Qué es la prestación universal por crianza, la ayuda de 200 euros por hijo que propone el Gobierno
Según las estimaciones, este apoyo económico (compatible con otras ayudas, como el Ingreso Mínimo Vital) servirá para reducir la pobreza infantil en un 50%
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La crianza se ha convertido en una aspiración inasumible para muchas parejas debido a la inestabilidad y el alto coste de la vida. Ante un panorama de salarios estancados y un mercado inmobiliario inaccesible, cada vez más personas están postergando la paternidad o limitándola a un solo hijo. En un contexto en el que los nacimientos en España han bajado un 38% desde 2008, el Gobierno ha decidido tomar medidas.
El Consejo de Ministros ha aprobado una estrategia de desarrollo sostenible para combatir problemas como el acceso a la vivienda o la brecha de género que incluye, entre otras medidas, una prestación universal por crianza para combatir la pobreza infantil. El objetivo es que esta prestación llegue al 100% de las familias con hijos menores a su cargo. Será una estrategia estatal que buscará acabar con la pobreza infantil más severa de aquí a 2030.
Una ayuda de 200 euros al mes para todos
La medida se concretaría en una ayuda de hasta 200 euros al mes (2.400 euros al año) por cada hijo menor de 18 años. Si bien los detalles no han trascendido, la intención del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 es que todas las familias, independientemente de su renta o su situación laboral, puedan recibir la ayuda. Según las estimaciones, este apoyo económico (compatible con otras ayudas, como el Ingreso Mínimo Vital) servirá para reducir la pobreza infantil en un 50%.
El ministro del ramo, Pablo Bustinduy, ha declarado que espera que esta medida pueda "ver la luz cuanto antes". A su juicio, el impacto de la misma, que “ya existe en 17 países de la Unión Europea", será inmediato.
Pendiente de aprobación
No obstante, para que esta medida se convierta en una realidad, es necesario que sea incluida en los Presupuestos Generales del Estado o en una ley específica, y para eso el Gobierno necesita conseguir los apoyos suficientes en el Congreso.
La intención del Ejecutivo es reducir la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE) en un 10% (por debajo de la incidencia de la Unión Europea) priorizando medidas dirigidas a familias monomarentales, las más afectadas con la situación de pobreza.
Inversión en vivienda
Otro de los objetivos principales que fija esta estrategia es el de mejorar el acceso a la vivienda. Para ello, el objetivo es triplicar la inversión pública con 7.000 millones de euros en los próximos cuatro años y alcanzar el 5% de vivienda en alquiler social en 2030.
Se planea también incorporar al mercado del alquiler hasta un 10% del número de viviendas que actualmente operan como alojamientos turísticos. Para ello, será fundamental la colaboración entre las distintas administraciones públicas y que más Gobiernos autonómicos comiencen a aplicar la Ley de Vivienda para topar los precios del alquiler.
Mayor independencia energética y más energías renovables
Asimismo, el Gobierno pretende aumentar el uso de las energías renovables, reducir los gases de efecto invernadero en un 32%, recortar la tasa de abandono escolar temprano al 9% y aumentar en un 50% la proporción de personas con discapacidad que acceden y completan estudios superiores o formación técnica avanzada.
Las 100 metas que se incluyen en esta estrategia se integran en cuatro retos: un Estado del bienestar fuerte y universal para acabar con la pobreza y la desigualdad; un sistema económico circular que genere bienestar y justicia social, laboral y ambiental; una vertebración territorial sostenible para mejorar la cohesión social y abordar la emergencia climática; y situar los derechos humanos y la igualdad en el centro de la acción pública.