Prohibir 'Desokupa' y multas de hasta 600.000 euros a quien les contrate: la propuesta de Sumar
El grupo parlamentaria plantea otras medidas como la inhabilitación de las personas que participen en emprear destinadas a desalojar viviendas
Sumar ha propuesto en el Congreso una reforma legal para prohibir las empresas o personas que ofrezcan servicios destinados a desalojar viviendas. La iniciativa contempla sanciones que van desde los 30.000 hasta los 600.000 euros para quienes participen en este tipo de actividades.
La propuesta se ha presentado mediante una enmienda a la ley para regular los alquileres de temporada. Concretamente, Sumar plantea añadir una disposición adicional a la Ley de Arrendamientos Urbanos con el fin de vetar este tipo de negocios.
Una prohibición "expresa, completa y sin excepción"
Según recoge el texto, la propuesta busca prohibir de forma "expresa, completa y sin excepción" la constitución, funcionamiento y contratación de empresas dedicadas a la desocupación de viviendas habitadas por personas físicas.
Para Sumar, estas entidades operan al margen de la ley, suplantando las funciones propias del poder judicial y de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Además, consideran que vulneran "gravemente" derechos fundamentales como el de la inviolabilidad del domicilio o el derecho a la integridad física y moral.
Falta de medidas
El grupo parlamentario reconoce que el Código Penal ya sanciona muchas de las conductas utilizadas por estas empresas como coacciones, amenazas o allanamiento.
Sin embargo, recalca que la experiencia práctica demuestra que dichas figuras delictivas "no son suficientes para impedir que estas estructuras mercantiles sigan actuando con aparente legalidad". Por este motivo, Sumar busca su "prohibición total" de forma análoga a como el ordenamiento prohíbe otras actividades estructuralmente ilícitas.
Otras medidas sancionadoras
La coalición de partidos añade a su argumento que estas empresas actúan bajo un discurso que deslegitima a quienes habitan una vivienda sin título legal sin atender a sus causas ni a su dignidad y promueven un modelo de "seguridad privada al margen de la ley" que socava los principios básicos del Estado de Derecho y la garantía judicial efectiva.
En este sentido, la enmienda pretende la prohibición de estas empresas, de su publicidad, así como un régimen sancionador eficaz y una cláusula de cierre que impide su reconstitución bajo otras formas jurídicas o mediante testaferros.
Inhabilitaciones para los participantes
Además de multas, Sumar plantea que la realización de cualquier actividad relacionada con estos grupos suponga la inhabilitación de la empresa o de las personas involucradas en dichas acciones para constituir, administrar, representar o colaborar de forma directa o indirecta en ninguna entidad que preste servicios relacionados con el sector inmobiliario, la seguridad o la vigilancia, durante un período de entre siete y diez años.
También se plantea la prohibición de contratar con el sector público durante el mismo periodo y, en caso de que se produzcan acciones constitutivas de delito como coacciones, amenazas o allanamiento de morada, se actúe según lo tipificado en el Código Penal.