La Justicia permite a Ryanair y Norwegian seguir cobrando por la maleta de mano
El pulso entre el Gobierno y las compañías aéreas se libra ahora también en Bruselas, donde se debate una reforma europea que podría blindar el cobro por la maleta de cabina
La batalla legal entre el Ministerio de Consumo y varias aerolíneas por el controvertido cobro del equipaje de mano ha alcanzado un nuevo punto álgido. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por Ryanair y Norwegian para suspender temporalmente las sanciones impuestas por el Gobierno, permitiendo a ambas compañías continuar cobrando a sus pasajeros por subir la maleta a cabina mientras se resuelve el fondo del litigio.
La decisión judicial, adoptada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, implica la suspensión de una sanción de casi 108 millones de euros en el caso de Ryanair y de 1,6 millones para Norwegian. A cambio, el tribunal ha exigido a ambas aerolíneas la presentación de avales bancarios equivalentes al importe de las multas más los intereses legales: 110 millones para Ryanair y 1,8 millones para Norwegian. Contra este auto cabe aún recurso de reposición en un plazo de cinco días.
Una suspensión esperada
Desde el sector aéreo se valora como positiva esta decisión, aunque se reconoce que se trata de un paso cautelar. La Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que agrupa a las principales compañías del sector, confía en que el TSJM adopte medidas similares respecto a las otras aerolíneas multadas: Vueling (39,3 millones), EasyJet (29,1 millones) y Volotea (1,2 millones). Todas ellas fueron sancionadas en noviembre del año pasado por la Dirección General de Consumo por considerar abusiva la política de cobro por el equipaje de mano.
El tribunal madrileño ha considerado que, dada la elevada cuantía de las sanciones, es pertinente suspenderlas hasta que se dicte sentencia definitiva, al tiempo que subraya que aún no se ha entrado a valorar el fondo del asunto. Esto permite a las aerolíneas mantener su actual política comercial sin cambios, al menos hasta que se resuelva el litigio de forma definitiva.
Choque frontal con el Gobierno
El enfrentamiento entre el sector aéreo y el Ministerio de Consumo ha ido en aumento. El titular de la cartera, Pablo Bustinduy, ha insistido en que el cobro por el equipaje de mano es “ilegal” y ha calificado la suspensión cautelar como “una medida previsible en un Estado de derecho”. Sin embargo, desde Ryanair no han dudado en redoblar la presión. Su consejero delegado, Michael O’Leary, ha aprovechado la resolución judicial para cargar nuevamente contra el ministro.
“Dado el actual clima político en España, el ministro Bustinduy tiene asuntos mucho más urgentes que atender que interferir en los viajes aéreos de bajo coste, una industria vital para la economía española”, ha declarado el directivo en un comunicado oficial. O’Leary ya protagonizó semanas atrás una polémica campaña burlándose del ministro, en un tono que ha crispado aún más las relaciones entre el Gobierno y la low cost irlandesa.
El pulso se traslada a Bruselas
Más allá de los tribunales españoles, el conflicto podría dirimirse próximamente en las instituciones europeas. Este mes, el Consejo de la Unión Europea ha dado luz verde a una propuesta de reforma del Reglamento de Derechos de los Pasajeros, que contempla expresamente la posibilidad de que las aerolíneas cobren por transportar en cabina el equipaje conocido como “trolley”.
La reforma aún debe ser ratificada por el Parlamento Europeo, pero ya ha sido interpretada por la patronal ALA como un respaldo al modelo de negocio basado en la desagregación de servicios. La nueva normativa establecería, además, que todas las aerolíneas deberán aceptar sin coste adicional una pieza mínima de equipaje de 40x30x15 centímetros, lo que, según el sector, aportará seguridad jurídica y reducirá la litigiosidad.
Un modelo en entredicho
Desde el Ministerio de Consumo, sin embargo, han anunciado que pelearán por introducir enmiendas que refuercen la protección al consumidor. Si la sanción a las aerolíneas prosperara, España se convertiría en el primer país de la Unión Europea en prohibir esta práctica tarifaria, lo que ha encendido las alarmas en un sector que defiende la libertad comercial como piedra angular de su modelo de bajo coste.
El desenlace de este caso podría tener profundas implicaciones para el futuro del transporte aéreo en Europa. El cobro por la maleta de mano, convertido en símbolo del modelo low cost, se ha revelado como un asunto clave tanto para las compañías como para los organismos reguladores. Mientras el TSJM delibera y Bruselas perfila el nuevo marco normativo, los pasajeros seguirán, por ahora, pagando por llevar su maleta en cabina.
