Los padres se rebelan contra la compra de libros de texto nuevos tras el cambio de ley: “Es un palo”

La cuesta de enero tiene más fama, pero la de septiembre puede ser igual de dura. Entre las razones, las tarifas de las matrículas universitarias, que pueden ascender a miles de euros, y, por supuesto, los precios de los libros de texto. La polémica sobre estos materiales escolares reverdece cada año entre julio y septiembre, y luego se seca hasta el curso siguiente. Si bien las competencias de Educación están transferidas a las comunidades autónomas y existen enormes diferencias entre zonas y centros educativos, los manuales suponen un desembolso de cientos de euros para ciertas familias. Algunos estudiantes tienen la suerte de heredarlos de un hermano o del Príncipe Mestizo, pero no siempre es así.

Con la implantación de la nueva ley educativa, la LOMLOE, habrá nuevos currículos, lo que significa nuevos ejemplares. Mientras, los viejos inundan Wallapop, ya que las novedades no llegarán de forma inmediata a todos los territorios. Por su parte, las librerías especializadas en segunda mano arquean la ceja y creen que, antes de que los estudiantes forren sus manuales, las que se forran son las editoriales.

Hasta dos tercios más baratos

El Giralibro es un negocio de libros de texto de segunda mano ubicado en Santander que regenta Elena Colvé. Esta librera cuenta a Consumidor Global que siempre que hay crisis hay búsqueda de ahorro, por lo que prevé que este verano habrá más compras en librerías de segunda mano. No obstante, considera que ya es algo bastante instaurado. “Nosotros llevamos 10 años con esto y, desde el principio, la iniciativa tuvo mucho éxito. El ahorro es muchísimo, y además ya nadie los tira y los niños se acostumbran a no pintarlos”, declara.

Colvé critica sin tapujos a las grandes editoriales de libros de texto, que son las que tienen la sartén por el mango. “Hay libros de la edición anterior que costaron 36 euros, y ahora se deben sustituir por una nueva versión que es prácticamente igual, sólo cambian unas pocas líneas. Se puede demostrar que algunos son clavados a años anteriores, y es una auténtica vergüenza”, proclama la librera. Un manual de bachillerato nuevo ronda los 40 euros, y ese coste puede bajar, si es de segunda mano, a la mitad o incluso a un tercio. Pero si los centros instan a usar los nuevos, no hay alternativa.

Un cambio confuso

Los padres tampoco comprenden bien este gasto en volúmenes que llega casi por ley. María Capellán es la presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado (Ceapa) e indica a este medio que, si bien los precios varían mucho en función de cada comunidad y de cada centro, no todas las clases se deberían basar en los libros. A su juicio constituyen una ayuda, no la columna vertebral. “Ahora, con el cambio de ley, se tienen que volver a cambiar, y no tenemos muy claro por qué, porque los contenidos de las materias son muy similares”, expresa Capellán.

Además, afirma que muchos centros educativos aún no han publicado los ejemplares que necesitarán los alumnos el próximo curso, lo que dificulta a los padres planificar su gasto. Aunque aún no hay cifras para 2022-2023, Capellán estima que, de media, el curso pasado el desembolso en libros de texto fue de 200 euros por alumno. La presidenta de Ceapa tampoco tiene claro el papel que jugará la digitalización, si significará o no un abaratamiento. “Vemos que en algunas aulas hay tanto portátiles o tablets como libros, y no le vemos el sentido a que haya ambas cosas”, indica. En general, le gustaría que hubiera más previsión y justificación de las novedades.

“Libros exactamente iguales”

“Cada editorial pertenece a un lobby”, expresa, sin cortapisas, Colvé. “Y el libro de texto es el best seller de cualquier editorial”. La ley dice que en España cada uno tiene que durar 4 años, pero, según indica la dueña de El Giralibro, con la nueva ley de Educación muchos se van a jubilar con apenas un año de circulación. A Colvé le parece lógico que haya que cambiar de manual si cambian las materias, pero no que sea una imposición general. “Han sacado libros exactamente iguales en Matemáticas o Lengua”, recalca. “Y ni siquiera les ponen una tapa dura”, añade.

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Claudio Valera es profesor de Historia en un instituto de Toledo. “Hay que mantener los ejemplares que elijan los departamentos durante cuatro cursos, pero con la LOMLOE habrá que elegir nuevos volúmenes, corresponde hacerlo. Aunque es cierto que en algunas materias nos podríamos apañar con los mismos, los contenidos son más o menos iguales. Lo que ocurre es que a las editoriales les viene muy bien tener que sacar y vender ejemplares nuevos para que se compren, claro”, argumenta. No obstante, señala que los institutos nunca cambian un volumen sin justificación. “Hay que dar razones muy contundentes para que te lo aprueben”, apunta. Los renglones del Ministerio no están torcidos.

Un sector que factura 765 millones

Además de profesor, Valera es padre, y reconoce que comprar ejemplares nuevas “es un palo para las familias”. Desde la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (Anele) se defienden. Fuentes de la entidad recuerdan, en primer lugar, que “aproximadamente el 50 % de las familias españolas no pagan nada por los libros de texto”. Esto sucede, por ejemplo, en Andalucía. Además, estas fuentes arguyen que el modelo de negocio depende de cada editorial, y que los últimos tomos son bastante diferentes respecto a los del año anterior, por lo que cambiarlos sí es necesario.

Pero los datos de Anele difieren de los de Ceapa. Según el informe El libro y los contenidos educativos en España. Curso 2021-2022, cada alumno gastó, de media, 92,28 euros en libros de texto en 2020. Ese año, el sector facturó 765,47 millones de euros. A la pregunta de si los manuales son caros, esta fuente responde que “depende de con qué lo compares” y que “habría que ver cada caso concreto”, pero recuerda que se trata de “instrumentos que se usan durante todo un año”.

Leyes acomodadas a las editoriales

Luis López Guerra es el dueño de Cydonia, una gran librería de Móstoles en la que, entre nuevos y de segunda mano, se concentran unos 75.000 ejemplares. Este experto, con años de experiencia en el sector, se muestra conciliador entre la perspectiva de los padres y la de las editoriales. López narra que comenzó con los libros de segunda mano en 2008, en un momento de crisis. “No es nada indigno usar segunda mano, al contrario. Funcionó de fábula, y para mí, la sonrisa de un padre que en ese momento no podía pagar los volúmenes nuevos era una gratificación inmensa”, relata.

📚 Aumentamos las ayudas de libros y su cuantía para facilitar a las familias la compra de los nuevos materiales derivados de la implantación de la LOMLOE#CLM #CastillaLaMancha

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— Castilla-La Mancha (@gobjccm) June 18, 2022

Con todo, cree que estos contenedores del conocimiento “no son ni tan caros ni tan baratos, todo depende del prisma con el que se mire”, indica, y hace referencia a otros productos cuyo precio no se cuestiona tanto, como los smartphones. “Un libro cuesta 35 o 38 euros, quizá los más caros de bachiller lleguen a los 50. ¿Eso es caro?”, inquiere. Además, subraya que las editoriales son empresas privadas que contribuyen a la economía, que pagan la formación y los derechos de autor y que, tal y como especifica la ley, no cambian los volúmenes antes de tiempo. Y, cuando lo hacen, es porque se adecúan a lo que dictamina el Ministerio de Educación. A este respecto, Calvé saca la artillería y apunta que “el Ministerio hace las leyes para las editoriales”. 

“No hay teoremas matemáticos nuevos”

Con todo, López Guerra destaca que al final serán los profesores los que determinarán si el libro se va a usar o no, por lo que entiende ciertas posturas de los padres. Por ejemplo, considera que un ejemplar de 2015 no tiene por qué estar forzosamente desfasado en 2023 a no ser que la materia sea recién estrenada, porque “no hay reglas ortográficas nuevas ni teoremas matemáticos novedosos”. 

Fuentes de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de la Escuela Pública de Aragón (Fapar) indican que el cambio de ejemplares no tendría que producirse este año, y que, de hecho, ha habido recomendaciones profesionales para que los cambios sean “los mínimos posibles”, ya que los reales decretos se han publicado tarde. En Aragón, tal y como recuerda Fapar, los bancos de libros permiten abaratar el precio, y también existe un programa de becas de material curricular del que se benefician 17.000 familias. “Lo que no entendemos es que el libro sea la única herramienta para los docentes, y no algo complementario, que ayude. Creemos que hay que liberarse de esta atadura”, subrayan.