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Glovo y Uber Eats incumplen la ‘ley rider’ (estas otras plataformas sí la respetan)

Algunas compañías pasan de las directrices del Tribunal Supremo en torno a los repartidores, que siguen trabajando como autónomos, mientras otras se ciñen a ellas; el consumidor se pregunta qué postura es mejor

Un rider de Glovo haciendo un reparto en Madrid / EP
Un rider de Glovo haciendo un reparto en Madrid / EP

El 12 de agosto entró en vigor la ley de los repartidores, más conocida como ley rider, que pretende frenar los abusos de las grandes plataformas y proteger a los repartidores que han tenido que trabajar como falsos autónomos. ¿En qué consiste esta ley y qué efectos tiene? Y, sobre todo, ¿se está cumpliendo? ¿Qué empresas la respetan? ¿Qué pasa con el consumidor?

Según el abogado laboralista Íñigo Molina, “la ley rider no es más que poner negro sobre blanco lo que venía dictaminando el Tribunal Supremo sobre la situación laboral de los riders o repartidores”, considera. “Como esta relación laboral se articulaba a través de una app que ponía en contacto a los clientes con los repartidores, se entendía que se trataba de economía colaborativa y que no eran empleados de las plataformas”, explica. Sin embargo, cuenta, “el Tribunal Supremo acabó sentenciando que el que ofrece el servicio y da las retribuciones es la plataforma y, por lo tanto, la empresa… y los riders sus empleados”.

Son empleados

Esta ley establece que los repartidores “tienen que ser considerados empleados en las condiciones que establece el Supremo”, añade Molina. “Si es el cliente el que contacta y el que paga, el repartidor es el empleado y la plataforma es el empresario”, insiste. “Se modifica el texto del estatuto de los trabajadores para garantizar los derechos laborales de los repartidores”, valora el abogado y socio director de Algoritmo Legal, Ricardo Oliva. “Tienen derecho de que se les pague como trabajadores por cuenta ajena”, recuerda.

Sin embargo, no todos cumplen con esta ley. Este es el caso de Glovo y Deliveroo, cuyo modelo de trabajo, asegura Molina, “era excepcionalmente rentable al no tener empleados: las empresas se expanden y sus acciones suben porque la plataforma se lleva los beneficios y los gastos los paga íntegros el repartidor”.

Una rider acude a un servicio con su bicicleta / PEXELS
Una rider acude a un servicio con su bicicleta / PEXELS

El caso Glovo

El portavoz de la plataforma RidersxDerechos Dani Gutiérrez avisa de la gravedad de este asunto. “Hoy somos los riders y mañana van a ser muchos otros sectores si a esto no se le pone freno”, alerta. Porque lo tiene claro: “Las empresas no están aplicando la ley”. Especial es el caso de Glovo, que “dijo que no iba a cumplir con la legislación, que iba a implantar un nuevo modelo, y ha empeorado las condiciones”, analiza Rodríguez. “Si ya cobrábamos poco antes de la pandemia…”, lamenta.

Desde su experiencia, expone que lo que ha hecho la plataforma consiste en “bajar las tarifas y aplicar su interpretación de la ley rider, haciendo lo que les da la gana”. “Hace una subasta a la baja de los pedidos para que los repartidores nos peleemos para dar el menor precio a la hora de ofrecer el servicio”, describe el repartidor.

La picaresca de las empresas

Según Rodríguez, muchas empresas se han dedicado a “sustituir el fraude de falsos autónomos por subcontratas”. “Esas compañías están incurriendo en el fraude de la gestión ilegal de trabajadores, porque los riders deberían entrar en nómina”, declara. “La subcontratación está pensada para casos muy puntuales de picos de demanda, es ilegal tal y como lo hacen”, critica el rider.

“Algunas empresas intentan hacer chanchullos, montar su negocio de otra manera y presionar a los que legalmente ya son empleados y pueden reclamar su derecho al contrato laboral”, manifiesta Molina. El abogado explica que “al final, todo es una cuestión de dinero: muchas plataformas decían que se iban a ir del país porque no les merecía la pena el negocio”. Sin embargo, apunta, “aunque los beneficios no sean tan espectaculares porque tienen que hacer frente a los gastos, siguen obteniéndolos”.

Un rider atiende a un servicio desde su móvil / PEXELS
Un rider atiende a un servicio desde su móvil / PEXELS

Posibles sanciones

Estas estrategias pueden acarrear sanciones. “Muchos de los empresarios podrían estar incurriendo en delitos, porque mantener en plantilla más de un número de personas sin estar dadas de alta en la Seguridad Social es un delito contra los derechos de los trabajadores”, reflexiona Molina. “Hay empresas que están delinquiendo, que intentan engañar y coaccionar para que los trabajadores no reclamen sus legítimos derechos, pero al final se acabarán dictaminando sanciones”, explica. 

De hecho, asegura el profesional laboralista, “este asunto puede tratarse como competencia desleal si una empresa cumple la ley y otra no, como ya le pasó en su momento a Uber en otros países”, rememora. El gran problema, destaca, es la falta de denuncias. “Si no lo denuncias no ocurre nada”, manifiesta Molina. “Siempre y cuando las multas resulten para las plataformas más baratas que cumplir la ley, seguirán delinquiendo”, añade Rodríguez.

Algunas cumplen

“Las empresas que antes cometían fraude siguen haciéndolo, tienen una deuda muy grande con la Seguridad Social. Glovo y Uber Eats están manteniendo un pulso al Estado, saltándose al poder judicial, al legislativo y al ejecutivo”, opina el coordinador de Política Sindical de la Confederación de UGT, Rubén Ranz. Sin embargo, Ranz llama la atención en torno a las “nuevas empresas” que sí que están cumpliendo con esta legislación. “Gorillas, Rocket y Just Eat están contratando”, sostiene. “Uno de los grandes eslóganes era que esto iba a fomentar la huida de la inversión y es al contrario”, declara.

Sin embargo, ¿cómo afecta esto al consumidor? El director general de Kilimanjaria, José Luis Vega de Seoane, no es muy partidario de la ley rider. “Creo que se ha hecho mal, se ha hecho con demasiado tinte político”, afirma. “Se ha perdido una ocasión muy buena para un sector con mucha posibilidad de empleo”, indica. “¿Por qué quieres cargarte un equilibrio que está balanceado?”, se pregunta, haciendo alusión a los riders que defienden su autonomía. Según él, las compañías que proveen repartidores a otros negocios “no pueden escalar sus equipos con la actual red”, lo que supone que haya “muchos más retrasos con los pedidos”. “La ley es mala para el consumidor porque el servicio va a ser peor y se va a encarecer, sobre todo los días de gran demanda”, zanja.

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