Multa de 64 millones de euros a Airbnb por publicar anuncios de pisos sin licencia
El Ministerio de Derechos Sociales impone una sanción récord a la plataforma por anunciar más de 65.000 viviendas turísticas ilegales y aplicar prácticas comerciales desleales
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El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, ha confirmado este lunes una sanción histórica contra Airbnb. La plataforma de alquiler vacacional deberá abonar 64 millones de euros por permitir la publicación de decenas de miles de anuncios de alojamientos que carecían de la licencia turística obligatoria.
La resolución es firme y agota la vía administrativa tras desestimarse el recurso de alzada presentado por la compañía. Esta medida supone un paso sin precedentes en la lucha contra el fraude en el alquiler turístico y la crisis de la vivienda.
Las claves de una sanción millonaria
La multa principal, calificada como infracción grave, asciende a 64.055.311 euros. Según ha detallado el Ministerio de Consumo, esta cifra no es aleatoria, equivale a "seis veces el beneficio ilícito" que Airbnb habría obtenido gracias a estas prácticas desde que fue apercibida hasta la retirada de los anuncios.
El fallo obliga a la compañía a dos acciones inmediatas, además del pago:
- Rectificar los incumplimientos: eliminación definitiva de los contenidos ilícitos.
- Sanción reputacional: obligación de hacer pública la multa impuesta.
¿Qué ha hecho mal Airbnb según Consumo?
La investigación ha identificado irregularidades en un total de 65.122 anuncios. Las prácticas comerciales desleales detectadas incluyen:
- Ausencia de licencia: publicación de alojamientos que no contaban con la licencia turística exigida por las normativas autonómicas.
- Información falsa: uso de números de registro falsos o incorrectos para burlar los filtros.
- Publicidad engañosa: ocultación de información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones (si son particulares o empresas).
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya había respaldado previamente la orden de retirada de estos anuncios dictada por el Ministerio, consolidando la posición de Consumo.
Obstrucción y falta de transparencia
Además de la multa principal, la resolución incluye sanciones por otras infracciones menores que suman severidad al expediente:
- 55.000 euros por incumplir las órdenes provisionales del órgano instructor, dictadas para evitar riesgos a los consumidores durante la investigación.
- 10.000 euros por incumplir el régimen de contratos a distancia, al omitir datos sobre quién es realmente el anfitrión.
- 10.000 euros por obstrucción a la justicia administrativa, ya que la plataforma se negó o no respondió a los requerimientos de información de Consumo durante la instrucción.
"Nadie está por encima de la ley"
El ministro Pablo Bustinduy ha enmarcado esta sanción dentro de un objetivo más amplio: atajar la crisis de la vivienda en España, uno de los problemas centrales del país. El Ministerio recuerda que también mantiene abiertos expedientes contra agencias inmobiliarias por posibles cláusulas abusivas hacia los inquilinos.
"Hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares. Ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, puede estar por encima de la ley", ha sentenciado Bustinduy.