La cuenta atrás ha comenzado. Si nada cambia, en enero de 2027 los conductores y propietarios de viviendas en España se enfrentarán a una nueva realidad económica que impactará directamente en sus bolsillos.
La entrada en vigor del nuevo régimen comercial de derechos de emisiones de la Unión Europea amenaza con encarecer el precio de la gasolina y el diésel hasta en 45 céntimos por litro. Se trata de una medida que busca acelerar la transición ecológica, pero que ya ha encendido las alarmas del Banco de España y del sector del transporte por su potencial para disparar la inflación y los costes operativos.
Pagar por emitir gases de efecto invernadero
La iniciativa, impulsada desde Bruselas, extenderá la obligación de pagar por emitir gases de efecto invernadero a sectores hasta ahora exentos: el inmobiliario y el transporte por carretera. Estos se sumarán así a la industria energética, las plantas electrointensivas, la aviación comercial y el transporte marítimo, que ya operan bajo este sistema. El objetivo es ambicioso y medioambientalmente loable: duplicar el ritmo de reducción de emisiones en Europa para alcanzar en 2030 un recorte del 62% respecto a los niveles de 2005.
Sin embargo, tal y como indica el diario ABC, el camino hacia una economía más verde augura una factura considerable. La medida se traducirá, en la práctica, en un sobrecoste de los combustibles fósiles que podría sentirse con fuerza en cada repostaje y en cada factura de calefacción.
El Banco de España ya alerta de un “fuerte repunte” de la inflación
La advertencia más seria sobre las consecuencias macroeconómicas de esta medida ha llegado desde el Banco de España. En su última actualización de proyecciones económicas, el organismo supervisor anticipa un “fuerte repunte del IPC en 2027”. Concretamente, prevé que la tasa de inflación escale desde el 1,7% pronosticado para 2026 hasta el 2,4% en 2027, achacando este salto “principalmente a la introducción del nuevo régimen de comercio de derechos de emisión”.
Este impacto estimado de siete décimas en el nivel general de precios, con origen en el encarecimiento de los carburantes, pronostica un fuerte efecto contagio sobre el resto de la economía. Al ser el transporte un coste transversal para prácticamente todos los bienes de consumo, la subida en los surtidores acabará repercutiendo en el precio final de la cesta de la compra.
El transporte de mercancías prevé un impacto “brutal”
El sector que sufrirá el golpe de manera más directa, el del transporte por carretera, ya ha puesto el grito en el cielo. El presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), Carmelo González, ha avanzado que el impacto que tendrá la medida sobre los costes de los transportistas será “brutal”.
Las empresas de transporte, que ya operan con márgenes muy ajustados, se enfrentarán a un encarecimiento de su principal partida de gasto, el combustible, lo que amenaza su viabilidad y forzará una revisión al alza de sus tarifas que, inevitablemente, pagará el consumidor final.
¿Cómo funcionará el nuevo sistema?
El nuevo sistema, conocido como ETS2, obligará a los distribuidores de combustibles para el transporte por carretera y la calefacción de edificios a comprar derechos por cada tonelada de emitida. Este coste será trasladado a los consumidores a través del precio final de la gasolina, el diésel o el gas para calefacción.
El objetivo de la Unión Europea es doble. Por un lado, desincentivar el uso de combustibles fósiles y, por otro, generar ingresos que se destinarán a un Fondo Social para el Clima. Este fondo, dotado con miles de millones de euros, estará destinado a ayudar a los hogares más vulnerables y a las microempresas a hacer frente a este incremento de costes, así como a financiar inversiones en eficiencia energética y movilidad sostenible.