¿Quién paga el 'enchufe' de la IA? Los centros de datos amenazan con encarecer la factura de la luz
“Una nueva demanda bien integrada puede impulsar inversiones y aprovechar electricidad que, en determinadas horas, encuentra poco consumo”, explica un experto de Roams
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El debate sobre las potencialidades e inclinaciones de la inteligencia artificial está tomando un cariz cada vez más siniestro. A las oscuras profecías de algunos gurús se suman las complicaciones que acarrean los centros de datos, instalaciones que consumen volúmenes astronómicos de agua y electricidad, tensionando la infraestructura energética y disparando las emisiones de carbono. España quiere centros de datos, pero se muestra cautelosa.
La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, señaló que se deben prevenir los "efectos negativos para el conjunto de la sociedad" una vez que se aborde el despliegue de estos centros. Entre esos efectos, la exministra citó un incremento "muy notable" en el precio de la electricidad o un rechazo social hacia estas infraestructuras.
El precio de la luz ya está disparado
Mejor prevenir que curar, piensa la Comisión. Además, el debate sobre estos centros llega en un contexto delicado: el precio de la luz se ha disparado en lo que va de septiembre, de modo que un consumo masivo adicional podría oscurecer el panorama.
Por su parte, el ministro de Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, aseguró el 14 de septiembre que el Gobierno estaba hablando con el sector de centros de datos para conseguir que el decreto regulador de exigencias energéticas y de soberanía fuera “equilibrado”, pero siempre garantizando que estos centros sean “sostenibles sin que se haga a costa de que todos paguemos más en el recibo de la luz”.
Riesgos a medio plazo y encarecimiento actual
“Conviene separar dos cuestiones: el encarecimiento que ya han notado los consumidores y el riesgo que los centros de datos pueden representar a medio plazo”, explica a este medio Sergio Soto, experto en energía de Roams.
La primera cuestión responde, sobre todo, a la retirada de las rebajas fiscales. Con todo, es evidente que “la presión sobre los precios puede ser real si su consumo crece más deprisa que la generación y las redes necesarias para abastecerlos”. Al respecto, los centros, indica Soto, son instalaciones que necesitan electricidad durante todo el día. Si esa demanda extra no llega acompañada de suficiente producción, almacenamiento y capacidad de red, “habrá horas en las que tendremos que recurrir más a centrales de gas, que pueden encarecer el precio del mercado”.
Llevar la electricidad hasta donde es necesaria
En este escenario, la subida no sería descartable: una familia podría acabar pagando más por consumir exactamente lo mismo. “Además, el problema no se limita a cuánta electricidad podemos producir, sino a si podemos llevarla hasta donde se necesita. La concentración de grandes consumidores en determinadas zonas obliga a reforzar líneas y subestaciones”, apunta Soto.
Por tanto, cabe preguntarse quién paga la fiesta, y más cuando Redeia (que tiene un 20% de titularidad pública) ya ha invertido 9 millones en una subestación eléctrica para el centro de datos de Blackstone. Podría ser una pista de por dónde van los tiros.
“Quien tenga un precio fijo estará protegido”
“El encarecimiento de la energía puede trasladarse antes a los contratos indexados y, parcialmente, al PVPC. Quien tenga un precio fijo estará protegido durante el periodo pactado respecto al precio de la energía, aunque podría encontrarse con ofertas más caras cuando llegue la renovación”, detalla Soto.
Bajo el punto de vista de Roams, el debate regulatorio debe centrarse precisamente en esas condiciones: nueva generación que acompañe al consumo, redes suficientes y un reparto adecuado de los costes.
Barclays cree que la luz subirá un 23%
A pesar de que todo está por hacer, algunas entidades ya plantean escenarios inquietantes. Un informe del banco de inversión británico Barclays estima que el precio de la luz se encarecerá hasta un 23% y que la infraestructura necesaria para hacer que la IA tire supondrá, dentro de una década, uno de cada cinco kilovatios consumidos.
“Si la previsión que plantea Barclays se cumple y los centros de datos llegan a concentrar una quinta parte del consumo eléctrico español, sí estaríamos ante un cambio estructural”, reconoce Soto, tanto por el volumen de electricidad requerido como por las características de esa demanda.
El traslado dependerá del contrato
Ahora bien, tercia, ese escenario no significa automáticamente que las familias vayan a pagar un 23% más en su recibo. “Esa estimación debe interpretarse con sus hipótesis, su horizonte temporal y su referencia de comparación. Si corresponde al precio mayorista, su traslado a la factura dependerá del contrato de cada consumidor y de la evolución del resto de conceptos que paga”.
En este sentido, el experto de Roams recuerda que España cuenta con una ventaja importante por su capacidad de generación renovable. “Una nueva demanda bien integrada puede impulsar inversiones y aprovechar electricidad que, en determinadas horas, encuentra poco consumo. Pero un centro de datos también necesita funcionar cuando no hay sol o apenas sopla el viento”, advierte.
“España podría asumir una cantidad razonable de centros de datos”
Por eso, que España sea atractiva para estas inversiones por sus costes energéticos “no garantiza que conserve esa ventaja si la demanda crece más rápido que las infraestructuras necesarias para atenderla. Podemos atraer proyectos gracias a una electricidad competitiva y terminar erosionando esa competitividad si no acompasamos ambos desarrollos”.
Antonio Aceituno es el director de la consultora energética Tempos Energía, y tiene un punto de vista parecido. “El consumo de un pequeño centro de datos es equivalente al de una siderúrgica mediana”, explica a Consumidor Global. “Si las renovables empujan como hasta ahora, España podría asumir una cantidad razonable de centros de datos, siempre y cuando las cosas se hagan bien, de forma ordenada y coordinada”, considera. Se trata, bajo su punto de vista, de “una oportunidad para el país”.
El 80% de la energía debe ser renovable
A su juicio, la idea del Gobierno de obligar a los centros de datos a que el 80% de su energía sea de origen renovable resulta del todo pertinente. Además, apunta que en España tampoco se van a instalar demasiados centros de datos, ya que serían unos 15 o 20. “En principio no habría colapso en la red, pero el mix energético español tiene muchas incógnitas por resolver”, asegura.
¿Qué papel jugarán las baterías, es decir, los sistemas de almacenamiento de energía a gran escala?, se pregunta Aceituno. Además, recuerda que, al hablar de precios, olvidamos con frecuencia que el coste no sólo depende de la demanda, sino que el gas es el factor determinante.
El caso de Irlanda
En Irlanda, los centros de datos ya consumen más del 20% de toda la electricidad del país, y podrían representar el 31% en 2034. Al calor de estos datos, en el país se ha reabierto el debate sobre la pertinencia de la energía nuclear, prohibida desde hace décadas, para dar respuesta a la demanda.
“Nuestro mix eléctrico y nuestro debate energético parten de un punto muy distinto, con mucha más renovable ya instalada y un calendario de cierre nuclear pactado entre el Gobierno y las eléctricas para el periodo 2027-2035. Lo que sí compartimos es el riesgo de fondo: que la demanda de los centros de datos crezca más deprisa que la generación y las redes necesarias para abastecerla”, reconoce Soto.
El riesgo de una planificación insuficiente
“En España, si las infraestructuras no avanzan al ritmo de los proyectos, cabe esperar más dificultades de conexión, instalaciones que tengan que retrasar su puesta en marcha y presión para acelerar las inversiones en redes y almacenamiento. No hace falta un giro nuclear para que una planificación insuficiente tenga consecuencias económicas”, alega.
Con todo, la autorización de Almaraz hasta junio de 2030 muestra que ya se han producido ajustes y que hay ruido de fondo. “Revisar la planificación cuando cambian las necesidades es razonable; lo que debemos evitar es que los hogares terminen pagando las consecuencias de no habernos anticipado”, zanja el experto de Roams.
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