Hace unos días, la Ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, sonreía en una entrevista para El País en la que aseguraba que existe un consenso en España en torno al hecho de que no puede haber especulación con la vivienda. “Estamos ganando”, proclamó. Victoria extraña esa en la que el porcentaje de propietarios más jóvenes se ha hundido a la mitad en apenas una década. Mientras los proyectos vitales se resquebrajan, los vecinos son expulsados de sus barrios y la demanda no deja de crecer en las grandes ciudades.
El precio de la vivienda experimentó un aumento del 12,7% en 2025, superando los máximos registrados en la burbuja de 2007. A la par, los datos de Idealista reflejan que el precio medio del metro cuadrado se ha duplicado en 10 años. Por su parte, entre 2015 y 2024, el salario medio bruto aumentó un 26%, mientras que el alquiler subió en ese mismo período un 82%, más del triple.
Críticas al Plan Estatal de Vivienda
Cunde el desánimo y la rabia entre millones de españoles que sienten que la posibilidad de trazar un futuro con certezas les ha sido arrebatada. Tras un largo tira y afloja, el Gobierno presentó hace unos días el nuevo Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2026-2030, que contempla numerosas ayudas para el fomento del parque público de vivienda, la rehabilitación de edificios y la reducción del esfuerzo económico que supone para los hogares.
Sin embargo, la Federación de Consumidores y Usuarios CECU plantea serias dudas sobre la eficacia real del plan y lamenta su “falta de ambición”. Hablamos con Eloy Gutiérrez, antropólogo especializado en intervención social, migraciones y urbanismo y representante de Vivienda en la entidad.
--Antes de entrar en los datos, quería preguntarle por las sensaciones. ¿Cree que, en general, los gobernantes son conscientes de la magnitud de la crisis de vivienda?
--Sí, son conscientes de la magnitud porque es una cuestión que afecta a un alto porcentaje de la población. La cuestión es la valentía a la hora de abordar la problemática en su conjunto y los factores que dan lugar a esta crisis que atraviesa el país.
--Ciertamente afecta a muchos sectores, pero el otro día se publicó que el 67% de los jóvenes (18–34 años) sigue viviendo con sus padres. ¿Cree que es un sector de la población especialmente castigado?
--Creo que centrar el problema de acceso a la vivienda solo en la juventud es problemático, porque no es una cuestión que solo afecte a los jóvenes. Vemos diariamente cómo jubilados son expulsados de sus viviendas porque son compradas por fondos de inversión que les suben alquiler el doble o el triple de lo que venían pagando, y no pueden hacer frente. Cada sector de la población sufre esta crisis de vivienda con unas características, pero centrarse sólo en la juventud sería hacerse trampas al solitario.
--CECU considera que, en el Plan Estatal de Vivienda, se debería haber garantizado el alquiler social con carácter permanente de las viviendas públicas. Además, critica la ausencia de líneas de financiación específicas para la rehabilitación de viviendas de consumidores vulnerables. ¿Por qué cree que se han dejado fuera?
--Porque está planteado que esa financiación salga del Plan Social para el Clima, pero ahora mismo no tenemos la certeza de que este plan vaya a ser aprobado. Primero se debe aprobar la transposición del ETS2 y posteriormente se daría pie a que este plan fuese aprobado. Nosotros lo que pensamos es que esa financiación destinada a que los hogares vulnerables puedan rehabilitar sus viviendas tiene que darse con un carácter estructural. No podemos generar una brecha que haga que quienes tengan acceso a ayudas o se lo puedan permitir puedan vivir en viviendas con condiciones energéticas eficientes; y, quienes no, se vean abocadas a vivir en viviendas completamente deficientes. Eso conlleva problemas de salud, frío…
--El Banco de España calcula que España tiene un déficit de vivienda de unas 700.000 unidades. ¿Qué opinan al respecto?
--La construcción puede ser una opción, siempre y cuando primeramente se movilice la vivienda que no está destinada a usos habitacionales. Ya no solo nos referimos a la vivienda vacía, sino a la vivienda destinada a uso turístico en zonas en las que el mercado residencial está altamente tensionado y no se ponen en práctica políticas que cubran las necesidades de la población que habita nuestro país. Es vivienda, además, que ya tenemos construida, no hace falta esperar. También es cierto que hay vivienda vacía en zonas de baja densidad poblacional, y ahí nos podemos plantear qué políticas podemos llevar a cabo para abordar el reto demográfico. Que en esa zona que llamamos la España Vaciada, la gente tenga interés en volver a vivir.
--Aunque se movilice vivienda, en los últimos cinco años en España se han creado más de un millón de nuevos hogares. A pesar de esto, ¿creen que la construcción no es prioritaria?
--Primero tenemos que afrontar la urgencia. Hay una escasez de vivienda, y debemos preguntarnos si viene de la creación de nuevos hogares o de que la vivienda que se usaba para vivir se ha llevado a usos especulativos o a usos como el alquiler habitacional. Si tenemos que esperar a construir, el problema seguirá estando hasta que estén listas. Por eso, una vez que se haya movilizado el parque, ya veremos hasta qué punto es necesario construir, en qué momentos o en qué lugares.
--En noviembre, el Congreso tumbó la propuesta de Sumar de prohibir a los fondos de inversión comprar casas en España. El PSOE se abstuvo. ¿Consideran que habría sido una medida positiva?
--Hay que entenderlo todo en el conjunto. Habría sido positiva en tanto en cuanto son actores que usan la vivienda para el enriquecimiento económico, no como una infraestructura social. La gente compra una vivienda porque necesita un lugar en el que dormir, en el que resguardarse, en el que cocinar… Un lugar en el que tener una vida. En cambio, una empresa no compra una vivienda para poder descansar cuando llega a su casa de trabajar o para dar una vida digna a sus familiares. Lo que piensa la empresa es que va a adquirir 80 metros cuadrados y va a hacer seis habitaciones para alquilarlas y aumentar el beneficio.
--A pesar de sus esfuerzos, Sumar no ha logrado que el decreto de la prórroga de los alquileres salga adelante. ¿Cuál es la situación ahora?
--El decreto es una herramienta de contingencia ante la situación. En un momento en el que tenemos precios en máximos históricos, lo que posibilita es ampliar los contratos vigentes por dos años más. Es una consecuencia del afán especulativo que hay sobre la vivienda, en un momento en el que el 61% pertenece a fondos de inversión y a multiarrendadores. La prórroga, lo único que hace, es prorrogar durante dos años los derechos y las obligaciones de arrendadores y arrendatarios. Eso significa que, si el casero necesita la casa para uso propio, puede seguir demandándola. No se está desvirtuando el mercado ni nada parecido, es simplemente una ampliación. Dado que no ha sido aprobado, probablemente, aquellos arrendadores que tengan un afán especulativo judicialicen estos casos, de modo que serán los tribunales los que finalmente decidan la validez o no de esta prórroga.
--Sumar ha instado a los inquilinos a pedir la prórroga. Por ello, a nivel jurídico, ¿no les ha dirigido a colocarse en una situación de inseguridad?
--No. En el momento en el que solicitas la prórroga, tienes dos años más de contrato. La inseguridad viene de la mano de quien pretende especular con la vivienda y hace que no sepas si te vas a tener que ir de tu casa o si vas a poder alquilar otra en el mismo municipio, el mismo barrio o incluso verte abocado al hacinamiento habitacional. ¿Qué modelo de país queremos construir, uno en el que en una vivienda viven dos o tres familias, porque no son capaces de alquilar una para ellos solos? Eso genera una inseguridad mucho más grave para las familias españolas.
--El tope al alquiler en Barcelona ha generado mucha controversia. Los datos indican que los contratos de arrendamiento firmados han caído y el precio medio por vivienda baja ligeramente. ¿Qué valoración hacen?
--Esto viene por un hueco que se dejó en la Ley de Vivienda. La sociedad civil demandaba que se regulase el mercado de alquiler temporal y de habitaciones, porque se preveía que lo que iba a ocurrir era esto: ante la regulación de los arrendamientos de vivienda habitual, los caseros y fondos de inversión iban a virar a la vivienda temporal y para así no acogerse a las regulaciones y limitaciones. De aquellos barros, estos lodos.
--Hay quienes creen que esta situación es extremadamente insostenible y la burbuja pinchará, ¿qué opinan?
--La burbuja de facto ya existe, la cuestión de cuándo explotará es algo que no conocemos, como tampoco sus consecuencias. Esperemos no llegar a eso y que sea resuelta por las administraciones, que tomen medidas valientes que no nos conduzcan a millones de desahucios.