A los 80 años, Pedro apenas sale de casa. Su vida transcurre entre una silla de ruedas y la mirada atenta de su esposa, María Teresa –o Mari Tere, como se suele presentar–, de 75 años. Ella le da de comer, lo cambia, lo consuela cuando se agita por las noches. Él ha sido diagnosticado con un grado III de dependencia. Ella, su única cuidadora, no se queja. “Su única preocupación es que él esté bien”, dice su hijo Pedro N., en declaraciones a Consumidor Global.
Entre citas médicas, pastilleros y pañales, la tecnología se les ha quedado lejos. La televisión solo sintoniza Canal Sur. Una tablet, adaptada por su hijo, les permite ver Netflix. Ni Amazon Prime, ni HBO, ni líneas móviles adicionales, ni servicios digitales. Y, sin embargo, durante más de cuatro años, Vodafone les ha estado cobrando exactamente por eso.
Un contrato sin sentido
El 30 de diciembre de 2019, en una pequeña franquicia de Vodafone en Palma del Río (Córdoba), Pedro y María Teresa contrataron dos líneas de móvil y conexión a internet por 36 euros al mes. Era una tarifa modesta y razonable para su uso. Era solo lo que necesitaban.
En enero de 2021, Vodafone incorporó a su cuenta nuevos servicios, una tercera línea de móvil, canales de televisión de pago, acceso a HBO y Amazon Prime Video. Según la compañía, María Teresa aceptó un nuevo contrato telefónico y confirmó su consentimiento a través de un SMS. “Mi madre no sabe enviar un SMS”, afirma su hijo. “A duras penas sabe encender el móvil. No tiene correo electrónico, no sabe lo que es Amazon, y lo más grave es que no recuerda haber aceptado nada”, señala Pedro N.
Facturas en incremento
La realidad es que María Teresa, incapaz de comprender los detalles de la oferta, nunca imaginó que al hacer clic en el enlace estaba firmando un contrato que los obligaría a una serie de servicios digitales que jamás utilizaron. Durante tres años, las facturas comenzaron a aumentar paulatinamente, pasando de 36 a casi 70 euros, sin una explicación clara ni notificación alguna. En medio de la rutina diaria, marcada por la fragilidad física y mental de Pedro, ningún miembro de la familia logró detectar el aumento en las tarifas.
Pedro y María Teresa no descubrieron la irregularidad hasta mucho tiempo después, cuando su hijo revisó las facturas y comenzó a solicitar documentación. “Le pedí a Vodafone que me enviara las grabaciones donde mi madre supuestamente consiente la contratación. Aún estoy esperando”, asegura.
La penalización sí llegó
Finalmente, en febrero de 2025, la familia decidió dar de baja los servicios. Entonces llegó la penalización de 70 euros por romper un contrato que no recuerdan haber firmado. Lo pagaron. Y se marcharon.
No obstante, el 25 de marzo Vodafone emitió una nueva factura de 140,31 euros. Esta vez, alegaban que la baja no se había tramitado correctamente.
Errores contractuales
Fue la gota que colmó la paciencia de su hijo, que empezó a revisar cada factura, cada contrato, cada comunicación con la empresa. Lo que encontró fue desconcertante. Contratos con datos erróneos, fechas de nacimiento mal registradas, direcciones incompletas, etcétera.
“Pido que revisen el uso de los servicios. Que vean si esas líneas se han utilizado. Que revisen si hubo consumo en HBO o Prime Video. No hay nada. Es como tener una casa en la playa y no saber que existe, pero pagarla cada mes”, denuncia Pedro N.
Vulnerables por defecto
La historia de Pedro y María Teresa pone nombre y rostro a una pregunta incómoda: ¿Quién protege a los mayores en la era de los contratos digitales? España envejece. El 20% de su población supera los 65 años, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Muchos de ellos (como Mari Tere) no están preparados para comprender la complejidad de las contrataciones digitales, los mensajes automatizados, las firmas electrónicas. Pero, aun así, se les considera consumidores en igualdad de condiciones.
“¿Cuántas personas mayores estarán pagando servicios que no usan ni saben que tienen? ¿Cuántas han aceptado sin entender? ¿Cuántas hacen clic en un enlace sin saber que eso equivale a firmar un contrato?”, se cuestiona el hijo de la pareja. “Mi madre, a sus 75 años, se dedica a cuidar a mi padre. No tiene tiempo ni ganas de enfrentarse a un contrato digital. No entiende de SMS ni de enlaces. ¿Es justo que una persona en su situación pueda ser víctima de una estafa como esta?”, reflexiona.
Vodafone cobra 840 euros por servicios no utilizados
En total, la familia calcula que Vodafone ha cobrado más de 800 euros en servicios no utilizados ni solicitados, a los que hay que sumar un cargo no autorizado de 140,31 euros -se deduce que de una mensualidad extra y la citada penalización-.
Por todo ello, han presentado reclamaciones ante organismos de consumo, asociaciones de usuarios y el Defensor del Mayor. También han compartido su caso en redes sociales, donde han recibido mensajes de otras familias en situaciones similares.
Más allá de la compensación
“Yo no quiero que me devuelvan el dinero. No estoy buscando una compensación. Solo quiero que esto no le pase a nadie más. Que no se aprovechen de quien no puede defenderse”, dice Pedro N.
“Porque no estamos hablando solo de facturas. Estamos hablando de respeto, de ética, de dignidad”, arguye.
Aprender a desconfiar
Hoy, Pedro y María Teresa han cambiado de compañía. Pagan una tarifa más baja, ajustada a sus necesidades. Sus cuatro hijos les gestionan todo. Pero el daño emocional permanece. Ahora, cuando suena el teléfono y alguien intenta venderles algo, cuelgan. Han aprendido a desconfiar.
Según datos de organizaciones como la OCU y Facua, miles de mayores caen cada año en trampas contractuales, muchas veces sin siquiera entender lo que han firmado. La brecha digital se convierte en campo fértil para el abuso. Las grandes compañías lo saben. Y, en lugar de reforzar los filtros de seguridad y establecer protocolos de consentimiento reforzado para este sector de la población, optan por mirar hacia otro lado. Porque, mientras el sistema funcione, mientras nadie denuncie, el dinero fluye.
La versión de Vodafone
“Las contrataciones se realizaron de forma presencial en la tienda de su localidad, como consta en los documentos firmados”, señalan desde Vodafone. Eso en 2019. Por otro lado, la compañía sostiene que la televisión fue contratada en 2021 y que “no se recibió ninguna queja hasta ahora, pese a aparecer cada mes en la factura”.
Respecto a la línea móvil que los afectados no reconocen, afirman que “formaba parte de una oferta con descuento en diciembre de 2023, y ya estaba a nombre del cliente en otro operador”. Sobre la penalización, explican que “fue de 78,52 euros más IVA debido a una permanencia por terminal subvencionado”.
Vodafone admite, no obstante, que hubo servicios que siguieron activos tras la portabilidad. “Vamos a realizar el abono de esas cuotas y resolver cualquier malentendido”, concluyen.