Bustinduy entierra la investigación sobre las comisiones de la OCU y dispara sus subvenciones

La Organización de Consumidores y Usuarios lleva más de una década cobrando por captar clientes para las empresas que promociona pese a que la ley prohíbe a estas entidades realizar publicidad comercial y las obliga a ser independientes de los operadores

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy / EFE
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy / EFE

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Cerca de una decena de energéticas, un grupo de telecomunicaciones, una empresa de alarmas, una compañía de seguros, una cadena de inmobiliarias, un intermediario financiero, una academia de inglés, una empresa que se dedica a sustituir bañeras por placas de ducha… Desde hace más de una década, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) viene cobrando comisiones de una larguísima lista de empresas a cambio de captarles clientes mediante campañas publicitarias de enorme repercusión.

Se trata de prácticas sobre las que el Ministerio de Consumo de Alberto Garzón abrió hace tres años una investigación que su sucesor en el cargo, Pablo Bustinduy, ha decidido enterrar sin dar explicaciones al tiempo que ha disparado sus subvenciones, que ha incrementado en hasta un 34%.

Denuncia de FACUA

La investigación de la que nada se sabe fue abierta como consecuencia de las denuncias de FACUA-Consumidores en Acción, la otra gran asociación de usuarios. Denuncias que ha reiterado en hasta siete ocasiones en el último año sin que el ministerio acceda a dar ningún tipo de respuesta.

FACUA argumenta que las prácticas de la OCU vulneran la prohibición de realizar publicidad comercial que tienen las asociaciones de consumidores y su deber de independencia frente a los operadores del mercado. Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios asegura que lo que hace no incumple la legislación.

Comisiones de iAhorro

Las campañas publicitarias de la OCU son desarrolladas a través de sus comparadores de precios, páginas webs, inserciones en sus revistas y correos electrónicos enviados a sus socios y a los suscriptores gratuitos de sus newsletters. Campañas con las que, en ocasiones, la organización ha asegurado que había logrado descuentos, ofertas especiales o servicios gratuitos de determinadas empresas que en realidad estaban al alcance de cualquier consumidor.

Una de las empresas de las que la OCU es comisionista es el intermediario financiero iAhorro. La fórmula de captación que utiliza es el comparador de ofertas hipotecarias de la organización. En los resultados de las búsquedas aparece un enlace para contratar la hipoteca “con garantías”. Garantías que consisten en hacerlo de la mano del citado intermediario y que según la Organización de Consumidores y Usuarios ofrece una serie de “ventajas” que ha negociado con él.

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 / EP
Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 / EP

Pero en realidad, iAhorro ofrece a quien acude de la mano de la OCU el mismo servicio gratuito que a cualquier otro usuario. El único valor añadido es que, si finalmente firma la hipoteca, recibe como regalo una suscripción a una de sus publicaciones. Suscripción que iAhorro paga a la OCU dentro del 0,2% del valor de la hipoteca que tienen pactado como comisión por llevarle el cliente.

Prácticas engañosas

No es el único caso en el que FACUA ha denunciado que, además de cobrar comisiones por cada cliente captado, la OCU incurre en prácticas susceptibles de engañar a los consumidores para lograrlo.
En 2022, la OCU presentó una oferta de Repsol ganadora de su compra colectiva de energía como la “Mejor tarifa del mercado” y “la más competitiva”, pese a que la TUR de gas (la tarifa regulada por el Gobierno) era entonces más barata. Además, los precios anunciados no incluían los impuestos ni advertían de que había que sumarlos, en contra de lo que establece la legislación.

También en su comparador de seguros de salud aseguraba que las pólizas eran comparadas por expertos de la OCU, cuando la herramienta y el asesoramiento procedían de una correduría de seguros.
La OCU decía comparar las “principales compañías del mercado” pese a dejar fuera varias aseguradoras relevantes. Además, el teléfono facilitado al consumidor comenzaba con un “Gracias por contactar con OCU”, aunque quien lo atendía y podía venderle la póliza era personal de la correduría.

Opacidad

La OCU mantiene en secreto cuánto dinero ha percibido de cada una de las empresas con las que tiene firmados convenios que implican el cobro de comisiones por captarles clientes. Lo único que ha trascendido públicamente es cuánto le pagan esas empresas por cada cliente captado. Y no porque la OCU publique el contenido de sus convenios. Ha sido FACUA la que lo ha hecho tras acceder a ellos: lo logró como consecuencia de una reclamación ante el Consejo de Transparencia ante la que Consumo —que inicialmente se negaba a hacerlo— se los envía cada vez que la asociación efectúa una solicitud.

iAhorro paga el 0,2% del importe hipotecado cuando el cliente captado termina firmando la operación. Repsol acordó pagar 15 euros más IVA por cada contrato de su compra colectiva. ADT, 100 euros más IVA por cada alarma instalada procedente de OCU. CCC, el 20% de determinados importes abonados por quienes contratasen sus cursos.

Securibath acordó abonar 75 euros más IVA por cada servicio contratado por un socio de OCU y 100 euros más IVA por los procedentes de los denominados “amigos” de la OCU —consumidores que se suscriben a sus newsletters—. Vaughan Systems, el 10% del precio final de determinados cursos de inglés contratados por socios. Y Robinsun Energy, el 4% de determinadas compras de kits fotovoltaicos.

Hay más. Cáser financiaba a la OCU con 80 euros una suscripción vinculada a determinados clientes de su plan de pensiones y el Grupo MásMóvil llegó a abonar 6,50 euros por cada usuario no asociado que utilizase el comparador de tarifas de telecomunicaciones de la web de la OCU.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy

Independencia cuestionable

Cuánto suman todos estos ingresos es un misterio. OCU no hace público cuánto recibe de cada empresa ni el montante global de las comisiones y aportaciones empresariales. Sus cuentas tampoco permiten conocerlo.

Y esto contrasta con lo que la propia organización aseguraba públicamente hace años. OCU llegó a afirmar que no aceptaba “dinero de nadie” salvo de sus socios y utilizaba precisamente esa supuesta ausencia de financiación externa para presentarse como una organización “absolutamente independiente”.

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