Aerolíneas, pisos turísticos, apuestas e influencers: la ofensiva legislativa del Ministerio de Consumo
De las garantías de los productos a las sanciones contra aerolíneas y plataformas digitales: seis años de reformas bajo los mandatos de Alberto Garzón y Pablo Bustinduy
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El precio de una maleta de cabina, las llamadas interminables a un servicio de atención al cliente, los descuentos sospechosos del Black Friday o los anuncios de viviendas turísticas sin licencia tienen algo en común: todos han acabado bajo la lupa del Ministerio de Consumo.
Desde su creación como departamento independiente en 2020, el organismo ha impulsado cambios legislativos y actuaciones administrativas que afectan a la relación cotidiana entre empresas y consumidores.
De Garzón a Bustinduy
La transformación se ha desarrollado bajo dos ministros. Primero, Alberto Garzón, que dirigió Consumo entre 2020 y 2023, durante el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Después, Pablo Bustinduy, al frente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 desde noviembre de 2023, dentro del Ejecutivo de PSOE y Sumar.
Aunque ambas etapas presentan prioridades diferentes, existe una continuidad legislativa. Durante la primera se reforzaron derechos y facultades sancionadoras de la Administración. En la segunda, además de aprobarse nuevas normas, esas competencias se han utilizado para investigar y multar a grandes compañías.
Multas millonarias a las aerolíneas
Uno de los episodios de mayor repercusión tuvo lugar en noviembre de 2024, cuando el ministerio de Bustinduy impuso multas por un total de 178,9 millones de euros a cinco aerolíneas de bajo coste: Ryanair, Vueling, easyJet, Norwegian y Volotea.

Las sanciones respondían a prácticas que Consumo consideró abusivas, como cobrar suplementos por determinados equipajes de mano o exigir pagos adicionales para reservar asientos contiguos cuando se viaja con menores o personas dependientes. Ryanair concentró la mayor parte de las multas, con más de 107 millones de euros. Las compañías han cuestionado las sanciones.
Airbnb, también en el punto de mira
El transporte aéreo no ha sido el único sector investigado. En diciembre de 2025, el ministerio sancionó a Airbnb con 64 millones de euros por publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, con licencias incorrectas o con información que consideró engañosa.
En marzo de 2026, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó la solicitud de medidas cautelares presentada por la plataforma para suspender la sanción, aunque esa decisión no constituye una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto.

Las inmobiliarias, bajo vigilancia
La ofensiva administrativa también se ha extendido a las inmobiliarias tradicionales. En abril de 2026, Consumo ratificó una multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra sus inquilinos.
En los meses posteriores, el departamento abrió nuevos expedientes a operadores inmobiliarios y plataformas de alquiler por posibles infracciones relacionadas con la información comercial ofrecida a los consumidores.
Adiós a las esperas interminables para reclamar
Más allá de las sanciones, una de las reformas legislativas más relevantes de la etapa de Bustinduy es la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, aprobada en diciembre de 2025.
La norma establece requisitos de calidad para los servicios de atención al cliente de determinadas grandes empresas y prestadores de servicios básicos. Entre sus disposiciones figura la obligación de garantizar atención personalizada, limitar las esperas telefónicas y mejorar los procedimientos para presentar y resolver reclamaciones.
Más derechos frente a las grandes empresas
La regulación pretende evitar situaciones habituales como tener que atravesar interminables menús automatizados para comunicar una incidencia o encontrar dificultades para contactar con una persona que pueda resolverla.
También incorpora nuevas exigencias de transparencia que afectan a las relaciones comerciales, incluidas determinadas renovaciones automáticas de contratos y suscripciones. Su aplicación está sujeta a los plazos de adaptación previstos legalmente.
De las falsas rebajas del Black Friday a las multas
El comercio electrónico constituye otro de los principales frentes de actuación. Consumo ha investigado a empresas acusadas de manipular los precios antes de campañas comerciales para presentar como descuentos lo que, en realidad, eran reducciones artificiales.

En 2025, el ministerio anunció sanciones por un importe conjunto de 350.000 euros a siete operadores online por falsas rebajas durante el Black Friday de 2023. Entre las empresas cuya identidad se hizo pública figuraban MediaMarkt, Carrefour, PcComponentes y Notino Italia.
Los influencers, bajo la lupa de Consumo
La vigilancia se ha extendido también a las redes sociales, donde la publicidad de productos por parte de influencers plantea nuevos desafíos para la protección de los consumidores.
En abril de 2024, el Gobierno aprobó el Real Decreto 444/2024, que desarrolla la Ley General de Comunicación Audiovisual y establece obligaciones específicas para determinados creadores de contenido de gran relevancia económica y audiencia. Aunque esta norma corresponde principalmente al ámbito de Transformación Digital, sus efectos alcanzan a la publicidad y la protección de los usuarios.
Publicidad encubierta en las redes sociales
Por su parte, el Ministerio de Consumo ha intensificado la vigilancia sobre la publicidad encubierta. En junio de 2026 participó en un análisis internacional que detectó que cuatro de cada cinco influencers examinados no identificaban correctamente sus contenidos comerciales.
El departamento también ha incorporado el control de la publicidad encubierta de alimentos en redes sociales a sus campañas de vigilancia de 2026, con especial atención a la protección de los menores.
Tres años de garantía: el legado de Garzón
Para encontrar algunas de las bases de las actuales políticas de protección del consumidor hay que remontarse a la anterior legislatura. Entre las medidas con mayor incidencia en las compras cotidianas destaca la ampliación de la garantía legal de los productos nuevos de dos a tres años, una reforma aprobada en 2021 y aplicable desde enero de 2022.
La modificación también obligó a los fabricantes a mantener la disponibilidad de piezas de repuesto durante diez años desde que un producto deja de fabricarse. Se buscaba facilitar la reparación de electrodomésticos y otros bienes, reducir la sustitución prematura de productos y reforzar los derechos del comprador.

Más protección en las compras por internet
También en aquella etapa se aprobaron reformas para mejorar la transparencia de los descuentos comerciales, combatir las reseñas falsas y proteger a los consumidores en las compras digitales. Varias de estas modificaciones respondían a directivas europeas que España debía incorporar a su legislación.
Otra de las normas destacadas fue la Ley 4/2022, que reforzó la protección de los consumidores vulnerables. La reforma reconoce que circunstancias como la edad, la discapacidad o determinadas situaciones económicas pueden dificultar el ejercicio de los derechos de consumo y exige prestar especial atención a esas situaciones.
Las casas de apuestas, bajo una regulación más estricta
La regulación del juego fue uno de los asuntos más reconocibles de la gestión de Alberto Garzón. En 2020 se aprobó un real decreto que restringió considerablemente la publicidad de casas de apuestas y operadores de juego online.
Entre las limitaciones figuraban los horarios de emisión de anuncios, determinadas promociones comerciales y el uso de personajes famosos. Sin embargo, el Tribunal Supremo anuló en 2024 varios artículos de aquella regulación al considerar que algunas restricciones carecían de suficiente cobertura legal.
Nuevos límites para el juego online
En 2023, todavía bajo Garzón, se aprobó otra norma destinada a desarrollar entornos de juego más seguros, con nuevas obligaciones para identificar conductas de riesgo y proteger a los usuarios.

La regulación ha continuado durante la legislatura de Bustinduy. En junio de 2026 se aprobó un real decreto que introduce un sistema de límites de depósito conjuntos para las apuestas online, de manera que el control del dinero ingresado por un jugador no dependa exclusivamente de cada plataforma por separado. Su aplicación requiere una implantación técnica progresiva.
La alimentación saludable llega a los colegios
Las políticas alimentarias constituyen otra línea de continuidad entre ambos departamentos. Durante la etapa de Garzón se impulsaron campañas de prevención de la obesidad infantil y propuestas para restringir la publicidad de alimentos poco saludables dirigida a menores. Sin embargo, el proyecto específico de regulación publicitaria anunciado entonces no llegó a aprobarse.
Con Bustinduy, la política de alimentación saludable ha adquirido un desarrollo reglamentario más amplio. En abril de 2025 se aprobó el Real Decreto 315/2025, que establece criterios comunes para fomentar una alimentación saludable y sostenible en los centros educativos.
Nuevas normas para hospitales y residencias
La norma de comedores escolares regula aspectos como la frecuencia de determinados alimentos en los menús, la disponibilidad de opciones adecuadas para estudiantes con necesidades médicas y las condiciones nutricionales de la oferta alimentaria.
La intervención se amplió en noviembre de 2026 con otro real decreto dirigido a mejorar la alimentación en centros públicos y en determinados centros privados para personas en situación de dependencia o con necesidades especiales. La regulación incluye hospitales, residencias y otros establecimientos asistenciales.
La batalla contra el 'greenwashing'
Entre los proyectos que aún no han culminado su recorrido legislativo destaca la Ley de Consumo Sostenible, cuyo anteproyecto fue aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros en julio de 2025.
La iniciativa busca reforzar la protección frente al denominado greenwashing, una práctica por la que las empresas presentan productos o servicios como respetuosos con el medioambiente mediante afirmaciones engañosas o insuficientemente justificadas.
Reparaciones, obsolescencia y publicidad
El proyecto también pretende favorecer la reparación de productos, combatir determinadas prácticas de obsolescencia prematura y mejorar la información disponible sobre durabilidad.
Una de sus propuestas más controvertidas consiste en restringir la publicidad de determinados vuelos cortos cuando exista una alternativa de transporte menos contaminante con una diferencia de duración limitada, además de introducir restricciones publicitarias para combustibles fósiles y determinados productos contaminantes. Estas disposiciones todavía no constituyen prohibiciones plenamente aprobadas.
Del cambio de las leyes a la vigilancia de las empresas
Las dos legislaturas permiten identificar una evolución en la actividad del Ministerio de Consumo. Entre 2020 y 2023, con Alberto Garzón, el departamento se centró en impulsar reformas normativas sobre garantías, juego, comercio digital y protección de consumidores vulnerables, además de adaptar la legislación española a diversas exigencias europeas.
Desde 2023, con Pablo Bustinduy, el organismo ha combinado nuevas regulaciones con una actividad sancionadora más visible sobre grandes operadores económicos. La capacidad para imponer algunas de estas multas se apoya, precisamente, en reformas del régimen sancionador aprobadas durante la legislatura anterior.
El reto: que las leyes se traduzcan en derechos efectivos
El debate sobre la eficacia de estas políticas, sin embargo, no se resuelve únicamente contando leyes o sumando sanciones. También es necesario examinar si las empresas cumplen las nuevas obligaciones, cuántas multas son confirmadas definitivamente por los tribunales y si los consumidores encuentran menos obstáculos cuando compran, contratan servicios o presentan reclamaciones.
En cualquier caso, las reformas impulsadas desde 2020 muestran cómo la política de consumo ha ampliado sus ámbitos de actuación: de las garantías de los electrodomésticos y la publicidad de las apuestas a los algoritmos de precios, las plataformas turísticas, los influencers y la alimentación en servicios públicos. La cuestión de fondo permanece abierta: hasta qué punto este conjunto de normas y controles conseguirá traducirse en una protección más efectiva para los consumidores españoles.
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