El ‘impuestazo’ al tabaco amenaza con disparar su precio (y cubrir el mayor gasto en defensa)
Bruselas plantea una subida fiscal histórica sobre productos tabaqueros como fuente directa de financiación para afrontar las nuevas prioridades geopolíticas, como el refuerzo del gasto militar
La Unión Europea está explorando nuevas vías de financiación para cubrir el incremento del gasto presupuestario provocado por la inestabilidad geopolítica actual. Entre las prioridades que presionan las cuentas comunitarias destaca el refuerzo de la inversión en defensa. Y, en medio de este debate, un producto vuelve a colocarse en el punto de mira fiscal: el tabaco.
Según una filtración procedente de la Oficina de Enlace de Asuntos Internacionales de Alemania en Bruselas, a la que ha tenido acceso el Parlamento germano, la Comisión Europea baraja imponer nuevos impuestos específicos a productos de consumo como el tabaco y los residuos electrónicos. El objetivo es generar ingresos adicionales que complementen las fuentes primarias actuales, como las contribuciones nacionales o los derechos de aduanas.
La ofensiva fiscal
La propuesta encaja con informaciones recientes publicadas por el portal especializado Euractiv, que apuntan a que el comisario europeo de Acción Climática, Wopke Hoekstra, ha estado promoviendo activamente una subida de impuestos al tabaco como fórmula para fortalecer el presupuesto de la UE, evitando así cargar aún más el Sistema de Comercio de Emisiones (ETS).
Hoekstra, exministro de Finanzas de Países Bajos, estaría liderando una ofensiva fiscal que ya ha encendido las alarmas en varios Estados miembros.
Una subida histórica del 139%
La reforma se articularía a través de una revisión profunda de la Directiva sobre los Impuestos Especiales del Tabaco (TED), un marco que regula la fiscalidad mínima que deben aplicar los países europeos. La propuesta incluye un aumento histórico del 139% en el impuesto mínimo aplicable a los cigarrillos, una medida que se sumaría a los gravámenes nacionales existentes, ya sean tasas especiales o el IVA.
Aunque hasta ahora no se había aclarado si esta subida repercutiría directamente en el presupuesto central de Bruselas o si los Estados miembros retendrían una parte significativa de estos ingresos, la filtración alemana despeja la incógnita: la Comisión Europea quiere que esta recaudación alimente directamente las arcas comunitarias.
Rechazo desde Suecia
La respuesta no se ha hecho esperar. La ministra de Finanzas de Suecia, Elisabeth Svantesson, reaccionó con dureza en redes sociales. En un mensaje publicado recientemente en su cuenta de X (antes Twitter), calificó la propuesta de “inaceptable” y afirmó que es obvio que los ingresos fiscales deben beneficiar a Suecia y no ir a parar a la burocracia de la UE”.
La oposición sueca pone de relieve una tensión creciente entre la lógica integradora de Bruselas y la defensa de la soberanía fiscal por parte de algunos Estados miembros. De hecho, varios gobiernos temen que este tipo de iniciativas fiscales comunes sienten un precedente que erosione su control sobre la recaudación nacional.
¿Quién paga la factura?
Más allá de la pugna política, la gran incógnita para millones de europeos es cómo les afectará esta medida en el bolsillo. Con un aumento del 139% en los impuestos especiales al tabaco, el precio de los cigarrillos –que ya supera los 10 euros por cajetilla en países como Francia o Irlanda– podría dispararse aún más en toda la Unión Europea.
Este encarecimiento, además de tener un potencial efecto disuasorio en el consumo (una de las justificaciones históricas de este tipo de impuestos), podría aumentar la presión sobre los consumidores y, eventualmente, incentivar la compra ilegal o el contrabando, fenómenos que ya preocupan en algunos mercados del este y sur de Europa.
Una financiación polémica
La medida se enmarca en un debate más amplio sobre cómo debe financiarse la UE en un contexto de crecientes desafíos globales, como la guerra en Ucrania, la transición energética o la digitalización. Frente al dilema de aumentar las aportaciones estatales o buscar fuentes propias de ingresos, Bruselas parece apostar por la segunda vía.
Sin embargo, vincular directamente estos ingresos a partidas sensibles como la defensa genera inquietud. ¿Es legítimo que los consumidores –en este caso, los fumadores– financien el rearme europeo? ¿No debería este esfuerzo distribuirse de forma más equitativa entre los ciudadanos y los Estados? Por ahora, la propuesta sigue en fase de estudio, pero el debate ya ha comenzado.