Cierre definitivo: Consumo exige a Airbnb que retire 65.000 anuncios ilegales de pisos en España
Esta decisión refuerza la posición del Gobierno frente a los incumplimientos sistemáticos de la normativa turística vigente
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha lanzado un ultimátum a Airbnb: debe retirar de forma inmediata más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas alojadas en su plataforma.
La exigencia se produce tras meses de advertencias formales por parte de la Dirección General de Consumo y ha sido respaldada judicialmente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en una decisión que refuerza la posición del Gobierno frente a los incumplimientos sistemáticos de la normativa turística vigente.
Tres advertencias, una sentencia y un principio de cumplimiento
La ofensiva institucional, liderada por el ministro Pablo Bustinduy, no es nueva. Desde finales de 2024, el Ministerio ha emitido hasta tres resoluciones dirigidas a la filial irlandesa de Airbnb, en las que notificaba la presencia de 65.935 anuncios que vulneran la legislación española en materia de publicidad de alojamientos turísticos. La mayoría de las infracciones se concentran en la omisión del número de registro turístico obligatorio, en la falta de claridad sobre la identidad jurídica del arrendador o en el uso de números de licencia que no se corresponden con los oficialmente expedidos.
Pese a estas advertencias, Airbnb optó por judicializar el conflicto y recurrió las resoluciones ante los tribunales. Sin embargo, esta estrategia recibió su primer revés esta semana, cuando el TSJM avaló una de las resoluciones del Ministerio y ordenó la retirada inmediata de una primera tanda de 5.800 anuncios en seis comunidades autónomas: Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y País Vasco.
Publicidad engañosa y desprotección al consumidor
Según ha informado Consumo, la principal irregularidad detectada en estos miles de anuncios es la ausencia del número de licencia turística, un dato obligatorio según las normativas autonómicas que regulan el alquiler vacacional. Esta omisión, más allá de su dimensión legal, genera un grave perjuicio a los consumidores, quienes no pueden verificar la legalidad del alojamiento ni su nivel de seguridad, higiene o fiscalización.
“El consumidor tiene derecho a una información veraz y completa”, subrayan desde el Ministerio. “La falta de transparencia vulnera derechos básicos y desvirtúa el mercado turístico en perjuicio tanto de los usuarios como de los operadores legales”.
Airbnb, en el punto de mira
Esta ofensiva no es un hecho aislado. Airbnb lleva años en el centro del debate público y político sobre la regulación del alquiler turístico. A medida que los alquileres de corta duración se han disparado en grandes ciudades y destinos costeros, se ha incrementado también el escrutinio sobre su impacto en el precio de la vivienda, el tejido vecinal y la economía informal.
Con esta nueva resolución judicial, España se suma al grupo de países europeos que están endureciendo su postura ante plataformas digitales de alojamiento que eluden responsabilidades legales y fiscales. Ciudades como Ámsterdam, París o Berlín ya han implementado sistemas de control más estrictos, y Bruselas avanza hacia una normativa común en la Unión Europea.
¿Y ahora qué?
Airbnb deberá ahora acatar la resolución del TSJM y eliminar los primeros 5.800 anuncios ilegales, al tiempo que afronta el desafío mayor: revisar y retirar los más de 60.000 restantes que el Ministerio ha señalado como ilícitos.
La batalla por la legalidad de los pisos turísticos en España entra así en una nueva fase, donde el cumplimiento normativo ya no es opcional, y donde la protección al consumidor y la transparencia publicitaria se erigen como principios innegociables. Mientras tanto, desde Consumo se lanza un mensaje claro: el tiempo de la impunidad ha terminado.
