Ryanair vuelve a estar en el punto de mira. Esta vez ha llamado la atención de la Autoridad británica de Competencia y Mercados (CMA, en inglés), la cual ha abierto una investigación a la aerolínea tras detectar el cobro de un extra que podría ser ilegal.
Hablamos del recargo que aplica la compañía para que los padres se sienten en el avión al lado de sus hijos. Las condiciones generales de Ryanair exigen que los menores de entre 2 y 11 años -incluso aquellos con una discapacidad- deben estar acompañados por al menos uno de los padres. Se trata de un "asiento familiar obligatorio" -así lo denomina la empresa irlandesa-, cuyo coste debe abonar uno de los progenitores.
Una cláusula abusiva
Esta tarifan se aplica tanto en el vuelo de ida como en el de vuelta. Tiene un coste medio de 8 libras (9,26 euros) por trayecto. Lo que trata de esclarecer la CMA es si se trata de una clausula contractual abusiva de acuerdo con la legislación británica de protección al consumidor.
También determinará si este enfoque de la aerolínea irlandesa con respecto a las reservas de asiento implica que se esté cobrando a los padres para así cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad infantil y de discapacidad.
Ryanair es la única aerolínea que aplica el extra
Como parte de la investigación, las autoridades británicas examinarán si la tarifa obligatoria por asiento familiar aparece desglosada durante el precio de reserva. Además, deben cerciorarse si a los consumidores se les muestra el precio total que pagarán, como indica la ley.
La investigación se encuentra en fase inicial y no ha llegado todavía a una conclusión sobre las presuntas infracciones de Ryanair. No obstante, la aerolínea irlandesa es la única que aplica este cargo en el Reino Unido, mientras que otras compañías asignan los asientos juntos de manera gratuita durante la reserva.
A qué multa se expone Ryanair
Si finalmente se confirma la infracción, la CMA podría multar a Ryanair de dos formas. O bien con hasta el 10% de su facturación global o con 300.000 libras, que equivalen a casi 350.000 euros, si la cifra es superior al 10%.
De momento, habrá que esperar para ver cómo transcurre la investigación.