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El Tribunal de la UE confirma el multazo a Google por obligar a los fabricantes a instalar sus apps

La sanción asciende a los 4.125 millones de euros, y se impone por abuso de posición dominante con Android

Las oficinas de Google / UNSPLASH
Las oficinas de Google / UNSPLASH

Google ha recibido una mala noticia y otra buena. La primera es que el Tribunal General de la Unión Europea ha respaldado la decisión de la Comisión Europea de imponer a la empresa una multa récord por abuso de posición dominante con Android. La buena es que ha rebajado el importe de la sanción de los 4.340 millones de euros iniciales a 4.125 millones.

El caso se remonta a 2018, cuando la Comisión Europea sancionó a Google con una multa de 4.340 millones de euros, la mayor impuesta por una autoridad de competencia comunitaria, después de que la compañía impusiera restricciones contractuales a fabricantes de móviles y tabletas que utilizan Android como sistema operativo. Así, Google pretendía garantizar su posición dominante en el mercado de búsquedas por internet.

Android, el sistema operativo de Google / UNSPLASH
Android, el sistema operativo de Google / UNSPLASH

Google obligaba a los fabricantes a preinstalar sus aplicaciones

Bruselas consideró que los acuerdos de distribución obligaban a los fabricantes a preinstalar aplicaciones de Google para obtener licencias de explotación de su tienda de aplicaciones Play Store. Además, la multinacional habría pagado a fabricantes y operadores de redes móviles para que Google Search fuera la única aplicación preinstalada en los dispositivos.

Ante esto, la multinacional estadounidense interpuso un recurso que el Tribunal General ha desestimado al considerar que los acuerdos mencionados constituyen un abuso. El dictamen concuerda con el análisis de la Comisión Europea, que consideró "abusivas" las condiciones de pre instalación impuestas a los fabricantes de dispositivos móviles. En este sentido, la Comisión cree que los acuerdos eran de "exclusividad" y que los pagos estaban "supeditados a que no se preinstalaran servicios de búsqueda general de la competencia" si bien aprecia "errores de razonamiento" por parte del Ejecutivo comunitario.

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