¿Huevos camperos? Ahora no lo son y el consumidor paga un sobreprecio del 27%
La OCU denuncia que, pese al confinamiento de las gallinas por la gripe aviar, el etiquetado se mantiene y encarece el producto sin informar al comprador
Escucha el artículo ahora…
El consumidor paga hoy como si comprara huevos camperos, pero ya no lo son. Desde hace meses, las gallinas que los ponen están confinadas por la gripe aviar, una situación excepcional que la normativa permite ocultar en el etiquetado y que, según la OCU, se traduce en un sobreprecio injustificado del 27% a costa de la desinformación.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha reclamado este jueves que se informe de forma clara de que los huevos camperos han dejado temporalmente de serlo debido al confinamiento de las gallinas ponedoras decretado para frenar la gripe aviar.
La normativa europea lo permite
Aunque la normativa europea permite mantener el etiquetado original incluso cuando las condiciones de cría cambian por motivos sanitarios, la OCU considera que esta práctica va “en contra del derecho a una información veraz”, un pilar esencial de la seguridad alimentaria y de la transparencia del mercado.
Desde el confinamiento impuesto en noviembre a las aves de corral criadas al aire libre, el consumidor está pagando un “sobreprecio del 27% por huevos de gallinas que ya no cumplen esas condiciones”. Pese a ello, los huevos camperos y ecológicos siguen comercializándose como tales, aunque su principal valor añadido —el acceso al exterior— ha desaparecido de forma temporal.
Máximos históricos
Actualmente, una docena de huevos de suelo cuesta 3,25 euros, frente a los 4,13 euros de los camperos, en un contexto de precios que se sitúan en máximos históricos desde el inicio de la crisis aviar en Estados Unidos, con una subida acumulada de un euro por docena.
La OCU se ha puesto en contacto con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para reclamar medidas correctoras y un mayor seguimiento de los márgenes comerciales. Entre sus peticiones, destaca la revisión de la normativa para que, incluso en situaciones excepcionales, se informe con claridad al consumidor; la implantación de mecanismos obligatorios de comunicación en los envases y en los puntos de venta; y la garantía efectiva del derecho a una información veraz.
