Parece mentira: el motivo por el que se prevé un colapso inminente en la gestión de las pensiones
Los directivos del INSS avisan al Gobierno del inmenso problema que existe con la gestión de las pensiones en España: no habrá funcionarios suficientes para tantos trámites
Uno de los temas que más inquieta a la sociedad española es el de las pensiones. Tras dedicar toda una vida al trabajo, muchos se enfrentan a una jubilación que resulta insuficiente para cubrir sus necesidades o frente a la dicotomía de sí tan siquiera se tramitarán el volumen total de estas. El economista Santiago Niño Becerra ha abordado este asunto refiriéndose al INSS como un “sistema insostenible”, destacando el maridaje entre sueldos precarios y futuros inciertos con pensiones irrisorias.
El experto ha querido desmentir un mito difundido en redes sociales, sobre la problemática jóvenes cobren sueldos reducidos a causa de la cantidad de pensionistas que hay y se prevé que habrá en un futuro: "Es completamente falso que los salarios bajos estén vinculados a las pensiones. Las pensiones dependen de las cotizaciones realizadas: si los salarios son bajos, las aportaciones serán igualmente escasas", afirmaba sobre el asunto.
Crisis en el INSS: huelga y falta de funcionarios
Una afirmación que ha dejado a la población activa con el cuerpo encogido, máxime cuando los Directivos del INSS han advertido de la problemática real de la que no se habla desde el gobierno: No hay funcionarios suficientes para tramitar todo el volumen de peticiones que llegan a las oficinas del SEPE.
Los directores provinciales y sus adjuntos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), entidad responsable de gestionar pensiones y ayudas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), han manifestado un profundo descontento. En un comunicado reciente, anunciaron la continuación de los paros parciales programados para el 25 y 27 de marzo, como protesta contra lo que consideran un caos administrativo y una sobrecarga laboral insostenible.
Riesgos para el sistema de pensiones
Finalmente, los responsables advierten que la sostenibilidad del sistema de pensiones es crítica, desmintiendo las afirmaciones del Gobierno. En varias direcciones provinciales, la plantilla se encuentra envejecida: el 75% de los trabajadores tiene más de 55 años y el 45% supera los 60, lo que presagia una inminente ola de jubilaciones. Esto podría permitir financiar el sistema a través de impuestos, pero dejará una escasez de personal capacitado para gestionarlo, una situación que ya se está haciendo evidente.
Un deterioro acelerado desde 2020
Desde la implementación del IMV en 2020, el INSS ha experimentado un deterioro que se aproxima al colapso. La avalancha de más de tres millones de expedientes ha recaído en departamentos que carecían de la preparación, recursos humanos y materiales necesarios para gestionar tal volumen. Además, la tramitación recae en más de 1.000 funcionarios interinos, sin la formación específica en seguridad social y sometidos a una alta rotación interna.
Inseguridad normativa y cambios apresurados
La saturación de las oficinas de atención al público ha provocado un notable aumento en los tiempos de espera para obtener una cita, dificultando el acceso a los servicios. Aun cuando se han trasladado miles de expedientes entre distintas direcciones provinciales, la medida no ha logrado solucionar el problema, dejando a miles de familias en la incertidumbre sobre su derecho a recibir esta ayuda esencial.
Las autoridades critican que, en lugar de establecer un marco normativo estable para la incorporación de nuevas prestaciones —que conllevan un elevado gasto público—, el ministerio ha promovido de forma precipitada la expansión de estas ayudas. Los continuos cambios en los criterios y requisitos de acceso han generado una inseguridad jurídica considerable, derivando en numerosas reclamaciones y deudas por cobros indebidos a familias vulnerables.
Desbordamiento en la gestión de bajas laborales
El comunicado también denuncia el caos en la administración de otras prestaciones, producto de un exceso de normativas y un aumento desmedido de responsabilidades. Se resalta la falta de control en las bajas laborales, con más de 150.000 trabajadores que han estado de baja médica durante más de 365 días y cerca de 80.000 expedientes de incapacidad permanente aun sin evaluar.
Ante este panorama, los directivos denuncian que gobiernos anteriores ignoraron las advertencias sobre el inminente colapso del sistema. Ahora, en un intento desesperado, se lanzan a convocar oposiciones con requisitos rebajados y a destiempo. Además, señalan que la estructura de puestos del INSS no se ha revisado en más de 30 años, mientras se posterga la creación de una Agencia de la Seguridad Social, entidad considerada vital para sanear el sistema, cuyo retraso se atribuye a bloqueos interministeriales y a intereses políticos que afectan directamente a los ciudadanos.
