Por primera vez en la historia, el salario mínimo interprofesional (SMI) estará sujeto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El Consejo de Ministros ha aprobado un incremento del 4,4% en el SMI, situándolo en 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas para el año 2025, lo que eleva la cifra anual a 16.576 euros.
Esta decisión ha generado un enfrentamiento entre los ministerios de Hacienda y Trabajo.
Hacienda considera que se debe tributar
Hasta la fecha, el Ministerio de Hacienda, encabezado por María Jesús Montero, había eximido al SMI del pago del IRPF. Sin embargo, con la nueva subida, la cartera fiscal considera que debe tributar. No obstante, según fuentes del ministerio, la mayoría de los trabajadores que perciben este salario no sufrirán retenciones significativas.
Hacienda argumenta que la minoría afectada pagará una cantidad inferior a la que abonaban con el sistema tributario vigente durante el mandato del Partido Popular.
Falta de concenso
La medida ha generado una rápida reacción en Sumar, que ha criticado la falta de consenso en la decisión. La formación ha presentado una proposición de ley en el Congreso para garantizar que el SMI continúe exento de IRPF. Sumar sostiene que Hacienda dispone de mecanismos para evitar que los trabajadores con menores ingresos enfrenten una mayor presión fiscal y defiende un sistema tributario progresivo.
Curiosamente, el Partido Popular también ha manifestado su oposición a la medida, pidiendo una revisión del mínimo exento de la renta para evitar que la subida del SMI se traduzca en una mayor recaudación para el Gobierno.
Falta de comunicación en el Ejecutivo
Por su parte, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha cuestionado la falta de comunicación dentro del Ejecutivo y ha reiterado su postura a favor de la exención fiscal del SMI. “Hay que hacer pedagogía fiscal, pero la justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo”, ha declarado Díaz, mostrando su descontento con la decisión del Ministerio de Hacienda.
Además, ha asegurado que la medida no se debatió en el Consejo de Ministros y que se enteró de la decisión a través de los medios de comunicación.
Respuesta del Gobierno
En respuesta, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha defendido la medida y ha subrayado que la recaudación permitirá mejorar los servicios públicos. En un gesto curioso, durante una comparecencia, Alegría susurró a Díaz que su versión de los hechos “no es así”, insinuando que sí hubo comunicación sobre la decisión en el seno del Gobierno.
La controversia está servida y la batalla política en torno al IRPF del SMI promete intensificarse en las próximas semanas.