A nadie le hace ninguna gracia estar esperando una llamada y de pronto encontrarse con que al descolgar el teléfono resulta que no es ni el médico, ni la llama laboral que esperas, ni siquiera es de algún amigo, es comercial. La eterna tortura del spam telefónico por el que nos da tanto miedo responder con un “¿Sí?”, no vaya a ser que luego nos tengamos que arrepentir y resulta ser un fraude telefónico.
No es cuestión de alarmarse en exceso. En muchos casos, estas llamadas provienen de empresas que, con una insistencia que puede resultar agotadora, intentan contactar con potenciales clientes para promocionar sus productos o servicios. Sin embargo, algunas de estas comunicaciones van más allá de una simple oferta comercial y pueden estar destinadas a recopilar datos personales o, en el peor de los casos, ser un método para cometer fraudes y engaños.
La lucha contra el spam telefónico: un problema aún vigente
El pasado 30 de junio entró en vigor la Ley General de Telecomunicaciones, con el propósito de erradicar las llamadas comerciales no solicitadas. No obstante, a pesar de esta regulación, miles de personas siguen recibiéndolas.
Hace casi dos años, se prohibieron las llamadas comerciales aleatorias, pero la normativa no ha logrado eliminarlas por completo. Muchas empresas han encontrado vacíos legales que les permiten seguir operando. Una de las estrategias más utilizadas para obtener consentimiento de los usuarios es la inclusión encubierta de autorizaciones en la aceptación de cookies o términos y condiciones de diversas páginas web. De esta forma, muchas personas otorgan permiso sin ser plenamente conscientes de ello.
Bloqueo de llamadas comerciales desde teléfonos móviles
Para combatir este problema, algunos fabricantes de teléfonos han integrado sistemas automáticos de detección de llamadas no deseadas en sus dispositivos, permitiendo a los usuarios identificarlas y rechazarlas. No obstante, estos filtros no son totalmente precisos y, en ocasiones, algunas llamadas logran pasar desapercibidas.
Con el fin de reforzar las restricciones y proteger a los consumidores, el Ministerio para la Transformación Digital ha implementado nuevas medidas, entre ellas:
- Prohibición de llamadas comerciales desde números móviles.
- Obligación de las operadoras de bloquear llamadas y mensajes de texto sospechosos de ser fraudulentos.
Estas disposiciones quedaron registradas en una orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 15 de febrero, con el objetivo de proteger a los ciudadanos frente a intentos de estafa y suplantaciones de identidad. Gracias a estas medidas, los consumidores podrán evitar responder llamadas de números desconocidos solo para encontrarse con publicidad no deseada o posibles fraudes.
¿Desde qué números podrán seguir llamándote?
Uno de los cambios más importantes con esta normativa es que las empresas deberán utilizar exclusivamente números habilitados para la atención al cliente.
Los únicos prefijos desde los cuales las compañías podrán comunicarse con los usuarios serán:
- +800
- +900
Estos serán los únicos números que garantizarán que una llamada comercial es legítima.
Además, si una empresa necesita contactar con un cliente desde una sucursal específica, podrá hacerlo a través de un número fijo con el prefijo correspondiente a su provincia. Por ejemplo, si se trata de una oficina ubicada en Sevilla, la llamada podrá provenir de un número que comience con 955.
El objetivo de esta medida es reducir drásticamente el número de llamadas comerciales no deseadas y disminuir las oportunidades para los fraudes telefónicos.
Multas para quienes no cumplan con la normativa
Las empresas que infrinjan esta ley podrán enfrentarse a sanciones económicas severas. Dependiendo de la gravedad de la infracción, las multas oscilarán entre:
- 100.000 euros en el caso de incumplimientos leves.
- Hasta 2 millones de euros si se trata de faltas graves.
Estas sanciones están recogidas en los artículos 106, 107 y 108 de la Ley General de Telecomunicaciones y buscan garantizar que las empresas respeten la normativa establecida.
Con estas acciones, el Gobierno pretende eliminar el spam telefónico y reforzar la seguridad de los consumidores frente a estafas y prácticas comerciales abusivas.