Una decisión improvisada, tomada in extremis, que perjudica a los que sí han sido responsables. Así se sienten algunos profesionales que se dieron de alta en Verifactu, un sistema de emisión de facturas verificables impulsado por la Agencia Tributaria (AEAT) que en teoría iba a ser obligatorio a partir del 1 de enero para las empresas que tributen con el impuesto de sociedades, y a partir del próximo 1 de julio para los autónomos.
Ahora, el Ministerio de Hacienda ha aplazado hasta 2027 la entrada en vigor de este sistema destinado, en teoría, a luchar contra el fraude fiscal mediante la digitalización y el control en tiempo real de las transacciones. La decisión, que respondía a las quejas y peticiones de patronales y asociaciones, ha supuesto un alivio para muchos y una gran decepción para los que más prisa se habían dado.
“Nos dicen que no”
En las redes sociales, multitud de usuarios han protestado por este aplazamiento. “A 29 días de la entrada en vigor del Verifactu, cuando muchos autónomos ya hemos pagado los programas de facturación para adaptarnos, nos dicen que no... que ahora en 2027”, lamentaba un afectado en X.
“Al final el Gobierno ha cedido a la presión y ha decidido retrasar Verifactu un año más, premiando a los que no han movido un dedo para cumplir con la Ley y perjudicando a los que han invertido su tiempo y dinero para hacer las cosas bien”, decía otro.
“Todo a la basura”
“Las empresas han gastado tiempo y energías en acomodarse al sistema de facturación Verifactu, que entraba en vigor el 1 de enero. Los programadores, millones en inversión y en publicidad. Todo a la basura porque ahora se aplaza un año. Nunca nada en plazo. Siempre todo mal”, protestaba un tercero.
Así, se suceden palabras como “chiringuito” o “chapuza”. En LinkedIn, este descontento también se ha hecho notar. Por ejemplo, una usuaria especializada en finanzas y transformación digital ha expuesto que, mientras sus compañeros y ella llevan meses redactando manuales y redefiniendo flujos de trabajo, la empresa que “ignoró la normativa de Verifactu” y la que “decidió no hacer nada y jugársela”, hoy gana. “Hemos corrido para llegar a tiempo. Para hacerlo bien. Hemos presionado a clientes para evitarles el riesgo de una sanción de 50.000 euros”, relataba.
Gestha lamenta la falta de información
Por su parte, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, considera que el aplazamiento durante un año de la norma VeriFactu puede ser útil para casi cinco millones de pymes y autónomos, aunque ha lamentado que el Departamento que dirige María Jesús Montero no les haya informado previamente de esta prórroga aprobada en Consejo de Ministros.
En la misma línea, la patronal Cecot ha celebrado la decisión, aunque critica que la medida "llega tarde" y generará desconcierto entre las empresas. "Este cambio de última hora evidencia que, una vez más, los tiempos políticos y de negociación empresarial no se alinean con las dinámicas empresariales y económicas", ha dicho la patronal.