El precio de la vivienda se ha disparado en los últimos años, sometiendo a buena parte de la población a una asfixia económica y social que quiebra proyectos vitales, expulsa a vecinos y lleva a miles de familias a vivir al límite. El Gobierno, consciente de ello, anunció en septiembre el informe del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana sobre los avances del Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2026-2030.
La ministra del ramo, Isabel Rodríguez, declaró que este PEV era “un nuevo instrumento para marcar una política contundente y eficaz de vivienda desde lo público”.
Subida de precios de la vivienda
Sin embargo, muchos inquilinos e hipotecados consideran que la actuación del Gobierno (que llegó al poder hace siete años) no se puede calificar ni de contundente ni de eficaz. Y es que los datos muestran que el precio de la vivienda en España se encarece el doble que en la Unión Europea y, como publicó Idealista, comprar una vivienda en España exige todos los ingresos familiares de más de seis años.
Así, a la par que en tres años el precio de la vivienda de compra ha subido un 25%, los salarios lo han hecho solo un 7%, según refleja un informe de Infojobs y Fotocasa. Por todo ello, resulta llamativa la confianza de las autoridades en unas políticas que se están revelando ineficaces.
Riesgo regional y específico de 'burbuja'
El esfuerzo hipotecario para adquirir vivienda ya se acerca a niveles de 2006-2007, tras subir los precios residenciales algo más de un 10% interanual en el segundo trimestre. Los expertos, a pesar de lo amenazante de estos datos, descartan que el mercado se aproxime a un escenario de burbuja generalizada, aunque avisan de riesgo "regional y específico".
Así se recoge en la XXII edición del Observatorio de la Valoración de la Asociación Española de Análisis de Valor (AEV). El 66% de los panelistas de las sociedades de tasación y el 75% de los externos creen que, pese a la magnitud de las subidas, éstas responden a fundamentos sólidos: demanda solvente, perfil de comprador más prudente que antes de 2008 y condiciones de financiación mucho más estrictas.
Presión en Baleares o Canarias
Con todo, en territorios como Baleares o Canarias, donde la demanda extranjera supera el 30% de las operaciones, la presión sobre precios es notable y en algunos segmentos se detectan “dinámicas especulativas vinculadas al alquiler turístico y a la inversión con fines de rentabilidad”.
Estas situaciones, aunque todavía minoritarias, reflejan que el riesgo de burbuja puede "ser regional y específico, más que generalizado en todo el país". Por ello, el secretario general de la AEV, Jorge Dolç, ha urgido a una estrategia a medio y largo plazo que combine financiación, suelo y vivienda asequible para equilibrar el mercado.
Ciudades medianas tensionadas
A diferencia de etapas anteriores, la presión no se limita ya a las grandes capitales, sino que se extiende a ciudades medianas y a zonas donde la demanda de compra no puede materializarse por falta de acceso a financiación.
Además, todos los panelistas coinciden en que los alquileres seguirán encareciéndose en los próximos trimestres. Mientras algunos anticipan cierta moderación en el ritmo, ninguno prevé una corrección significativa a corto plazo. Entre las causas más citadas destacan la escasez de oferta estructural, el trasvase de demanda desde la compra hacia el alquiler o la presión del alquiler turístico, que compite con la vivienda de residencia habitual.
Operaciones sin financiación hipotecaria
El informe pone de relieve que cuatro de cada diez operaciones se cierran sin financiación hipotecaria, una proporción muy elevada en comparación con décadas anteriores, lo que penaliza a quienes carecen de ahorro previo y dependen de hipotecas.
Por ello, el 62% de los panelistas internos considera necesario reforzar las ayudas públicas, mediante avales, subvenciones o hipotecas específicas para jóvenes. Además, creen que la política de vivienda debe priorizar la vivienda accesible frente a fórmulas puramente de mercado.
Propuestas de la Federación de Consumidores y Usuarios
Por su parte, la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha indicado que la inversión pública en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 debe ser aún mayor para enfrentar los retos demográficos y cumplir con los objetivos europeos de renovación energética.
Entre otras cosas, esta entidad ha pedido protección permanente y real de la vivienda pública, financiación garantizada para la rehabilitación y “lucha contra la especulación y control de precios”. Sobre este último punto, CECU expone que, a fin de evitar que las ayudas públicas “deriven en enriquecimiento personal, se exige el desarrollo de un régimen sancionador efectivo contra quienes alquilen las viviendas a un precio superior al permitido”.