a verde en España. Hacía tiempo que el debate sobre el cannabis había trascendido los foros minoritarios y ahora, tras muchos esfuerzos por parte de las asociaciones, ha entrado al Congreso. Unidas Podemos (UP) ha presentado esta semana su ley de regulación integral y consumo del cannabis, una norma que se suma a los otros dos textos propuestos por Más País (MP) y Esquerra Republicana (ERC). Son alternativas diferentes, pero las tres tienen un mismo espíritu.

El documento de la formación morada contempla la posesión y el consumo de productos cannábicos, así como su cultivo, distribución y venta. En concreto, el partido liderado por Ione Belarra plantea que se permita el consumo de 10 gramos al día, en privado y en los espacios habilitados. Así que, no, de momento no se podrá fumar marihuana por la calle. Además, esta legislación deja fuera los usos medicinales o terapéuticos, ya que en Podemos entienden que es Sanidad quien debería redactar una ley específica que permitiese aliviar el dolor de miles de enfermos crónicos. Así las cosas, ¿qué perspectivas se abren para los distintos consumidores?

El papel cardinal de las asociaciones

Muchas de las asociaciones cannábicas cumplen una triple función: formativa, terapéutica y recreativa. Formativa porque mucha gente acude a ellas buscando respuestas. Terapéutica porque en determinados casos son los propios médicos los que sugieren a sus pacientes que prueben con cannabinoides. Algunos miembros de estas asociaciones prefieren guardar silencio. Cuando se les pregunta, argumentan que ya han tenido investigaciones y pueden meterse en problemas. Quizá estos problemas terminen en cuestión de meses.

Beatriz Macho Barragués, abogada experta en cuestiones legales sobre el cannabis que ha colaborado con diversas entidades, considera que este gran esfuerzo divulgativo y sanitario debería recaer sobre el Estado. La letrada explica que, si finalmente se comercializa el cannabis, existe el riesgo de que las asociaciones pierdan peso en favor de las empresas. Y considera que sería injusto, porque son las primeras las que han estado desde el principio dando la batalla por la legalización y defendiendo la planta. “Si se hace una regulación mercantilista, se puede echar por tierra todo el trabajo asociativo”, alerta. En la misma línea, Íñigo Errejón (MP) afirmó que lo ideal sería fomentar el autocultivo para que los consumidores pudieran beneficiarse. De no ser así, unas pocas empresas podrían repartirse todo el pastel. “Hay muchos inversores con la mirada puesta en España”, advierte Macho Barragués.

Seguridad y secretismo

La abogada considera que lo ideal sería, en primer lugar, dar seguridad jurídica a las asociaciones. Después, sostiene, habría que entrar en un periodo de transición para ver cómo se puede forjar la regulación sin perjudicar a nadie. A partir de ahí, dar pasos hacia adelante. Porque las entidades tienen una posición comprometida. Noemí Ballesteros, consumidora en una asociación cannábica situada en el barrio de Salamanca de la capital, explica a Consumidor Global que el 70% de las personas que tocan a su puerta tiene dolencias graves, enfermedades crónicas o padecimientos que no han remitido con medicamentos legales. Hace poco llegó a su club un exmilitar que se había roto la espalda durante una operación. Según relata, su propio médico le había aconsejado buscar soluciones cannabinoides y ahora su calidad de vida ha mejorado relativamente. A veces, un poco ya es mucho.

A pesar de los avances, el cannabis sigue estando mal visto. Esa percepción repercute directamente en el día a día de mucha gente. “Hay personas mayores a las que las soluciones cannábicas les pueden ayudar con sus dolencias, pero no se atreven a venir directamente a la asociación por el qué dirán. A veces es su propia familia la que les juzga”, relata Noemí Ballesteros.

Dos cogollos de marihuana / PIXABAY
Dos cogollos de marihuana / PIXABAY

Dudas sobre los precios

Hasta ahora, el vacío legal era flagrante. El autoconsumo no era legal, pero estaba despenalizado. En la asociación de Ballesteros creen que los precios no cambiarán demasiado. “No hacemos esto para lucrarnos”, subrayan. Evidentemente, las empresas sí lo harán. Por su parte, Beatriz Macho opina que el precio dependerá del impuesto “que le quieran meter”. Es una cuestión delicada: si el Gobierno acierta, el consumo legal podría absorber el mercado negro. Pero si no lo hace y se excede, las cosas no cambiarán demasiado. El texto de UP especifica que el impuesto variaría según la potencia o cantidad de THC de cada producto.

¿Y el control administrativo? La idea en UP es crear un organismo, la Agencia Española de Control de la Regulación Integral del Cannabis (AECRIC), que otorgaría las licencias administrativas a las empresas de cultivos. Tal y como recoge el texto, las plantas no se podrían cultivar en el interior a no ser que el 90% de la electricidad requerida fuese renovable o limpia, siendo además la propia empresa la encargada de generarla. No es poca cosa. Con el cannabis, UP pretende marcarse varios tantos aunando sostenibilidad, lucha contra la despoblación y creación de empleo a través de beneficios fiscales que ayuden a impulsar empresas cannábicas en la “España vaciada”. No sería como irse a la Alcarria a hacer miel, pero podría funcionar.

Frágil equilibrio

“Las asociaciones han parido el modelo, y a día de hoy algunas continúan intervenidas”, afirma Macho Barragués. La situación es paradójica. Hay personas que llevan años estudiando y defendiendo el cannabis que ahora pueden quedarse atrás. La abogada pide que se repare el daño que se les ha hecho y denuncia que no se vigila quién lo hace bien y quién lo hace mal.

Sin un diálogo profundo con los grupos que más saben del tema, será difícil alumbrar una ley justa que beneficie al consumidor, reduzca el impacto de las mafias y “descongestione la justicia”, tal y como pide MP. Aunque primero hay que ver qué pasa en el Congreso. Ciudadanos y PNV parecen estar a favor, así que, si el PSOE también les apoya, se podría armar una mayoría. Noemí Ballesteros creen que es cuestión de tiempo. “Tal vez no sea ya, tal vez no sea ahora, pero será”, concluye.

Has leído este contenido de Consumidor Global elaborado por nuestro equipo de redacción y expertos. Si deseas acceder de forma libre a todos los contenidos que producimos te recomendamos suscribirte. Además, podrás recibir asesoramiento legal gratuito por formar parte de nuestra comunidad.
Comentarios

Desbloquear para comentar

Suscríbase

Tenemos
el mejor plan
para el consumidor exigente

Suscríbase
Acceda

Acceso completo

Libere los accesos a todas las secciones bajo suscripción

Contenido exclusivo

Contenido exclusivo

Los mejores artículos, productos, contenido exclusivo y asesoría legal

Suscríbase