Qué pasa con la moratoria de desahucios: a quién afecta y cómo puede resolverse
Una serie de organizaciones sociales y partidos políticos exigen al Gobierno que prorrogue la medida para evitar que miles de personas puedan acabar en la calle
En España, el precio de la vivienda se ha encarecido más de un 40% en 10 años, y el del alquiler lo ha hecho en un porcentaje similar. En este contexto, la proporción de los ingresos del hogar requerido para acceder a una vivienda en alquiler se encuentra en el 36% de todas las ganancias netas de una familia media en España, según un cálculo de Idealista.
Por su parte, el IX Informe FOESSA detalla que el 45% de la población que vive en régimen de alquiler se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, la cifra más alta de toda la Unión Europea. En este marco, una medida de protección destinada a amparar a los más vulnerables está a punto de caer: la moratoria antidesahucios, que caduca el próximo 31 de diciembre.
Moratoria de desahucios
Por ello, a principios de semana, una amplia representación de entidades, asociaciones de consumidores y movimientos sociales alertó sobre la inminente finalización de la moratoria de desahucios, que desde su aprobación en 2020 y hasta 2024 ha mantenido suspendidos casi 60.000 lanzamientos de familias vulnerables.
A juicio de estas entidades, entre las que figuran la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Facua-Consumidores en Acción y la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU), “esnecesario hacer que esta moratoria sea permanente y que se amplíe su cobertura, ya que detectamos que no ha funcionado en el 75% de los desahucios debido a diferentes lagunas tanto en la redacción de la medida como en la interpretación que se hace desde el poder judicial”.
Una medida estructural, y no coyuntural
Pablo Pérez, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, explica a Consumidor Global que es algo que llevan denunciando año tras año. “Siempre nos vemos en la misma situación: presionar al Gobierno hasta que se renueve cuando llega diciembre. Creemos que debería ser una medida estructural y no coyuntural. Hablamos de personas que no tienen alternativa habitacional: el estudio que se ha hecho en Barcelona refleja que solo al 2% se le ha ofrecido algún tipo de alternativa”, argumenta.
“Si te van a desahuciar y la Administración no te puede garantizar el derecho a la vivienda ni ofrecerte alternativas, tiene que haber una moratoria, como ya la hay con las hipotecas”, alega. Su análisis coincide con el de la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, quien ha presionado al PSOE para que prorrogue la suspensión y la haga permanente "de manera urgente".
Inseguridad jurídica
Por su parte, la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) ha alegado que la medida solo crea inseguridad jurídica. Así lo afirmó José Ramón Zurdo, abogado especializado en arrendamientos y director general de la entidad, a idealista/news, quien tachó la propuesta de “intervencionista”.
“Esta medida solo crea más inseguridad jurídica entre los que tienen la potestad de sacar más viviendas al alquiler, que son los arrendadores, tanto privados como institucionales, y que por tanto son los que tienen la llave para aumentar la oferta de alquileres. Si se les ataca no sacan viviendas al alquiler”, aseguró al citado medio.
“Los que necesitamos seguridad somos quienes vivimos de alquiler”
“Los que necesitamos seguridad somos las personas que vivimos de alquiler”, replica Pérez. “Esta moratoria no cubre, por ejemplo, los alquileres de temporada y por habitaciones, que hemos visto que son los que más han crecido desde la aprobación de la Ley de Vivienda, quizá para intentar escaquearse de cualquier tipo de control”, critica.
Además, a juicio del Sindicato, esto es solo “la punta del iceberg”: el próximo año vencen 300.000 contratos de alquiler, y Pérez cree que toda esa gente también está “desprotegida”. Por otra parte, el experto recuerda que cuando se aprobó la moratoria se incluyó un sistema de compensaciones económicas para los caseros que pudieran sufrir pérdidas, y menos de uno de cada diez ha reclamado dicha ayuda.
Más de 25.000 desahucios
Los datos de la Plataforma Habitat 24, que analiza las estadísticas publicadas por el Consejo General del Poder Judicial, reflejan que en 2024 se practicaron en España 27.564 lanzamientos, un 3,4% más que en 2023, de los que el 74,6% estuvieron vinculados a procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, fundamentalmente por impago de alquiler.
Es una cuestión espinosa que tiene muchos matices. Así, Carlos Balado, profesor de OBS Business School y director de Eurocofín, recuerda a Consumidor Global que el Real Decreto tenía, en origen, una finalidad muy concreta: luchar contra los efectos económicos del COVID. “Estaba circunscrito a hogares declarados vulnerables que se vieran afectados por la pandemia”, precisa.
Prórrogas sucesivas
En 2022 se prorrogó para paliar los efectos de la guerra de Ucrania, en 2023 para dar tiempo a las comunidades autónomas para poner en marcha un proyecto de conciliación establecido por La Ley de Vivienda, y en 2025 incluido en un paquete ómnibus.
“No ha sido algo aprobado como una ley como tal, el Gobierno lo ha ido aprobando vía Real Decreto”, incide Balado. Dicho esto, el profesor de OBS considera que, si se atiende a la positiva evolución de la economía y el empleo, “no se justifica la medida”. “Tiene poco sentido, puesto que era para una finalidad muy concreta”.
“Faltas viviendas asequibles”
Con todo, el experto de Eurocofin sugiere que las comunidades autónomas, a las que está traspasada la responsabilidad, no han sido lo suficientemente diligentes. Además, cree que ir alterando la finalidad del RD supone fomentar la “inseguridad jurídica” en un momento en el que “más que crisis de vivienda, habría que hablar de que faltan viviendas asequibles para la población”.
Bajo su punto de vista, los arrendadores probablemente se retraigan ante una situación como esta. En cuanto al mecanismo de compensación, Balado cree que “es lenta” y tarda en llegar al propietario, los criterios de base “no son claros” y varían en función de la comunidad autónoma.
El Estado ha hecho “menos de lo necesario”
Las administraciones públicas, considera, han hecho “menos de lo necesario” para dar alternativa habitacional a las potenciales 60.000 personas que entran dentro de la definición de hogar vulnerable que podrían quedarse en la calle en menos de un mes.
“El mercado inmobiliario tiene unos desajustes y unos desequilibrios notables a los que no se está haciendo frente. Y, en caso de que esta cifra aumente, se debe también a que las administraciones han estado pasivas”, apunta. Por ello, si la moratoria se prorroga, Balado cree que tendría que venir acompañada de una serie de medidas que garantizaran alternativas reales. “Se entendería que se prorrogase si la solución al problema se pone en marcha. Si se prorroga para no dar solución al problema, hablamos de algo distinto”.
Los jueces tienen la última palabra
Por otra parte, tampoco debe ignorarse el hecho de que las resoluciones judiciales que se están dictando sobre la materia tienen una línea interpretativa bastante estricta. Es decir, que los tribunales se remiten al requisito de vínculo causal con el COVID-19, y solo están considerando que la suspensión procede cuando la situación de vulnerabilidad se circunscribe a la pandemia.
Si la vulnerabilidad es previa al COVID, no se considera la suspensión del proceso de desahucio. El juez es, en fin, quien pondera la situación y tiene la última palabra.