El CEO de Extranjería Clara: "El 100% de empleadas de hogar fueron despedidas por la regularización"

La Regularización Extraordinaria de Personas Migrantes en España ha cerrado su plazo este 30 de junio con 1.174.968 solicitudes presentadas ante el Ministerio de Migraciones, una cifra que supera las previsiones iniciales. Esta medida ha aflorado la situación administrativa de cientos de miles de migrantes que ya residían y trabajaban en España de manera informal. Con más de la mitad de los expedientes ya admitidos a trámite provisionalmente, el Gobierno se enfrenta ahora al reto de resolver el grueso de las peticiones en un plazo de tres meses.

Los sectores más intensivos en mano de obra —como el servicio doméstico, la construcción, la hostelería y la logística de última milla— concentran el grueso de las solicitudes, poniendo a prueba los márgenes de beneficio de familias y pymes. Para analizar este impacto real y entender qué modelo de país se dibuja tras las cifras, Consumidor Global conversa con Guillermo J. Valderrábano, CEO de ExtranjeriaClara.com, una plataforma que ha gestionado cientos de expedientes en primera línea y cuyo análisis sostiene que la regularización no ha cambiado la economía española, sino que ha revelado sus debilidades. 

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--Pregunta: ¿Qué es exactamente esta regularización extraordinaria y qué problema estructural pretende resolver el Gobierno en este momento?

--Respuesta: La regularización abre una vía extraordinaria para personas que ya vivían en España y que llevaban tiempo intentando normalizar su situación. Se flexibilizaron algunos requisitos respecto a los procedimientos habituales y, sobre todo, se agilizaron muchísimo los plazos. Para nosotros ha sido una gran sorpresa. Hemos visto expedientes resueltos en cuatro o seis semanas, con un NIE que ya permitía trabajar legalmente. Eso cambia completamente el escenario.

--P: En ExtranjeriaClara.com han gestionado cientos de estos casos. ¿Qué perfiles de trabajadores y empleadores habéis atendido?

--R: El perfil ha sido muy claro. Más del 80% de nuestros expedientes corresponden a cuatro sectores: empleo doméstico, construcción, hostelería y logística de última milla. Eso refleja dónde existe una mayor necesidad de mano de obra y dónde la regularización ha tenido un impacto más inmediato.

--P: Su empresa sostiene que la regularización está destapando los costes reales de los cuatro sectores que comenta. ¿Qué está enseñando la regularización sobre la economía española?

--R: Sí. Creo que la regularización nos ha puesto delante del espejo. Todos queremos salarios dignos, empleo de calidad y un Estado del bienestar fuerte. Pero luego nadie quiere pagar una cerveza a ocho euros.

--P: Ese "efecto espejo" se aprecia especialmente en el empleo doméstico. Los datos que manejan son llamativos: el 100% de las empleadas de hogar vinculadas a sus expedientes han comunicado un despido o un aviso de rescisión.

--R: Muchísimo. Nosotros lo que hemos visto en nuestra base de clientes es que el 100% de nuestras empleadas de hogar, que eran como más de 20, han sido despedidas. Hablo únicamente de nuestros expedientes, no del conjunto del sector. Muchas familias quieren cumplir la ley. El problema es que, de repente, regularizar puede suponer entre 300 y 500 euros más al mes. Y no es que las familias no tengan corazón; es que se encuentran con tener que pagar más por el mismo servicio y ahora mismo no lo pueden sostener, esencialmente porque a ellos tampoco se les ha subido el salario.

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Rocío Antón

--P: Y ese mismo fenómeno puede trasladarse a empresas con márgenes muy reducidos.

--R: El 94% son micropymes. Ahí, más que el interés por regularizar, lo que hemos detectado en muchos casos es puro miedo a las multas y a las sanciones de la Inspección. El servicio lo seguían dando y recibiendo, pero al aflorar los costes reales, se están quedando con menos perfiles en plantilla porque admiten que no pueden asumir las nuevas cotizaciones.

--P: Si los costes suben y los márgenes son estrechos, la lógica dice que todo se va a encarecer. ¿Debemos prepararnos para una subida de precios?

--R: Hay sectores que sí pueden repercutir el coste en el cliente. En la construcción, con la pequeña reforma, los precios no han parado de subir. Al cliente ya le subieron el presupuesto por el aluminio o el PVC con la guerra de Ucrania; ahora le sumas la Seguridad Social de la mano de obra y lo acaba pagando; igual hace reformas más pequeñas, pero las hace. El problema es que eso no pasa en todos los sectores.

–P: ¿Por ejemplo?

--R: El comercio electrónico, el reparto de comida o la última milla. Tú pides comida o compras en Amazon, Zara o Shein y no te preguntas qué le pagan al repartidor. Hablamos de gente que ganaba dos euros por paquete entregado. Si a esa persona ahora hay que pagarle la Seguridad Social, que son 200, 500 o 700 euros más al mes, el margen se reduce a cero. Van a ganar menos por paquete o van a tener que compensar ese dinero de otra manera, porque en su mayoría son autónomos. El discurso político es muy fácil: nadie quiere tener a la gente en malas condiciones, pero ¿quién se hace responsable de pagarlo?

--P: ¿Detectaron despidos preventivos "en negro" antes de que se cerrara el plazo, para no dejar rastro ante Hacienda o la Seguridad Social?

--R: No, yo no he oído eso; la gente en general no cae en esa parte. A veces los grandes problemas no son un volcán que estalla y lo ves venir. La gente va haciendo su camino poquito a poco. Las familias entendieron rápido que a las cuatro o seis semanas el trabajador volvía con un NIE exigiendo el alta. ¿Y qué hacían ante esa exigencia? Pues decidían sustituirlo y contratar a una persona que hubiera llegado justo el 1 o el 2 de enero de este año (el Real Decreto exigía entre los requisitos haber ingresado a España antes del 1 de enero de 2026).

--P: Hecha la ley, hecha la trampa. El que llegó en enero ya no entra en la regularización extraordinaria.

--R: Claro, ya no aplica. Entonces las familias saben que tienen dos años de margen por delante hasta que esa nueva persona pueda optar al arraigo sociolaboral tradicional. En esos dos años ya verán qué pasa, pero de momento cambian de trabajador para sortear el coste inmediato. Y lo mismo ha pasado en las empresas. El mercado se va autorregulando y busca lo que verdaderamente puede asumir, porque las familias que tienen ayuda doméstica en Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia no son adineradas; son padres que trabajan de nueve a siete, con guarderías caras y que necesitan conciliar. Viendo que la regularización era real y venía el verano, empezaron los despidos.

--P: Entonces, ¿ha fracasado la política migratoria?

--R: No creo que sea esa la lectura. La regularización ha sido positiva porque permite salir de la irregularidad a muchísimas personas. La cuestión es otra: qué hacemos a partir de ahora para que el mercado laboral no vuelva a generar nuevas bolsas de economía sumergida. Ese es el verdadero debate.

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--P: El Gobierno destaca que cientos de miles de nuevos trabajadores cotizarán a la Seguridad Social. ¿Eso hará a España más productiva?

--R: No necesariamente. Esas personas ya estaban trabajando. No estamos creando empleo nuevo; estamos registrando empleo que ya existía. Desde el punto de vista de las cotizaciones, es una gran noticia. Pero la productividad no mejora automáticamente porque un trabajador pase de estar en la economía informal a la formal. La productividad mejora cuando las empresas generan más valor, no simplemente cuando aumentan sus costes.

--P: La parte positiva ha sido la agilidad de la Administración, resolviendo en semanas lo que antes tardaba meses. ¿Qué demuestra esto? ¿El problema fue la falta de recursos, de organización o una falta de voluntad política?

--R: Demuestra que es una cuestión de voluntad política. En nuestro despacho hemos tenido resolución favorable en el 100% de los expedientes presentados. Ojalá estos plazos se mantuvieran siempre en el derecho de extranjería, porque el colapso habitual no tiene sentido: un mismo expediente tarda el doble según la oficina provincial o la comisaría donde lo entregues. Aquí ha habido voluntad política e iniciativas buenísimas, como apoyarse en las ONG con el informe de vulnerabilidad para descargar a los trabajadores sociales. Hay alternativas cuando hay ganas.

--P: La pregunta más difícil llega ahora: ¿qué pasa con todas las personas que, por diversas circunstancias, se han quedado cerca de cumplir los plazos exigidos y no lo han logrado? ¿Y qué pasa con todas las personas que entran de forma irregular a partir de ahora mismo? 

–R: Ese es el verdadero desafío. Facilitar un NIE no significa que te contraten, significa que tienes la posibilidad de que te contraten. ¿Qué pasa con los que se han quedado a las puertas de cumplir los requisitos o los que siguen entrando ahora? Volvemos a la ley de los dos años de permanencia continuada, a la odisea de conseguir empadronarse y a la necesidad de buscar un precontrato en el mercado negro para poder regularizarse dentro de un tiempo. Volveremos a tener exactamente los mismos problemas. Es genial tener a un millón de personas identificadas administrativamente, pero ¿cuál es la siguiente jugada?

No podemos querer las condiciones laborales de los países europeos si luego no aceptamos el coste que eso implica. Esta regularización nos deja una oportunidad extraordinaria para decidir qué economía queremos construir. Porque el debate ya no es solo migratorio. Es un debate sobre productividad, salarios, precios y sobre cuánto estamos dispuestos, como sociedad, a pagar para que las cosas se hagan bien.