El juez exige a Ryanair que se desdiga de llamar “pirata” a eDreams
El juzgado mercantil de Barcelona advierte a la aerolínea de multas mensuales y posibles consecuencias penales si no publica la rectificación ordenada tras la condena por competencia desleal
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Un juzgado de Barcelona ha dado un ultimátum de diez días a la aerolínea Ryanair para que cumpla de forma efectiva la sentencia que le obligaba a retractarse de las manifestaciones públicas realizadas contra la agencia de viajes online eDreams, a la que acusó de llevar a cabo “actos de piratería” y de “estafar” a los consumidores.
En el auto, al que ha tenido acceso la agencia EFE, el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Barcelona insiste en que Ryanair debe cesar de inmediato cualquier tipo de afirmación, declaración o insinuación que pueda trasladar a los consumidores la idea de que eDreams “engaña” o “estafa”, incurre en “actos de piratería” o desarrolla actividades ilícitas o ilegales. Además, reitera la obligación de que la aerolínea se retracte públicamente en los términos fijados en la sentencia dictada el pasado mes de julio de 2025.
Consecuencias penales
El juzgado advierte de forma expresa que, si la compañía no cumple con lo ordenado en el plazo de diez días, se le impondrá una multa coercitiva por cada mes que transcurra sin efectuar la rectificación exigida. Asimismo, recuerda a Ryanair que la persistencia en el incumplimiento podría acarrear consecuencias penales, al poder incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial.
La resolución judicial tiene su origen en la condena impuesta en julio de 2025 a Ryanair tras la campaña que la aerolínea lanzó contra el servicio Prime de eDreams. En el marco de esa ofensiva, la compañía aérea calificó dicho servicio de “ilegal” y sostuvo que “debería ser prohibido”, además de emplear expresiones como “piratas” o “estafadores” para referirse a la agencia de viajes online.
Obligada a retractarse
La campaña emprendida por Ryanair no se limitó a una declaración puntual, sino que se desarrolló a través de distintos canales de comunicación. La aerolínea difundió sus acusaciones en su página web corporativa, en entrevistas concedidas a diversos medios de comunicación y mediante mensajes publicados en sus perfiles oficiales en redes sociales. En esas intervenciones, acusaba a varias agencias de viajes en línea —entre ellas eDreams— de aplicar “sobreprecios” y de perjudicar a los consumidores, a quienes, según la compañía, “engañaban” y “estafaban”.
La sentencia, que ha sido recurrida por Ryanair, obligaba a la aerolínea a publicar en su web corporativa y en sus redes sociales un mensaje claro en el que reconociera haber sido condenada por estos hechos y en el que se retractara expresamente de las afirmaciones vertidas contra eDreams. En concreto, debía difundir el siguiente texto: “Ryanair reconoce que eDreams Prime es un servicio de suscripción legítimo que ofrece a los consumidores ahorro en vuelos, hoteles, paquetes y alquiler de coches”.
eDreams habla de “desafío continuado”
Además, el fallo establecía que ese mensaje debía permanecer publicado durante seis meses en los principales canales de comunicación de la compañía, con el fin de garantizar que la rectificación alcanzara una difusión equiparable a la de las acusaciones realizadas en su momento.
Por su parte, eDreams ha señalado en un comunicado que la actual escalada judicial es consecuencia de la “desobediencia persistente” por parte de Ryanair a la sentencia dictada en julio de 2025, que condenó a la aerolínea por competencia desleal. La agencia de viajes online considera que la actuación de Ryanair supone un “desafío continuado” a la autoridad judicial y la interpreta como “un nuevo quebrantamiento” de lo ordenado por el juzgado. A su juicio, la reiteración de declaraciones o la falta de una retractación en los términos exigidos justificarían la intervención adicional del órgano judicial para asegurar el cumplimiento efectivo de la condena.
De este modo, el juzgado vuelve a poner el foco en la obligación de la aerolínea de ajustar su comunicación pública a lo dispuesto en la resolución judicial, bajo la advertencia de sanciones económicas periódicas y posibles consecuencias penales en caso de incumplimiento reiterado.