Presentada por el Gobierno de España en febrero de 2025, la Estrategia Nacional de Alimentación (ENA) es un ambicioso paso hacia delante al que, no obstante, se le critica por su falta de concreción y participación de los presuntos actores implicados.
Con un planteamiento integrador, es decir, desde la producción hasta el consumo, la ENA pretende abordar importantes problemas relacionados con el entorno alimentario como el cambio climático, la despoblación rural y los problemas nutricionales de la población relacionados con la obesidad y las enfermedades no transmisibles.
Los aciertos de la ENA: una visión integral y necesaria
Uno de los puntos fuertes de la ENA es su enfoque integral. La estrategia no se limita a un aspecto concreto del sistema alimentario, sino que lo abarca de forma transversal, desde la producción primaria hasta el consumo en los hogares.
Otro aspecto positivo es el de reconocer que es imprescindible apoyar a las zonas rurales y costeras, esenciales para el suministro alimentario. En este sentido, la ENA incluye medidas para fomentar el relevo generacional en el campo y la pesca, dos sectores que se enfrentan a un alarmante envejecimiento de su población. También se destaca el impulso a la producción local y de proximidad.
Además, la ENA pone un énfasis notable en la lucha contra el desperdicio alimentario y la promoción de una alimentación saludable. La adopción de medidas para reducir la obesidad infantil y mejorar la educación nutricional a partir de la dieta mediterránea, responde a una necesidad urgente debido a que las crecientes desigualdades en el acceso a alimentos saludables.
Las sombras: falta de participación y concreción
A pesar de sus aspectos positivos, la ENA tiene, en mi opinión, aspectos mejorables. Uno de los principales puede ser la falta de participación de la sociedad civil y de actores clave en su diseño. Aunque para la redacción se realizaron reuniones con algunos sectores, diversas organizaciones han denunciado la ausencia de un proceso verdaderamente inclusivo, lo que ha generado dudas sobre si la estrategia responde realmente a las necesidades del conjunto de la sociedad o si al final solo son “palabras bonitas”.
Otro problema importante es la vaguedad en la implementación de algunas medidas. Si bien la ENA enumera objetivos ambiciosos, en muchos casos carece de plazos claros, indicadores de seguimiento o presupuestos específicos. Sin una hoja de ruta detallada y mecanismos de evaluación, la estrategia corre el riesgo de quedarse en un documento de buenas intenciones con escaso impacto real.
De igual forma, aunque se menciona la necesidad de apoyar al sector agrícola y pesquero, la estrategia no aborda de manera clara la cuestión de la rentabilidad para los productores. La presión de los grandes distribuidores y la competencia de mercados internacionales continúan estrangulando a muchos agricultores y ganaderos, y la ENA no plantea medidas suficientemente sólidas para corregir esta clase de desequilibrios estructurales.
Una estrategia sin medidas concretas en el consumo
El énfasis de la ENA en la alimentación saludable es un punto a favor, pero sus medidas en este ámbito son insuficientes si no se acompañan de regulaciones más estrictas. Aunque se menciona la importancia de la educación nutricional, el documento no establece medidas concretas para frenar el márketing agresivo de productos ultraprocesados dirigidos a los menores.
Tampoco se abordan de forma clara políticas fiscales que podrían incentivar una alimentación más saludable, como la reducción del IVA en productos frescos o el aumento de impuestos a bebidas azucaradas y ultraprocesados. Ya sea en el conjunto de Europa o en países como Francia y Reino Unido se ha avanzado en este tipo de políticas con resultados positivos, y la falta de propuestas en esta línea en la ENA representa una oportunidad perdida.
Propuestas para una ENA más efectiva y participativa
La ENA podría ser un punto de partida valioso si se mejorara, dándole un enfoque más participativo y concreto. El arriba firmante propone:
- Mayor transparencia y participación ciudadana: es fundamental que el Gobierno implemente mecanismos reales de consulta y colaboración con organizaciones de consumidores, pequeños productores, expertos en nutrición y la sociedad civil. La política alimentaria debe ser construida colectivamente y no solo desde los despachos.
- Compromisos claros y vinculantes: la estrategia debe incluir metas con plazos específicos, indicadores de impacto y recursos financieros concretos. Sin estos elementos, las buenas intenciones se quedarán en papel mojado.
- Apoyo real al sector primario: para garantizar una alimentación sostenible, es necesario un mayor respaldo a los agricultores, ganaderos y pescadores, incluyendo precios justos, protección frente a la competencia desleal y medidas contra la especulación en la cadena de distribución.
- Regulación más estricta del mercado alimentario: es imprescindible un marco regulador que limite el marketing de productos poco saludables, al tiempo que también se debería plantear la posibilidad de impulsar incentivos fiscales para seguir una alimentación saludable (no todo ha de ser poner impuestos a los productos con peor perfil nutricional).
- Educación nutricional integral: más allá de campañas puntuales, es necesario incorporar la educación alimentaria en el currículo escolar, formando a niños y adolescentes en hábitos saludables desde una edad temprana y, ya puestos, con la presencia de la figura del dietista-nutricionista en estas labores. No estaría de más desempolvar ciertas propuestas, que tuvieron una buena acogida en su día, como la creación de asignaturas específicas de “alimentación saludable” o talleres de cocina.