Hace unos días, la publicación en la red social X de una mujer que afirmaba haber sido coaccionada por la justicia tras sufrir una suplantación de identidad se volvió viral. Su caso ponía los pelos de punta.
“Hace tres años caí en un enlace fraudulento donde robaron mi identidad (mi DNI, fotos mías e incluso mi cuenta del banco) y a los meses recibí una denuncia por estafa. Ahí empezó la odisea. Ese día me detuvieron injustamente, me tomaron las huellas, fotos… como una criminal”, explicaba.
Abrir cuentas bancarias
Su caso, por desgracia, es más frecuente de lo que parece. Existen grupos de criminales organizados que se dedican a preparar sofisticadas trampas digitales con las que extraen información que les sirve después para abrir cuentas bancarias con las que roban el dinero a otras personas. Contar con un DNI real, además, puede servir para realizar muchísimas gestiones, o incluso para orquestar timos en plataformas de segunda mano.
“No tienen pruebas para demostrar que soy la responsable porque ni siquiera las IP concuerdan conmigo”, clamaba esta afectada, a pesar de que la justicia estaba intentando forzarla “a comerme el marrón”.
El rastro del dinero
La única prueba que sugería su culpabilidad, argumentaba esta afectada en X, era que el dinero robado había ido a parar a una cuenta que estaba a su nombre. Cuenta que, subrayaba, ella no había abierto. Ni siquiera coincidían las direcciones IP, remarcaba, pero pretendían imputarla por nada más y nada menos que blanqueo de capitales.
Además, criticaba la actitud del secretario de la jueza y el hecho de que las autoridades no le hubieran facilitado nada. “Para poder denunciar me mandaron al Banco de España, al CIRBE (…) y nadie me ayudó”. Tomó la decisión de exponer públicamente su caso “porque la propia justicia no me escucha, no tienen pruebas y supongo que querrán cerrar mi caso lo antes posible y lo más fácil es condenarme y a tomar por culo. No he tenido un juicio en mi puta vida, no tengo antecedentes de NADA”, destacaba.
Víctimas y condenas
José Enrique Carrero-Blanco Martínez-Hombre es el socio fundador de Tech Abogados, y cuenta a Consumidor Global que ha llevado casos similares. “Personas que no han hecho nada y que, como mínimo, han tenido que pagar el abogado para conseguir el sobreseimiento”, indica. Por el momento, todos sus casos han quedado en el archivo de la causa, pero no descarta que un día la justicia pueda condenar a un inocente por algo así.
“Sí, puede haber pasado ya. Puede que alguien ya haya tenido esa mala suerte de no haber podido verificar que en realidad había sido víctima. Lo que pasa es que quizá no se haya dado publicidad al caso, pero perfectamente puede haber pasado: condenados por delitos que no habían cometido”, afirma.
Obtención de datos
Este letrado menciona el caso de una persona que “no sabe cómo obtuvieron sus datos” y los utilizaron para realizar apuestas deportivas. También apunta “el fallo de seguridad de Unicaja”, del que Consumidor Global se hizo eco en su día y que provocó una ingente cantidad de estafas, algunas de las cuales ya se han demostrado y han terminado con la condena al banco.
“Hay que tener muchísimo cuidado y, por mucho que la página web en las que uno entra sea parecida a la de la empresa o la institución oficial, conviene comprobarlo”, dice Carrero-Blanco.
Marea judicial
Este experto describe que la mujer que escribió el hilo se encuentra envuelta en una suerte de “marea judicial”. Ella mencionaba la Operación Danza, que en 2023, según Cope, se saldó con la detención de 207 personas que presuntamente “defraudaron más de 830.000 euros al suplantar los números de teléfono de los bancos para conseguir la información de las cuentas de víctimas en toda España”.
Llegado el caso, si la víctima logra probar su inocencia, podría aspirar a recibir una indemnización, pero “del estafador”, dice el fundador de Tech Abogados, no del Estado. “El problema es dónde está el estafador. Normalmente, ni siquiera están en España. Es distinto si hablamos de temas bancarios, porque entonces sí se puede pedir la restitución al banco si se demuestra que no había adoptado las medidas de seguridad necesarias. Pero si no, es difícil”, narra.
Sentimiento de desamparo
La víctima aseguraba que esto solo le había servido “para no creer en la justicia y además, cogerle miedo”. Preguntado al respecto, José Enrique Carrero-Blanco admite que “te encuentras con jueces más y menos empáticos. No sé cómo se habrá llevado la instrucción de la causa, lo que hay que hacer en estos casos es intentar probar que tu cliente no fue el culpable. Si las pruebas te apuntan a ti, hay que acreditar que has sido víctima”, detalla.
“También hay que tener en cuenta que en ocasiones, los fiscales, por sobrecarga de trabajo, no se ponen a investigar muy detenidamente todos los casos como se debiera. Y los temas económicos son demasiado complejos”, reconoce.
Aumento de casos porque “les funciona”
“Cada vez hay más casos de estos. El hecho de que los ciberdelincuentes sigan insistiendo en este tipo de estafas y cada vez veamos más correos electrónicos o mensajes de texto que suplantan a empresas y entidades lo que demuestra es que les funciona. Con que pique uno, ya hacen el agosto”, valora.
Por eso, lo más importante es desconfiar y no enviar información sensible a todo el mundo. “Con una fotocopia del DNI pueden hacer de todo”, alerta. Menciona el letrado el caso de una mujer a la que le cambiaron su contrato de la luz dando solo su nombre y el DNI. Ella ni se enteró.
Más medidas de verificación
“Creo que quizá podría partir del Gobierno exigir más rigurosidad y más medidas de verificación a la hora de las contrataciones electrónicas”, reflexiona el abogado.
“Casi todo el mundo tiene ya certificado electrónico. Si para tener la Clave PIN se te exigen una serie de requisitos para demostrar que ese DNI efectivamente se corresponde contigo, ¿por qué no se exige eso mismo a la hora de hacer contrataciones?”, se pregunta.