Las reseñas falsas en internet tienen los días contados. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha propuesto un paquete de medidas para combatir este tipo de prácticas, entre las que destaca la posibilidad de que los empresarios soliciten la eliminación de comentarios fraudulentos si pueden acreditar que no se corresponden con una experiencia real.
La medida busca proteger al sector turístico y hostelero frente a valoraciones manipuladas o malintencionadas. Se enmarca en una enmienda a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que se encuentra ya en la fase final de tramitación parlamentaria. En concreto, esta enmienda modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores.
Acreditar que la reseña no es real
A diferencia de la propuesta italiana, que contempla la retirada directa de reseñas sospechosas, el modelo español exigirá al empresario aportar pruebas sólidas. Deberá demostrar que el usuario no ha comprado el producto o disfrutado del servicio, o bien que el contenido de su comentario es falso.
Desde Consumo explican que "al ser una norma de ámbito general no se entra a concretar la forma en que el empresario deberá acreditar la falta de veracidad de la reseña”. No obstante, se podrán utilizar elementos adaptados al caso concreto. Desde “pruebas que demuestren que una factura que se muestra en la reseña ha sido manipulada o que los precios a los que aluden las reseñas no son reales, por ejemplo", concluyen.
Un mes para opinar
Otra de las novedades es que las reseñas deberán dejarse en un plazo máximo de 30 días tras la compra o disfrute del servicio. Según el departamento dirigido por Pablo Bustinduy, esta medida busca garantizar que la opinión refleje una experiencia reciente y auténtica.
Además, se contempla el derecho a réplica del empresario, con el objetivo de ofrecer al consumidor una información más completa que le permita tomar decisiones de compra con mayor criterio. Consumo también ha recordado otras obligaciones ya recogidas en la legislación vigente, como la prohibición de comprar o vender reseñas y la obligación de informar si se ha verificado que quien opina es un consumidor real.