Las trampas de las inmobiliarias para sortear la ley de vivienda: "Se inventan nuevos gastos"

La nueva Ley de Vivienda entró en vigor el pasado 25 de mayo en medio de polémicas y rechazos por parte de muchos actores del sector. Una de las novedades de este nuevo texto es que los honorarios que cobran las inmobiliarias por la gestión de los alquileres ya no los tendrán que pagar los inquilinos, sino los propietarios.

Sin embargo, la creatividad también brilla en el sector de las agencias y son muchos los usuarios que denuncian los trucos y argucias ideadas por algunas empresas del sector para que todo siga como antes y el inquilino sea quien pague. Hecha la ley, hecha la trampa.

Fin a los honorarios, nuevos conceptos

“Aquí pone que tengo que pagar los honorarios”. “¿Honorarios? No puede ser, será otro concepto, tranquilo”. Antonio Martín es un programador que está buscando piso en Madrid. Este joven cuenta a Consumidor Global la “surrealista” experiencia que está sufriendo en su búsqueda de vivienda de alquiler para establecerse en la capital.

En otra ocasión, la inmobiliaria Alquiler Seguro le obligó a firmar que se comprometía a pagar una mensualidad más el 21 % de IVA en concepto de asesoramiento postcontractual si quería hacer una visita presencial al piso.

Qué dice la ley

Pero, ni el caso de Martín es el único ni el problema se reduce solo a Madrid. Maria B. recuerda su experiencia de búsqueda de pisos en Valencia. “Los honorarios los paga el inquilino hasta el 28 de mayo, después los seguirá pagando, pero con otro concepto”. Esta fue la respuesta del trabajador de una inmobiliaria después de preguntarle la joven por qué tenían que pagar ella y sus compañeros unos gastos que no le correspondían.

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Tal y como explica el experto inmobiliario Iñaki Unsain, “la nueva ley establece que estos honorarios siempre los tiene que pagar el arrendador y no el inquilino”. Sin embargo, “hay muchas agencias que están tratando de seguir aplicando esos honorarios argumentando que se ofrece un servicio paralelo al alquiler. Esto no llegará muy lejos porque la ciudadanía y los inquilinos son conscientes de que la ley ha cambiado”, opina Unsain. 

Servicios de “asesoramiento”

Este medio ha contactado con algunas de las inmobiliarias que siguen intentando cobrar honorarios a los inquilinos. El presidente de Alquiler Seguro, Antonio Carroza, asegura a esta redacción que su agencia “cumple con todo lo que dice la ley”, a pesar de intentar cobrar a inquilinos como Antonio Martín esos servicios de asesoramiento.

“Nosotros no cobramos los honorarios al inquilino, eso lo paga el propietario, lo que ofrecemos es un servicio de asesoramiento y asistencia al arrendatario por si tiene necesidad de resolver incidencias una vez que ya se ha firmado el contrato con el arrendador”, defiende Carroza. Un servicio que no se puede elegir, si no que va incluido si se contrata el alquiler a través de sus servicios.

El arrendatario pasa a considerarse consumidor

La abogada de Legálitas Macarena Redondo se muestra contundente ante estas prácticas. “La ley es bastante clara en este aspecto y por mucho que se cambien los conceptos y se ideen nuevos servicios, todos los honorarios de formalización serán a cargo del arrendador”, expone la jurista a este medio.

De igual forma, la abogada Arantxa Goenaga de Círculo Legal opina que la ley “es muy clara” y que solo el propietario debería pagar esos gastos. Además, la jurista describe algunas de las situaciones que se están dando en el sector. “Algunas agencias pasan un modelo de hojas en las visitas de los inquilinos que los compromete a través de su firma a pagar los honorarios”, expone.

Acabar pasando por el aro

¿Y cómo están actuando los inquilinos afectados? “Hay gente que accede a pagar todo y que dice que cuando se vaya del piso los denunciará. También hay quien pasa por el aro y acaba aceptando los pagos al ser menos que antes para quitarse de problemas”, matiza la abogada.

Macarena Redondo indica que, ante estas situaciones, se puede reclamar enviando primero un burofax a la agencia y solicitando la devolución de esos importes y, en caso de que no se proceda al reembolso, “se puede interponer una demanda ante los organismos de consumo”. Cabe destacar que, con la nueva ley, el arrendatario pasa a tratarse por primera vez como consumidor y puede ampararse en los derechos que le atañen en esa categoría.

Defensa del sector y críticas a la nueva ley

Preguntado por este asunto, José María Alfaro, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), defiende que la ley “sí se está cumpliendo de forma generalizada por parte de las agencias inmobiliarias, pero se está poniendo en el punto de mira y atacando a un sector que cuenta con más de 120.000 profesionales en más de 30.000 agencias por toda España”. Y añade que el sector rechaza “las malas prácticas premeditadas de unos pocos”.

Alfaro también se muestra crítico con la nueva ley y denuncia que haya entrado en funcionamiento “sin ningún tipo de periodo de adaptación y transición razonable” y “con miles de encargos en vigor”.  Por último, el presidente de la FAI indica que la nueva legislación “va a reducir la actividad de las agencias inmobiliarias pero, sobre todo, perjudicará a los inquilinos menos solventes”. La justificación del sector es que “se va reducir la oferta y por tanto aumentarán los precios y los contratos serán más exigentes”.

Vivienda de temporada, la excepción

Por otro lado, el experto inmobiliario Iñaki Unsain augura un crecimiento de la vivienda de temporada, ya que solo se exime al inquilino del pago de honorarios cuando se trata de una residencia habitual. “Se está llevando a cabo un traspaso masivo de contratos de vivienda habitual a temporal, donde no se aplican las regulaciones de la Ley de Vivienda y, por tanto, no hay ni topes de precios ni obligación de pagar los honorarios por parte del arrendador”, apunta.

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Unsain opina que los más jóvenes y los estudiantes son los más afectados en este escenario. “Los que firman contratos breves de temporada por sus estudios son los que se ven más perjudicados por esta regulación. Ha dejado a su merced al sector más vulnerable de la población”, lamenta. Finalmente, el experto lanza un mensaje optimista. “La mayoría de las agencias tienen claro que deben de cumplir la ley, por lo que este modo de proceder acabará desapareciendo cuando la aplicación de la ley esté extendida”, concluye Unsain.